Internacional
Oxfam acusa al G20 de no luchar eficientemente contra el fraude fiscal
Destacan que olvidaron el objetivo primordial el cual es 'luchar contra los paraísos fiscales'
PARÍS, FRANCIA (31/OCT/2011).- Oxfam y el resto de ONG pertenecientes a la Plataforma Paraísos Fiscales y Judiciales acusó hoy a los países del G20 de no haber luchado de manera eficaz contra esos paraísos y el fraude fiscal, pese a los objetivos marcados hace tres años.
Para ese grupo, las listas de paraísos fiscales de la OCDE han dejado de ser representativas de la situación real, no hay una acción coordinada del G20 contra esos territorios y "no hay indicadores que permitan verificar si son realmente transparentes".
"A diez días de la cumbre de Cannes, los próximos 3 y 4 de noviembre, el G20 parece haber olvidado un objetivo primordial que se fijó hace tres años: luchar contra los paraísos fiscales", dijo en un comunicado esa plataforma, integrada también por la delegación francesa de Transparencia Internacional y otras trece agrupaciones.
A su juicio, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) "parece bastarle una cifra de cerca de 700 nuevos acuerdos de cooperación fiscal para afirmar que los paraísos fiscales no tienen otra opción que cooperar".
Pero el análisis de 516 de esos acuerdos realizado por el Foro Mundial sobre la Transparencia y el Intercambio de Información Fiscal, que se inaugura mañana en París, permite ver según la plataforma que un centenar de esos tratados no son conformes con los estándares internacionales o no garantizan la cooperación.
Esas ONG denunciaron que la lentitud de las ratificaciones hace que solo uno de cada tres nuevos tratados esté en vigor, y que en lo relativo a su aplicación dicho foro, que agrupa a 102 países, "se abstenga de medirla con cifras concretas".
"Es cierto que se evalúa a los países, pero no se facilita el número de veces que transmiten información. En esas condiciones, ¿cómo se puede decir que cooperan?", se pregunta ese grupo, que pide que cambie el baremo utilizado, para que sean las multinacionales y los bancos, y no las administraciones, los que deban justificar su actividad.
La plataforma pidió por ello al G20 que la lucha contra los paraísos fiscales no se limite a un "proceso técnico", al considerar que "sin presión política fuerte los avances logrados corren el riesgo de detenerse o retroceder".
En su nota solicitó igualmente que el número de peticiones de cooperación recibidas y tratadas por cada Estado se publique en los informes de ese foro, que examina la eficacia de tales tratados, y reclamó que las empresas se vean en la obligación de difundir cierta cuantía de información mínima sobre su actividad "país por país".
Para ese grupo, las listas de paraísos fiscales de la OCDE han dejado de ser representativas de la situación real, no hay una acción coordinada del G20 contra esos territorios y "no hay indicadores que permitan verificar si son realmente transparentes".
"A diez días de la cumbre de Cannes, los próximos 3 y 4 de noviembre, el G20 parece haber olvidado un objetivo primordial que se fijó hace tres años: luchar contra los paraísos fiscales", dijo en un comunicado esa plataforma, integrada también por la delegación francesa de Transparencia Internacional y otras trece agrupaciones.
A su juicio, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) "parece bastarle una cifra de cerca de 700 nuevos acuerdos de cooperación fiscal para afirmar que los paraísos fiscales no tienen otra opción que cooperar".
Pero el análisis de 516 de esos acuerdos realizado por el Foro Mundial sobre la Transparencia y el Intercambio de Información Fiscal, que se inaugura mañana en París, permite ver según la plataforma que un centenar de esos tratados no son conformes con los estándares internacionales o no garantizan la cooperación.
Esas ONG denunciaron que la lentitud de las ratificaciones hace que solo uno de cada tres nuevos tratados esté en vigor, y que en lo relativo a su aplicación dicho foro, que agrupa a 102 países, "se abstenga de medirla con cifras concretas".
"Es cierto que se evalúa a los países, pero no se facilita el número de veces que transmiten información. En esas condiciones, ¿cómo se puede decir que cooperan?", se pregunta ese grupo, que pide que cambie el baremo utilizado, para que sean las multinacionales y los bancos, y no las administraciones, los que deban justificar su actividad.
La plataforma pidió por ello al G20 que la lucha contra los paraísos fiscales no se limite a un "proceso técnico", al considerar que "sin presión política fuerte los avances logrados corren el riesgo de detenerse o retroceder".
En su nota solicitó igualmente que el número de peticiones de cooperación recibidas y tratadas por cada Estado se publique en los informes de ese foro, que examina la eficacia de tales tratados, y reclamó que las empresas se vean en la obligación de difundir cierta cuantía de información mínima sobre su actividad "país por país".