Internacional
Avanza lenta la identificación de muertos en cárcel
Mientras que la cifra de decesos sube a 359, autoridades aún desconocen las causas del incendio en el penal de Comayagua
TEGUCIGALPA, HONDURAS (20/FEB/2012).- La identificación de los fallecidos en el incendio de la cárcel de Comayagua, en el Centro de Honduras, transcurre a paso lento cumplidos hoy seis días después del siniestro, sin que además se conozcan aún las causas que lo originaron.
Ayer, el número de muertos se elevó hasta 359, mientras que los identificados suman 38 del total de 103 autopsias practicadas hasta el momento, según informaron fuentes médicas.
El último fallecido, Wilson García, de 30 años, tenía quemaduras en 70% de su cuerpo, según el médico que lo atendió en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, Juan Carlos Fúnez. “García presentó al final una crisis renal a causa de las graves quemaduras”.
Hasta ahora han fallecido seis de los 10 presidiarios que ingresaron el martes al Hospital Escuela provenientes del penal de Comayagua, una localidad a unos 90 kilómetros al norte de la capital. En el centro hospitalario quedan cuatro heridos que se encuentran en situación estable y serían dados de alta en tres días, según Fúnez.
Las autopsias están avanzando gracias a la incorporación, a partir del jueves, de forenses de Chile, El Salvador, Guatemala, México y Perú, más un equipo de la Cruz Roja Internacional, dijo el portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte.
Además, en medio de persistentes denuncias de que las autoridades fueron negligentes y dejaron encerrados a los presos durante el incendio, seis miembros de la agencia estadounidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estado de Estados Unidos trabajan desde el jueves en el penal.
“Se han dividido en dos equipos, los que están en el campo y los que revisan áreas determinadas, con el fin de encontrar indicios que permitan establecer las causas del incendio”, dijo el ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social, Edgardo Martínez.
Aunque aún no hay un informe de las investigaciones, “tienen una gran cantidad de muestras que han sido tomadas” y “ellos determinarán si el fuego fue provocado o no”, declaró a la prensa.
Las autoridades locales manejan varias hipótesis, como manos criminales, un cortocircuito o la quema de un colchón, aparte de otras versiones, ninguna confirmada, que circulan en ciertos medios locales atribuidas a supuestos reos prófugos no identificados.
Los informes de la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público no registran ningún preso fugado de los 852 en nómina hasta el martes, cuando ocurrió el siniestro.
Los equipos forenses trabajan en largas jornadas en una veintena de mesas en las que practican autopsias e identifican a los fallecidos para entregarlos lo más rápido posible a sus deudos.
El portavoz dijo que la tarea de identificación es ardua debido a que decenas de cadáveres presentan un alto grado de calcinación, que incluso obligaría a recurrir a pruebas de ADN como “último camino”.
Otra fuente del Ministerio Público indicó que de los 359 cadáveres, solamente unos 80 serían identificados por sus huellas dactilares, mientras que el resto requerirá de técnicas más sofisticadas, que tomarán más tiempo, porque sus cuerpos sufrieron mayores daños por el fuego.
Según el balance oficial, de los 852 reclusos que había en el penal, 353 murieron en el lugar del incendio y seis en hospitales, cuatro están internados en centros médicos y cerca de 500 sobrevivientes están recluidos en lo que quedó de la cárcel.
En el incendio también murió una mujer que realizaba una visita conyugal a su marido preso, uno de los supervivientes.
En un comunicado emitido ayer, el comisionado nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, dijo que las 24 cárceles de Honduras son una “bomba de mecha corta” debido al hacinamiento, corrupción y sobrepoblación que existe en ellas. “Los centros penitenciarios —añadió Custodio— lejos de proyectarse como un lugar de rehabilitación, se han convertido en universidades del crimen”.
Ayer, el número de muertos se elevó hasta 359, mientras que los identificados suman 38 del total de 103 autopsias practicadas hasta el momento, según informaron fuentes médicas.
El último fallecido, Wilson García, de 30 años, tenía quemaduras en 70% de su cuerpo, según el médico que lo atendió en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, Juan Carlos Fúnez. “García presentó al final una crisis renal a causa de las graves quemaduras”.
Hasta ahora han fallecido seis de los 10 presidiarios que ingresaron el martes al Hospital Escuela provenientes del penal de Comayagua, una localidad a unos 90 kilómetros al norte de la capital. En el centro hospitalario quedan cuatro heridos que se encuentran en situación estable y serían dados de alta en tres días, según Fúnez.
Las autopsias están avanzando gracias a la incorporación, a partir del jueves, de forenses de Chile, El Salvador, Guatemala, México y Perú, más un equipo de la Cruz Roja Internacional, dijo el portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte.
Además, en medio de persistentes denuncias de que las autoridades fueron negligentes y dejaron encerrados a los presos durante el incendio, seis miembros de la agencia estadounidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estado de Estados Unidos trabajan desde el jueves en el penal.
“Se han dividido en dos equipos, los que están en el campo y los que revisan áreas determinadas, con el fin de encontrar indicios que permitan establecer las causas del incendio”, dijo el ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social, Edgardo Martínez.
Aunque aún no hay un informe de las investigaciones, “tienen una gran cantidad de muestras que han sido tomadas” y “ellos determinarán si el fuego fue provocado o no”, declaró a la prensa.
Las autoridades locales manejan varias hipótesis, como manos criminales, un cortocircuito o la quema de un colchón, aparte de otras versiones, ninguna confirmada, que circulan en ciertos medios locales atribuidas a supuestos reos prófugos no identificados.
Los informes de la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público no registran ningún preso fugado de los 852 en nómina hasta el martes, cuando ocurrió el siniestro.
Los equipos forenses trabajan en largas jornadas en una veintena de mesas en las que practican autopsias e identifican a los fallecidos para entregarlos lo más rápido posible a sus deudos.
El portavoz dijo que la tarea de identificación es ardua debido a que decenas de cadáveres presentan un alto grado de calcinación, que incluso obligaría a recurrir a pruebas de ADN como “último camino”.
Otra fuente del Ministerio Público indicó que de los 359 cadáveres, solamente unos 80 serían identificados por sus huellas dactilares, mientras que el resto requerirá de técnicas más sofisticadas, que tomarán más tiempo, porque sus cuerpos sufrieron mayores daños por el fuego.
Según el balance oficial, de los 852 reclusos que había en el penal, 353 murieron en el lugar del incendio y seis en hospitales, cuatro están internados en centros médicos y cerca de 500 sobrevivientes están recluidos en lo que quedó de la cárcel.
En el incendio también murió una mujer que realizaba una visita conyugal a su marido preso, uno de los supervivientes.
En un comunicado emitido ayer, el comisionado nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, dijo que las 24 cárceles de Honduras son una “bomba de mecha corta” debido al hacinamiento, corrupción y sobrepoblación que existe en ellas. “Los centros penitenciarios —añadió Custodio— lejos de proyectarse como un lugar de rehabilitación, se han convertido en universidades del crimen”.