Economía
La seguridad social que se ofrece en el campo es nula
El IMSS, el SAT, el Infonavit, la Secretaría del Trabajo y algunas tesorerías estatales trabajan un proyecto de mejora
CIUDAD DE MÉXICO (06/AGO/2010).- De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 80% de la población mundial carece de un nivel adecuado de cobertura de seguridad social. Más de la mitad de los habitantes del planeta no dispone de ningún tipo de protección. Se estima, por ejemplo, que en el África subsahariana y en el Sur de Asia el porcentaje de personas con acceso a la protección más rudimentaria es inferior a 10 por ciento.
“La OIT define a la seguridad social como la protección que ofrece una sociedad a personas y hogares, destinada a garantizar el acceso a la asistencia sanitaria y la seguridad de los ingresos, particularmente en situaciones de edad avanzada, desempleo y enfermedad”, señala el informe de KPMG, elaborado por dos de sus socios, Pablo Noreña y Alberto Delgadillo, del Área de la Práctica de Seguridad Social y Remuneraciones de la agencia.
“En México, las prestaciones sociales se brindan a través de diversas instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras”, señalan.
IMSS e ISSSTE, a cargo de la mayor parte de la protección social
En México, el mayor número de afiliados a servicios sociales gubernamentales se encuentran en el IMSS y el ISSSTE, en conjunto con la Secretaría de Salud y el Seguro Popular instrumentado por el Gobierno de Vicente Fox, que aunque pretende proteger a la población que no tiene este servicio, aún está lejos de lograrlo.
Al tratar de extender un esquema de seguridad social a un mayor número de habitantes, “tratando de atacar algunos esquemas de abuso en los que se priva de la protección social a trabajadores, la legislación en materia de seguridad social en México se ha reformado con la finalidad de regular la subcontratación o intermediación laboral (outsourcing), y a la vez establecer un mecanismo legal para que el IMSS garantice y haga efectiva la seguridad social a los trabajadores, evitando que los patrones desconozcan u oculten su relación laboral”, señala el informe.
“Esta reforma trata de evitar actos de simulación o evasión respecto de las obligaciones de seguridad social a cargo de los patrones, concretamente en las cuotas obrero-patronales, que benefician a los trabajadores afiliados y a sus familias derechohabientes”, precisa.
Esta labor se está realizando con un trabajo coordinado entre el IMSS, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y algunas tesorerías estatales, por lo que se refiere a los impuestos sobre nómina.
México ha enfrentado la globalización buscando la firma de acuerdos con otros países que permitan esquemas congruentes para un trabajador que llega a México o va a otros países a laborar, pero los resultados aún son pobres, fundamentalmente entre los 12 millones de mexicanos que laboran, la mayoría ilegalmente, en Estados Unidos.
“Por desgracia, la velocidad o los resultados de éstos no son lo suficientemente amplios para agilizar y permitir que los acuerdos alcancen un mayor número de países. En la actualidad, México cuenta con dos tratados internacionales de seguridad social con España y Canadá, los cuales tienen como finalidad conservar los beneficios de los trabajadores en el país de origen para cuando éstos regresen a su país a pensionarse”, concluye el informe.
NUMERALIA
Trabajadores subordinados y remunerados sin seguridad social
13’446,258 es el total.
5’976,702 viven en las grandes ciudades.
2’221,597 se encuentran en ciudades medias.
2’204,179 se localizan en poblados menores.
3’043,780 se ubican en rancherías.
FUENTE: Inegi.
Seguridad social y crisis
Qué políticas se aplicaron en América Latina para proteger socialmente a la población de los efectos de la crisis internacional
La crisis financiera mundial trajo como consecuencia la disminución del gasto público destinado a la protección social y el desempleo, por lo cual algunos países en apoyo al sector privado pusieron en práctica diversas políticas para disminuir el impacto económico.
México
• Más gasto público destinado a programas de entrenamiento.
• Más gasto público destinado a promover el empleo temporal.
• Subsidios para mantener el empleo.
• Flexibilización de los requisitos y ampliación de los montos que se pueden retirar del seguro de desempleo de las cuentas individuales de pensiones.
• Flexibilización sobre el uso de los recursos de los programas de vivienda.
Colombia
• Programas de entrenamiento para la población joven desempleada.
• Incremento de 7.7% al salario mínimo.
Costa Rica
• Programas de capacitación.
• Ampliación del periodo de cobertura de los beneficios de seguridad social a los trabajadores despedidos, de tres a seis meses.
• Acuerdos para reducir el número de horas de trabajo sin reducir el salario por hora y el empleo.
• Proyecto de modernización de la legislación laboral, para flexibilizar los horarios de trabajo para permitir una semana laboral de cuatro días.
Dominica
• Incremento al salario mínimo.
El Salvador
• Gasto público destinado a promover el empleo público.
Guatemala
• Aumento de 10.7% al salario mínimo, excepto en maquila.
• Cambio en la legislación para regular trabajadores de tiempo parcial.
Honduras
• Incremento al salario mínimo.
Jamaica
• Incremento del salario mínimo e alza del salario de los trabajadores del sector público.
Nicaragua
• Programas de entrenamiento para desempleados jóvenes.
Paraguay
• Más gasto público destinado a la promoción de empleo público.
Perú
• Más gasto público destinado a la promoción de empleo público.
• Programas de entrenamiento.
• Autorización a retirar dos contribuciones del empleador de los fondos de pensiones.
• Subsidio público para las contribuciones al seguro social.
República Dominicana
• Ajuste al salario mínimo en el sector público, de 67%, e incremento de salarios en el sector público, de 15 por ciento.
Uruguay
• Subsidio público para programas de entrenamiento.
Venezuela
• Incremento de 20% en el salario mínimo.
FUENTE: Cepal.
“La OIT define a la seguridad social como la protección que ofrece una sociedad a personas y hogares, destinada a garantizar el acceso a la asistencia sanitaria y la seguridad de los ingresos, particularmente en situaciones de edad avanzada, desempleo y enfermedad”, señala el informe de KPMG, elaborado por dos de sus socios, Pablo Noreña y Alberto Delgadillo, del Área de la Práctica de Seguridad Social y Remuneraciones de la agencia.
“En México, las prestaciones sociales se brindan a través de diversas instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras”, señalan.
IMSS e ISSSTE, a cargo de la mayor parte de la protección social
En México, el mayor número de afiliados a servicios sociales gubernamentales se encuentran en el IMSS y el ISSSTE, en conjunto con la Secretaría de Salud y el Seguro Popular instrumentado por el Gobierno de Vicente Fox, que aunque pretende proteger a la población que no tiene este servicio, aún está lejos de lograrlo.
Al tratar de extender un esquema de seguridad social a un mayor número de habitantes, “tratando de atacar algunos esquemas de abuso en los que se priva de la protección social a trabajadores, la legislación en materia de seguridad social en México se ha reformado con la finalidad de regular la subcontratación o intermediación laboral (outsourcing), y a la vez establecer un mecanismo legal para que el IMSS garantice y haga efectiva la seguridad social a los trabajadores, evitando que los patrones desconozcan u oculten su relación laboral”, señala el informe.
“Esta reforma trata de evitar actos de simulación o evasión respecto de las obligaciones de seguridad social a cargo de los patrones, concretamente en las cuotas obrero-patronales, que benefician a los trabajadores afiliados y a sus familias derechohabientes”, precisa.
Esta labor se está realizando con un trabajo coordinado entre el IMSS, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y algunas tesorerías estatales, por lo que se refiere a los impuestos sobre nómina.
México ha enfrentado la globalización buscando la firma de acuerdos con otros países que permitan esquemas congruentes para un trabajador que llega a México o va a otros países a laborar, pero los resultados aún son pobres, fundamentalmente entre los 12 millones de mexicanos que laboran, la mayoría ilegalmente, en Estados Unidos.
“Por desgracia, la velocidad o los resultados de éstos no son lo suficientemente amplios para agilizar y permitir que los acuerdos alcancen un mayor número de países. En la actualidad, México cuenta con dos tratados internacionales de seguridad social con España y Canadá, los cuales tienen como finalidad conservar los beneficios de los trabajadores en el país de origen para cuando éstos regresen a su país a pensionarse”, concluye el informe.
NUMERALIA
Trabajadores subordinados y remunerados sin seguridad social
13’446,258 es el total.
5’976,702 viven en las grandes ciudades.
2’221,597 se encuentran en ciudades medias.
2’204,179 se localizan en poblados menores.
3’043,780 se ubican en rancherías.
FUENTE: Inegi.
Seguridad social y crisis
Qué políticas se aplicaron en América Latina para proteger socialmente a la población de los efectos de la crisis internacional
La crisis financiera mundial trajo como consecuencia la disminución del gasto público destinado a la protección social y el desempleo, por lo cual algunos países en apoyo al sector privado pusieron en práctica diversas políticas para disminuir el impacto económico.
México
• Más gasto público destinado a programas de entrenamiento.
• Más gasto público destinado a promover el empleo temporal.
• Subsidios para mantener el empleo.
• Flexibilización de los requisitos y ampliación de los montos que se pueden retirar del seguro de desempleo de las cuentas individuales de pensiones.
• Flexibilización sobre el uso de los recursos de los programas de vivienda.
Colombia
• Programas de entrenamiento para la población joven desempleada.
• Incremento de 7.7% al salario mínimo.
Costa Rica
• Programas de capacitación.
• Ampliación del periodo de cobertura de los beneficios de seguridad social a los trabajadores despedidos, de tres a seis meses.
• Acuerdos para reducir el número de horas de trabajo sin reducir el salario por hora y el empleo.
• Proyecto de modernización de la legislación laboral, para flexibilizar los horarios de trabajo para permitir una semana laboral de cuatro días.
Dominica
• Incremento al salario mínimo.
El Salvador
• Gasto público destinado a promover el empleo público.
Guatemala
• Aumento de 10.7% al salario mínimo, excepto en maquila.
• Cambio en la legislación para regular trabajadores de tiempo parcial.
Honduras
• Incremento al salario mínimo.
Jamaica
• Incremento del salario mínimo e alza del salario de los trabajadores del sector público.
Nicaragua
• Programas de entrenamiento para desempleados jóvenes.
Paraguay
• Más gasto público destinado a la promoción de empleo público.
Perú
• Más gasto público destinado a la promoción de empleo público.
• Programas de entrenamiento.
• Autorización a retirar dos contribuciones del empleador de los fondos de pensiones.
• Subsidio público para las contribuciones al seguro social.
República Dominicana
• Ajuste al salario mínimo en el sector público, de 67%, e incremento de salarios en el sector público, de 15 por ciento.
Uruguay
• Subsidio público para programas de entrenamiento.
Venezuela
• Incremento de 20% en el salario mínimo.
FUENTE: Cepal.