Internacional
Jueza va a prisión en Honduras por presunta ayuda al narco
Wendy Caballero magistrada del poder judicial de Honduras fue ingresada este domingo a prisión acusada de haber ordenado la excarcelación de un presunto narcotraficante
TEGUCIGALPA, HONDURAS (22/DIC/2013).- Una magistrada del poder judicial de
Honduras fue ingresada este domingo a prisión acusada de haber ordenado la excarcelación de un presunto narcotraficante, en una operación en la que estarían involucrados varios funcionarios judiciales, informó el portavoz de la Fiscalía Elvis Guzmán.
La jueza, identificada como Wendy Caballero, fue detenida el sábado en el aeropuerto internacional de San Pedro Sula, 180 km al norte de Tegucigalpa, cuando llegaba al país después de haber pasado cuatro días en Miami, y fue trasladada este domingo a prisión, precisó el portavoz en declaraciones a la AFP.
Caballero está acusada de haber ordenado la liberación el lunes pasado de Alexander Montes, supuesto jefe de la denominada Pandilla 18, tras alegar que el acusado por tráfico de drogas, lavado de activos y otros delitos, padecía una enfermedad terminal y que su permanencia en prisión le provocaría la muerte inmediata, precisó Guzmán.
Pero un informe del Departamento de Medicina Forense de la Fiscalía rechazó la orden de la jueza y procedió a buscar a Montes y regresarlo a la cárcel.
En Honduras, la ley prohibe aplicar medidas distintas a prisión a quienes sean imputados por delitos de narcotráfico o del crimen organizado.
Montes había sido arrestado el 1 de agosto pasado bajo los cargos de tráfico de drogas, asociación ilegal, lavado de activos, almacenamiento de armas de guerra y pertrechos militares y falsificación de documentos públicos.
Cuando fue recapturado este fin de semana en su casa, el acusado estaba acompañado de su abogada y de dos empleados del poder judicial.
"Se sospecha que todos ellos están relacionados al caso", informó Guzmán, quien detalló que el Ministerio Público ha decomisado a Montes propiedades y automóviles valorados en casi un millón de dólares.
El escándalo se produce en momentos en que el Consejo de la Judicatura ha iniciado una depuración del poder judicial y anunciado que investiga por corrupción a un centenar de jueces en Honduras.
Teodoro Bonilla, vicepresidente de la Judicatura, dijo a la AFP que "por ahora investigamos los bienes de unos 93 jueces, lo que indica que algo está fallando en el sistema".
Bonilla dijo además que "el objetivo del proceso es no dejar ninguna duda en la sociedad de que nuestros funcionarios judiciales están al servicio de la justicia y que no responden a otros intereses particulares".
fc/nm/cd/emm
La jueza, identificada como Wendy Caballero, fue detenida el sábado en el aeropuerto internacional de San Pedro Sula, 180 km al norte de Tegucigalpa, cuando llegaba al país después de haber pasado cuatro días en Miami, y fue trasladada este domingo a prisión, precisó el portavoz en declaraciones a la AFP.
Caballero está acusada de haber ordenado la liberación el lunes pasado de Alexander Montes, supuesto jefe de la denominada Pandilla 18, tras alegar que el acusado por tráfico de drogas, lavado de activos y otros delitos, padecía una enfermedad terminal y que su permanencia en prisión le provocaría la muerte inmediata, precisó Guzmán.
Pero un informe del Departamento de Medicina Forense de la Fiscalía rechazó la orden de la jueza y procedió a buscar a Montes y regresarlo a la cárcel.
En Honduras, la ley prohibe aplicar medidas distintas a prisión a quienes sean imputados por delitos de narcotráfico o del crimen organizado.
Montes había sido arrestado el 1 de agosto pasado bajo los cargos de tráfico de drogas, asociación ilegal, lavado de activos, almacenamiento de armas de guerra y pertrechos militares y falsificación de documentos públicos.
Cuando fue recapturado este fin de semana en su casa, el acusado estaba acompañado de su abogada y de dos empleados del poder judicial.
"Se sospecha que todos ellos están relacionados al caso", informó Guzmán, quien detalló que el Ministerio Público ha decomisado a Montes propiedades y automóviles valorados en casi un millón de dólares.
El escándalo se produce en momentos en que el Consejo de la Judicatura ha iniciado una depuración del poder judicial y anunciado que investiga por corrupción a un centenar de jueces en Honduras.
Teodoro Bonilla, vicepresidente de la Judicatura, dijo a la AFP que "por ahora investigamos los bienes de unos 93 jueces, lo que indica que algo está fallando en el sistema".
Bonilla dijo además que "el objetivo del proceso es no dejar ninguna duda en la sociedad de que nuestros funcionarios judiciales están al servicio de la justicia y que no responden a otros intereses particulares".
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