GUADALAJARA, JALISCO (14/AGO/2016).- La transición a la democracia nos heredó una fe ciega en los organismos autónomos. Ante el descrédito de los partidos políticos, y la manipulación inherente al régimen, los arquitectos de nuestra democracia vieron una salida: edificar un amplio abanico de instituciones “ajenas” a los partidos políticos, que vigilaran el ejercicio del poder. Los famosos organismos ciudadanizados o autónomos. Los encargados de tripular la transición asumieron que sólo dispersando el poder, restando competencias al Ejecutivo y abriendo los canales de participación ciudadana, podríamos democratizar las instituciones que heredamos del autoritarismo mexicano. Dicha solución provocó la emergencia de órganos autónomos encargados de las elecciones, de observar los derechos humanos y de fiscalizar las cuentas públicas. Algunos pensarán que quienes idearon nuestro modelo autonomista de transición, fueron una bola de ingenuos. Ilusos que nunca vieron que la lógica partidista siempre imperaría. O, peor, gatopardistas. Acordaron cambiarlo todo, sólo con la idea de mantener el poder. Sin embargo, interpretaciones aparte, al menos en la teoría, esta cesión de competencias tenía sentido, sonaba razonable.Y a diferencia de lo que muchas veces cuenta la crónica política de nuestros días, partiendo de una clara revisión o una reinterpretación de lo que fue la transición a la democracia en nuestro país, esta apartidización nunca existió. Ni el IFE de José Woldenberg, recordado como el símbolo o el tipo ideal del funcionamiento de un órgano autónomo, quedó al margen de la pugna partidista. Tan es así que al menos tres consejeros, que ocuparon su cargo entre 1996 y el 2003, luego desempeñaron cargos importantes en la estructura de partidos políticos -Alonso Lujambio, Jaime Cárdenas y Juan Molinar Horcasitas. El apartidismo de estos órganos es un mito bien conservado en el baúl de los recuerdos políticos de nuestro país, pero es difícil sostener que aquellos primeros órganos estaban exentos de la lógica partidista. Los partidos políticos siguieron peleando y pugnando por cuotas, queriendo ocupar cualquier espacio de decisión disponible, sin embargo la responsabilidad de los actores políticos era mayor que en la actualidad.Lo importante es que en ese momento existieron dos condiciones que explican el temprano éxito del modelo de los órganos autónomos, al menos en el periodo 1996-2003. En primer lugar, un compromiso histórico de los partidos políticos con el proceso de democratización. Es decir, los principales líderes partidistas entendían que la transición no era una cuestión sólo de voluntad, sino una responsabilidad histórica ineludible. Por ello, a pesar de que los partidos intervenían en todas las decisiones, sus propuestas para el IFE u otros órganos autónomos, fueron responsables y apoyando a figuras de alto prestigio. Y, en segundo lugar, en la sociedad había un respaldo al reformismo, a entender que la ruta hacia la democracia se cimentaba en la construcción de instituciones plurales y sólidas. Ambos consensos se diluyeron con el paso del tiempo. Es decir, la autonomía fue producto de un compromiso de época, cimentado en la oportunidad de que los mejores y más honestos, ocuparan los puestos de decisión. La autonomía se construía desde el prestigio, no desde una falsa interpretación de la independencia.Las auditorías autónomas surgieron en este ciclo de efervescencia autonomista. Y es que parte de la crisis política del régimen del partido único fue la corrupción y la discrecionalidad con la que gastaba el dinero de todos los contribuyentes. Un cimiento de la cultura política mexicana siempre fue el patrimonialismo, entender los recursos públicos como patrimonio del funcionario público en turno. No es casualidad aquella frase muy del político mexicano: en política, problema que se resuelve con dinero, no es problema. Como bien sostiene Andreas Schedler, académico del CIDE, los regímenes autoritarios hacen de la incertidumbre uno de sus elementos fundacionales. La corrupción y el mal uso de los recursos públicos caracterizaron al autoritarismo mexicano, por lo que había que sacar la revisión de las cuentas de la lógica política y partidista. Ésa fue la justificación de dotar de autonomía a los órganos fiscalizadores, sin embargo dicha autonomía se convirtió rápidamente en un escudo de impunidad.El caso de la ASEJ es paradigmático. El escudo de impunidad le permitió a su titular por 12 años, Alonso Godoy, hacer un uso particularista y político de las cuentas públicas. El auditor se convirtió en una figura de temer, conocía los “trapitos sucios” de todos y utilizaba esa información como arma arrojadiza para protegerse y amarrarse al cargo. Una posición de acumulación de poder permanente, que lo dotaba de una amplia capacidad de chantaje político. La revisión de las cuentas públicas se convirtió en aquello que quiso evitar la reforma que dotaba de autonomía al órgano: un mero juego de intercambio partidista. El auditor entendió que en Jalisco, los distintos intereses políticos se articulan en torno a tres o cuatro jefes políticos que toman las decisiones trascendentales en Jalisco. Su sentido de ubicación política y su funcionalidad para el sistema político estatal explican su longevidad en el cargo.Ahora, parece existir un incipiente consenso político para que Alonso Godoy deje el cargo de auditor el próximo 31 de diciembre. Un acuerdo amplio, que era necesario, en donde están PRI, MC, PAN y la Universidad de Guadalajara. Ninguno está dispuesto a respaldar a Godoy, lo que se une a la exigencia de organizaciones de la sociedad civil que consideran que Godoy ha perdido la confianza de los ciudadanos. En paralelo con la utilización política de la Auditoría, fenómeno del que es responsable no sólo Godoy sino también partidos políticos y representantes populares, también existen sospechas de bonos económicos injustificados o aumentos súbitos de gasto en personal. Tras la no reelección, no sería una mala señal que en el Congreso se forme una Comisión que investigue el actuar del auditor y delinee responsabilidades. Responsabilidades políticas, porque el resto le competen a la Fiscalía General del Estado, pero hasta hoy no existe una sola denuncia en contra de Godoy.Sin embargo, el adiós de Alonso Godoy es sólo el primer paso para edificar el sistema de fiscalización que queremos. Personificar los problemas hace creer que muchos vicios se borran removiendo al titular de turno. Pasa algo similar con la selección nacional, nos caen siete goles de Chile, y todos pensamos que la culpa es del entrenador Osorio; es más digerible culpar a un hombre en específico para no hablar de que el sistema está roto y sólo es funcional para proteger los intereses de la clase política. Y es que no sólo es un asunto de diseño institucional, sino también un problema eminentemente político. Muchas veces nos preguntamos: ¿Qué pasa que importamos modelos exitosos de otros países, de donde me diga, y no funcionan en México? El éxito o fracaso de un diseño institucional no depende sólo de su confección teórica, sino sobre todo del compromiso y la voluntad política de los actores para plegarse a sus disposiciones y colaborar con la nueva institucionalidad. En la transición existió ese compromiso, que hoy se ha esfumado. No hay modelo, por más sofisticado y blindado, que resista la irresponsabilidad de las partes.Si revisamos la estructura de la Auditoría y las leyes que rigen el proceso de fiscalización, nos daremos cuenta que es un esquema normativo que equilibra la autonomía de la ASEJ, pero que también contempla los contrapesos -entre ellos, su nexo orgánico con el Poder Legislativo. Habría que hacer algunas revisiones puntuales que han señalado académicos y especialistas como son los tiempos de fiscalización y la forma en que interactúan el Congreso y la ASEJ. Sin embargo, la baja credibilidad de la auditoría y la nula eficiencia del órgano, tiene menos que ver con las leyes que con la política que rodea el proceso de revisión de las cuentas públicas. ¿Cómo le hacemos para regular que los políticos no se pongan de acuerdo para limpiarse mutuamente las cuentas? ¿Habría algún artículo en el que podamos prohibir de tajo que vuelva a existir algún Godoy? Es imposible.Godoy, al igual que otros políticos que han pasado por órganos constitucionalmente autónomos, es el producto más acabado de los vicios de nuestro sistema político. La política en general se encuentra infectada por estas prácticas no democráticas que aseguran impunidad, protegen la selectividad de la justicia y colocan incentivos para la complicidad política. Sólo una nueva política que entienda que estas formas de complicidad y contubernio son inaceptables en democracia, puede blindarnos de la aparición de personajes como Godoy. Y para ello, es fundamental ampliar los canales de participación de los ciudadanos, ensanchar los límites de la libertad de expresión y fortalecer las capacidades de control que tienen los ciudadanos sobre la clase política.Hay algo que les duele a los políticos por encima de todo: el castigo en las urnas. En Jalisco, decisiones como la de no ratificar al auditor se explican por ese temor que tiene la clase política, los distintos partidos, a ser castigados en las urnas por respaldar a un auditor sobre el que versan muchas sospechas. Entre el temor al uso político de las cuentas públicas y el miedo al desprestigio social, que luego se puede traducir en un voto de castigo, los partidos políticos en Jalisco parecen haber entendido que la segunda puede hacerles más daño. La no ratificación de Godoy es una buena muestra de la importancia de que los políticos sepan que las decisiones erróneas serán castigadas en las urnas.
