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Por: Martín Almádez
Las omisiones respecto a las estrategias impulsoras de la lectura en el sistema básico escolar, siguen sin estar resueltas.
Anuncian funcionarios y empresarios, no sin entusiasmo, que los primeros efectos de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, se verán durante este año. Dicha Ley fue firmada por el Presidente de la República el pasado 23 de julio, previa aprobación por las Cámaras en un porcentaje mayor al 90%.
El hecho tiene su trascendencia no solo por los antecedentes marcados en el sexenio pasado, cuando el entonces mandatario Vicente Fox la vetó, sino en las expectativas que crea dentro del proceso de la producción, venta y promoción del libro.
El escritor y editor, Alberto Ruy Sánchez, argumenta que son 20 años de lucha en defensa del libro y la lectura, con estrategias que han incluido oponerse a las decisiones fiscales. Arguye que se garantiza con esta ley, la diversidad de la oferta y la existencia de librerías. Y dice esperar que el libro sea tomado “como objeto de primer interés nacional, a la vez cultural y económico.”
La fuerza de la ley estriba en impulsar la diversidad editorial, facilitar la subsistencia de los pequeños sellos, incentivar la competencia cualitativa y girar a la baja el precio del libro, para permitir un mercado más sano y fortalecido en términos comparativos con países líderes en la materia.
Sin embargo -incluso cuando México era líder de la industria editorial en Latinoamérica, en los años 70- la industria librera es de menor grado económico, considerada más como una industria de oferta que de demanda. Y la demanda la hace un rango poblacional definido y reducido, enmarcado en una edad ajena ya a la etapa formativa, y por lo tanto sin posibilidad de crecer la demanda.
La ley que nos convoca está originada y ajustada a las necesidades meramente comerciales; responde a los intereses de los libreros y a las expectativas de un mercado que busca satisfactoriamente crecer en todo el territorio nacional. Convertir al libro de un producto ofertado a un producto demandado. Y eso, es una iniciativa, ahora ley, que debe aplaudirse y fortalecerse.
Sin embrago considero que la preocupación esencial de muchas personas que están inmersas en la promoción de la lectura y en la gestión cultural con fines de incrementar el hábito lector, no es precisamente la que apuntala esta ley. Por lo que las necesidades para crear nuevos lectores siguen vigentes, como siguen sin ser resueltas las omisiones respecto a estrategias impulsoras para que los estudiantes del sistema básico lean.
Sería injusto señalar que los esfuerzos por administraciones anteriores y actuales han sido nulos, pero cierto es que han sido insuficientes o irregulares por decir lo menos. La lectura y su hábito debe ser valorada como la vacuna necesaria: de poco servirá el mayor de los logros si se busca conquistar con la lectura a personas que ya tienen definida un estilo de vida donde los libros y sus efectos no están presentes.
Los programas inherentes a las bibliotecas escolares o de aula son apenas lo más cercano a la política educativa que debe ser la promoción del hábito de la lectura; un elemento insustituible en este proceso es la participación de los padres de familia, ente o imagen que debe ser integrada como co-eje conductor dado que lo hecho en la escuela deberá ser espejo o reproducción en el seno familiar, seno que por cierto, tiende a ser considerado en sus diferentes expresiones, cada vez más distintas a las de una familia tradicional formada por madre y padre.
Martín Almádez
Anuncian funcionarios y empresarios, no sin entusiasmo, que los primeros efectos de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, se verán durante este año. Dicha Ley fue firmada por el Presidente de la República el pasado 23 de julio, previa aprobación por las Cámaras en un porcentaje mayor al 90%.
El hecho tiene su trascendencia no solo por los antecedentes marcados en el sexenio pasado, cuando el entonces mandatario Vicente Fox la vetó, sino en las expectativas que crea dentro del proceso de la producción, venta y promoción del libro.
El escritor y editor, Alberto Ruy Sánchez, argumenta que son 20 años de lucha en defensa del libro y la lectura, con estrategias que han incluido oponerse a las decisiones fiscales. Arguye que se garantiza con esta ley, la diversidad de la oferta y la existencia de librerías. Y dice esperar que el libro sea tomado “como objeto de primer interés nacional, a la vez cultural y económico.”
La fuerza de la ley estriba en impulsar la diversidad editorial, facilitar la subsistencia de los pequeños sellos, incentivar la competencia cualitativa y girar a la baja el precio del libro, para permitir un mercado más sano y fortalecido en términos comparativos con países líderes en la materia.
Sin embargo -incluso cuando México era líder de la industria editorial en Latinoamérica, en los años 70- la industria librera es de menor grado económico, considerada más como una industria de oferta que de demanda. Y la demanda la hace un rango poblacional definido y reducido, enmarcado en una edad ajena ya a la etapa formativa, y por lo tanto sin posibilidad de crecer la demanda.
La ley que nos convoca está originada y ajustada a las necesidades meramente comerciales; responde a los intereses de los libreros y a las expectativas de un mercado que busca satisfactoriamente crecer en todo el territorio nacional. Convertir al libro de un producto ofertado a un producto demandado. Y eso, es una iniciativa, ahora ley, que debe aplaudirse y fortalecerse.
Sin embrago considero que la preocupación esencial de muchas personas que están inmersas en la promoción de la lectura y en la gestión cultural con fines de incrementar el hábito lector, no es precisamente la que apuntala esta ley. Por lo que las necesidades para crear nuevos lectores siguen vigentes, como siguen sin ser resueltas las omisiones respecto a estrategias impulsoras para que los estudiantes del sistema básico lean.
Sería injusto señalar que los esfuerzos por administraciones anteriores y actuales han sido nulos, pero cierto es que han sido insuficientes o irregulares por decir lo menos. La lectura y su hábito debe ser valorada como la vacuna necesaria: de poco servirá el mayor de los logros si se busca conquistar con la lectura a personas que ya tienen definida un estilo de vida donde los libros y sus efectos no están presentes.
Los programas inherentes a las bibliotecas escolares o de aula son apenas lo más cercano a la política educativa que debe ser la promoción del hábito de la lectura; un elemento insustituible en este proceso es la participación de los padres de familia, ente o imagen que debe ser integrada como co-eje conductor dado que lo hecho en la escuela deberá ser espejo o reproducción en el seno familiar, seno que por cierto, tiende a ser considerado en sus diferentes expresiones, cada vez más distintas a las de una familia tradicional formada por madre y padre.
Martín Almádez