Internacional
Pescadores protestan en Gibraltar
Están a la espera del diálogo político por arrecife artificial
MADRID, ESPAÑA (18/AGO/2013).- Más de medio centenar de
pesqueros españoles protestaron hoy por la decisión de las autoridades de Gibraltar de lanzar al fondo del mar bloques de hormigón, iniciativa que ven perjudicial para su trabajo.
La protesta centró la jornada en la controversia que desde hace más de tres semanas enfrenta a España y el Reino Unido en relación con Gibraltar, colonia británica que España cedió en virtud del Tratado de Utrecht (1713).
Todo ello a la espera de la conversación entre el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy y el de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, anunciada desde el viernes, día en el que el dirigente comunitario habló con el primer ministro británico, David Cameron, quien le pidió observadores en la frontera de la colonia con España por los controles que ésta ejerce.
La protesta de los pescadores españoles se desarrolló hoy sin incidentes, aunque con algún momento de tensión cuando uno de los pesqueros quiso situarse encima de la zona en la que Gibraltar dejó caer grandes bloques de hormigón los días 24 y 25 de julio con la intención de crear un arrecife artificial.
Los pescadores dicen que esos bloques, de unos 3 mil kilos cada uno y de los que sobresalen barras de hierro, impiden sus faenas, hasta el punto de que desde les causaron ya unas pérdidas de 1.5 millones de euros (1.9 millones de dólares).
José Antonio González, patrón del "San Juan", uno de los barcos afectados por las medidas de Gibraltar y presente hoy en la concentración, dijo a Efe que con la protesta pretenden que el Gobierno español "tome conciencia de cómo Gibraltar está atentando contra unos derechos de pesca históricos de los pescadores".
El hormigón lanzado fue el punto de partida de la controversia más reciente entre España y el Reino Unido a propósito de la colonia, conocida también como Peñón, y que en el pasado también fue motivo de otras polémicas.
En esta crisis España encontró otros factores de queja, como la labor de los barcos gibraltareños que suministran combustible a otros en el mar (bunkering) y que realizada sin garantías suficientes puede ocasionar vertidos en el mar, por lo que Madrid quiere endurecer las sanciones contra esa práctica si acarrea delito medioambiental.
Unos días después del lanzamiento del hormigón al mar España empezó a aplicar controles en la verja de acceso a su territorio desde Gibraltar, con el resultado de largas esperas de vehículos que quieren atravesar la frontera.
La llamada de Cameron a Durao Barroso tenía que ver con esos controles, que el Reino Unido considera que tienen un significado político, mientras que España defiende su legitimidad para hacerlos, dado que Gibraltar no pertenece al Espacio Schengen, que permite la libre circulación de personas.
Se trata de controles - dice el Gobierno español - aleatorios, proporcionados y legales, para luchar contra tráficos ilícitos, como el contrabando de tabaco.
Esa actividad, así como el blanqueo de dinero que España atribuye a numerosas empresas con sede en Gibraltar, son una muestra de lo que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, considera falta de lealtad y de compromiso por parte de las autoridades del Peñón contra las ilegalidades.
A la espera de lo que hable con Rajoy, Durao Barroso ya dijo a Cameron que la Comisión Europea sigue con atención la situación y "hará lo que esté dentro de su competencia para asegurar el respeto a la legislación de la UE", apuntó el viernes un portavoz en Bruselas.
La protesta centró la jornada en la controversia que desde hace más de tres semanas enfrenta a España y el Reino Unido en relación con Gibraltar, colonia británica que España cedió en virtud del Tratado de Utrecht (1713).
Todo ello a la espera de la conversación entre el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy y el de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, anunciada desde el viernes, día en el que el dirigente comunitario habló con el primer ministro británico, David Cameron, quien le pidió observadores en la frontera de la colonia con España por los controles que ésta ejerce.
La protesta de los pescadores españoles se desarrolló hoy sin incidentes, aunque con algún momento de tensión cuando uno de los pesqueros quiso situarse encima de la zona en la que Gibraltar dejó caer grandes bloques de hormigón los días 24 y 25 de julio con la intención de crear un arrecife artificial.
Los pescadores dicen que esos bloques, de unos 3 mil kilos cada uno y de los que sobresalen barras de hierro, impiden sus faenas, hasta el punto de que desde les causaron ya unas pérdidas de 1.5 millones de euros (1.9 millones de dólares).
José Antonio González, patrón del "San Juan", uno de los barcos afectados por las medidas de Gibraltar y presente hoy en la concentración, dijo a Efe que con la protesta pretenden que el Gobierno español "tome conciencia de cómo Gibraltar está atentando contra unos derechos de pesca históricos de los pescadores".
El hormigón lanzado fue el punto de partida de la controversia más reciente entre España y el Reino Unido a propósito de la colonia, conocida también como Peñón, y que en el pasado también fue motivo de otras polémicas.
En esta crisis España encontró otros factores de queja, como la labor de los barcos gibraltareños que suministran combustible a otros en el mar (bunkering) y que realizada sin garantías suficientes puede ocasionar vertidos en el mar, por lo que Madrid quiere endurecer las sanciones contra esa práctica si acarrea delito medioambiental.
Unos días después del lanzamiento del hormigón al mar España empezó a aplicar controles en la verja de acceso a su territorio desde Gibraltar, con el resultado de largas esperas de vehículos que quieren atravesar la frontera.
La llamada de Cameron a Durao Barroso tenía que ver con esos controles, que el Reino Unido considera que tienen un significado político, mientras que España defiende su legitimidad para hacerlos, dado que Gibraltar no pertenece al Espacio Schengen, que permite la libre circulación de personas.
Se trata de controles - dice el Gobierno español - aleatorios, proporcionados y legales, para luchar contra tráficos ilícitos, como el contrabando de tabaco.
Esa actividad, así como el blanqueo de dinero que España atribuye a numerosas empresas con sede en Gibraltar, son una muestra de lo que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, considera falta de lealtad y de compromiso por parte de las autoridades del Peñón contra las ilegalidades.
A la espera de lo que hable con Rajoy, Durao Barroso ya dijo a Cameron que la Comisión Europea sigue con atención la situación y "hará lo que esté dentro de su competencia para asegurar el respeto a la legislación de la UE", apuntó el viernes un portavoz en Bruselas.