El fin de una narrativa

GUADALAJARA, JALISCO (01/MAY/2016).-Hace seis años, las alianzas PAN-PRD certificaban su eficacia. En enclaves autoritarios, dominados a golpe de decreto, Mario Marín y Ulises Ruiz perdían su silla de virreyes absolutos. La transición a la democracia se debe completar en los estados. Desafiar el control territorial del PRI nos acercaba un poco más a la democracia anhelada. Las libertades, garantías y combate a la corrupción en las esferas federales, no se traduce en ejercicios similares en las entidades federativas. Sacando a los Marín, los Ruiz y trayendo la alternancia a Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Hidalgo, se “completará la transición”. Todo esto decían los aliancistas, todo esto justificaba unir al agua y al aceite en una candidatura común.

Fue una narrativa poderosa: el PRI sigue siendo el culpable de nuestro extravío autoritario. Un discurso que consiguió arrebatarle tres estados al tricolor y permitir que derecha e izquierda encabezaran gobiernos de confluencia. Un sexenio después, lo poderoso del mensaje se transformó en la amargura de la continuidad.

No estaba ahí la respuesta, ahora el señalado no es sólo el PRI.

El problema no se reduce al partidazo histórico. Ahora, el vilipendiado es el sistema mismo. Los partidos de oposición ya no parecen ser la solución, sino parte del problema. La alianza PAN-PRD en nombre de la democracia agotó sus activos y su crédito con los ciudadanos.

Las pulsiones autoritarias del pasado marcaron, también, a esos gobiernos que llegaban agitando la bandera del cambio. Rafael Moreno Valle, en Puebla: gobernando a golpe de censura, criminalización y propaganda gubernamental. Impulsó la famosa “Ley Bala”, que permite que la policía utilice métodos de represión contra la oposición, manifestantes y disidentes.

Su gasto en promoción personal roza la frivolidad: 20.7 millones de pesos para “embellecer” su Quinto Informe de Gobierno. Más de 141 millones de pesos invertidos en promoción personal durante su mandato, una cifra que supera la erogada por el Gobierno de Mario Marín y que tiene como meta colocar el nombre de Moreno Valle como un presidenciable. No es casualidad que en la última elección, a Jalisco llegaba desde Puebla todo lo necesario para apoyar campañas electorales, desde publicidad hasta dinero. ¿Ese es el cambio prometido?

Algo similar podemos ver con los gobiernos de Gabino Cué y de Mario López Valdez. Dos ex priistas que lograron encabezar el primer gobierno de alternancia en sus estados. El entreguismo del primero a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante más de la mitad de su mandato, es un signo inequívoco de la pervivencia del clientelismo y el corporativismo como formas “legítimas” de construir acuerdos incluso con la coalición gobernante “de cambio” en Oaxaca.

El gobernador, como lo hizo su antecesor priista, les entregó la educación y la nómina del Instituto de Educación Pública de Oaxaca. ¿O cómo explicar su mansión, de un costo aproximado de siete millones de dólares y que son injustificables atendiendo a su sueldo mensual en los últimos años? Los “gobiernos del cambio” se constituyeron a partir de mero cálculo electoral y el pragmatismo devoró su credibilidad en poco tiempo. El cuento de la democracia se lo tragó el tiempo.

El cronos electoral marca una lucha parecida en Veracruz. El bello estado del Golfo de México enfrenta una de las coyunturas más críticas de las últimas décadas. Los datos del periodo de Javier Duarte son un espejo del autoritarismo con el que gobierna. Durante su gestión, 15 periodistas han sido asesinados en el Estado; sólo durante 2015, dos mil 457 homicidios dolosos ocurrieron en la Entidad, más que en Guerrero; desde que comenzó su gestión, el promedio de asesinatos en Veracruz es de 52 por mes, uno de los promedios más altos en todo el país. Sin olvidar los cinco jóvenes torturados y asesinados por policías estatales en Tierra Blanca. En materia de pobreza, el Veracruz de Duarte es un estado fallido.

En el periodo 2012-2014, de acuerdo a Coneval, medio millón de veracruzanos cayeron en pobreza. Actualmente, 4.6 millones son pobres, lo que representa el 58% del total de los habitantes de Veracruz. La misma deriva la identificamos en el poder adquisitivo de los veracruzanos y en sus ingresos. La administración de Javier Duarte es un desastre político, social y humanitario.

Sin embargo, la “madre de todas las elecciones” en este año, la de Veracruz que reúne un padrón electoral de 5.6 millones de votantes -el tercero más grande en el país-, parece más una pelea entre familiares que realmente entre proyectos políticos diferenciados. La batalla queda entre “Yunes”, por un lado Miguel, candidato de la alianza PAN-PRD, y por el otro Héctor, abanderado del PRI.

Dejando de lado que sean primos, cosa de la que ninguno de los dos tiene la culpa, el hecho de que una familia se dispute el poder sólo refuerza una tendencia innegable: la primacía que tienen los caciques en la política local. El Gobierno de Duarte es un desastre, pero de la oposición no parece haber un proyecto genuino de cambio, sino pragmatismo electoral sin matices. La búsqueda de la silla y nada más.

La elección de 2016 ya no coloca a la “democracia” como el concepto en disputa. Las encuestas esbozan una tendencia cada vez mayor a diluir las diferencias entre los principales actores del sistema. PAN y PRD, a través de la gestión de gobiernos con pocos cambios con relación al tricolor, se devoraron su bono democrático histórico. Las alianzas tendrán poca efectividad en las urnas; sólo en Veracruz tiene posibilidades de victoria, aunque las encuestas ya registran empate técnico. El PAN puede retener Puebla, pero sin alianza.

El PRD podría quedarse con Tlaxcala, pero también sin coalición. El resto de los estados se encuentran en la órbita de la alianza del PRI y del Verde, aunque Puebla y Veracruz son el 40% del padrón que se pone en juego el primer domingo de junio (9.5 millones de electores de los 23 millones que están llamados a elegir gobernador). Una victoria en Veracruz sería una aspirina para blanquiazules y amarillos, una aspirina que no los dejaría ver la profunda crisis en la que se encuentran ambos institutos políticos. Se quedaron sin narrativa, sin contraste, sin diferencias.

Morena aparece en el escenario como un actor protagónico. El triunfo de Morena en las delegaciones de la Ciudad de México en 2015, catapultó al partido a jugar un rol importante en la política nacional. Morena no está en condiciones de ganar ninguna elección a gobernador. Sin embargo, las encuestas muestran que en estados como Zacatecas, Oaxaca, Veracruz, Morena podría colocarse por encima de los 20 puntos porcentuales. La importancia de esta coyuntura en particular para Andrés Manuel López Obrador, es la consolidación de las estructuras que ya tiene en los estados de cara a 2018. Sin embargo, también será una muestra de lo débil que es el tabasqueño en muchísimos rincones de nuestro país. Aguascalientes, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Tamaulipas, son ejemplos de estados en donde Morena ni siquiera alcanzará los dos dígitos. El eterno desequilibrio territorial de los votos del “Peje”.

Los comicios del primer domingo de junio tendrán una innegable interpretación en clave interna en los partidos políticos. En primer lugar, en el PAN, Rafael Moreno Valle se enfrenta a la prueba de fuego para ver si puede sacar boleto como aspirante para 2018. Si no retiene Puebla, su proyecto está muerto. Asimismo, los resultados serán la calificación de la gestión de Ricardo Anaya al frente del blanquiazul. En Veracruz se juega mucho y en otros estados como Aguascalientes, particularmente en la capital. Sin olvidar, tampoco, que como alegre promotor de las alianzas con el PRD, será juzgado de acuerdo a sus resultados. Y Margarita Zavala observa los toros desde la barrera. Los equilibrios de poder al interior se definen con miras a 2018.

En el PRI, el liderazgo de Manlio Fabio Beltrones y su papel en la sucesión también se ponen sobre la mesa. Veracruz es su gran reto y al menos retener ocho de las 12 gubernaturas. Un mal resultado en donde el PRI pierda Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Aguascalientes y Chihuahua, pondría el protagonismo de Beltrones en serias dudas. Y, por último, en el PRD, la batalla interna en el Comité Ejecutivo Nacional tiene mucho que ver con la vigencia del dominio de los “Chuchos” y los opositores internos que se han unido en los últimos meses para plantarle una férrea oposición a la estrategia aliancista de Agustín Basave. Los “Chuchos” tienen poco que ganar y mucho que perder. Veracruz y Tlaxcala son sus batallas, en Zacatecas, otrora un bastión del Sol Azteca, las encuestas colocan a la alianza en un lejano tercer lugar.

A los opositores al PRI se les agotó el discurso, eficaz en algún momento, de que el problema del autoritarismo subnacional estaba íntimamente vinculado a la gestión del tricolor. PAN y PRD, como coaligados, llegan igual o más lastimados que el tricolor en materia de corrupción. Y qué decimos del resto de partidos, desde MC hasta Morena, no gozan de ningún crédito en particular para empujar una agenda que combata la corrupción, los privilegios y la impunidad. Tras los gobiernos de Cué, Malova y Moreno Valle, nos dimos cuenta que el problema de la corrupción y el autoritarismo estatal no es propiedad de un partido político, sino un asunto de carácter sistémico. En 2016, hay mucho en disputa para el control territorial de los partidos políticos. Sin embargo, pocas aspiraciones de cambio. Los apellidos son los de siempre, los Monreal, los Yunes o los Murat. Es el fin de la narrativa de cambio desde los estados, el triunfo del pragmatismo puro y duro.