Internacional
Procurador pide ocho años de prisión a controladores aéreos
El viernes pasado abandonaron sus puestos de trabajo, afectando a 600 mil personas
ZARAGOZA, ESPAÑA (10/DIC/2010).- El fiscal general del Estado español, Cándido Conde-Pumpido, anunció que se propondrán penas de hasta ocho años de prisión por un presunto delito de sedición para los controladores aéreos que el viernes pasado abandonaron sus puestos de trabajo, afectando a 600 mil personas.
La huelga protagonizada por los controladores causó el cierre del espacio aéreo español y llevaron al Gobierno a decretar el “Estado de alarma”, suponen un delito “muy grave” sancionado con penas de entre tres y ocho años de prisión, dijo Conde-Pumpido.
A juicio del fiscal general, el conflicto protagonizado por los controladores no es un problema laboral, porque no se han utilizado los cauces previstos en estos casos, sino que se ha producido un abandono del puesto de trabajo “premeditado”, “concertado” y “colectivo”, con un grave daño para los ciudadanos y para España.
Al menos 12 de los 26 controladores aéreos que debían declarar ante el tribunal se acogieron al derecho de no hacerlo. El Gobierno trabaja en la civilización de los controladores aéreos, considerados empleados privilegiados porque algunos de ellos ganaban 264 mil dólares anuales en promedio, más que el propio jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Entre las medidas se encuentran la de sustituir a controladores aéreos por informadores de las condiciones meteorológicas en aeropuertos pequeños y la de dar entrada a nuevos proveedores de servicio privados.
El propio Rodríguez Zapatero defendió el “Estado de alarma” y consideró que el actuar de los operadores aéreos fue “una afrenta al orden público constitucional”.
La huelga protagonizada por los controladores causó el cierre del espacio aéreo español y llevaron al Gobierno a decretar el “Estado de alarma”, suponen un delito “muy grave” sancionado con penas de entre tres y ocho años de prisión, dijo Conde-Pumpido.
A juicio del fiscal general, el conflicto protagonizado por los controladores no es un problema laboral, porque no se han utilizado los cauces previstos en estos casos, sino que se ha producido un abandono del puesto de trabajo “premeditado”, “concertado” y “colectivo”, con un grave daño para los ciudadanos y para España.
Al menos 12 de los 26 controladores aéreos que debían declarar ante el tribunal se acogieron al derecho de no hacerlo. El Gobierno trabaja en la civilización de los controladores aéreos, considerados empleados privilegiados porque algunos de ellos ganaban 264 mil dólares anuales en promedio, más que el propio jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Entre las medidas se encuentran la de sustituir a controladores aéreos por informadores de las condiciones meteorológicas en aeropuertos pequeños y la de dar entrada a nuevos proveedores de servicio privados.
El propio Rodríguez Zapatero defendió el “Estado de alarma” y consideró que el actuar de los operadores aéreos fue “una afrenta al orden público constitucional”.