El epitafio del prohibicionismo

GUADALAJARA, JALISCO (08/NOV/2015).- Es difícil encontrar una política pública tan longeva como el prohibicionismo. El prohibicionismo, entendido como el marco normativo que busca combatir el consumo y el tráfico de drogas a través de la prohibición, tiene al menos 70 años de vigencia en la mayor parte de los países del mundo. Desde 1928, año en que se aprueban prohibiciones en países como Reino Unido, hasta inicios de este siglo, el prohibicionismo reinó a sus anchas.

Con distintas intensidades, pero el canon prohibicionista se convirtió en un consenso que diluía cualquier tipo de alternativa, una mezcla entre políticas de Estado supuestamente dirigidas a erradicar el consumo de drogas y una sociedad conservadora que poco se preguntaba acerca de las consecuencias de la política de prohibición del consumo y la producción de drogas. Dicho consenso comenzó a mostrar signos de agotamiento ante las evidencias de la desproporcionalidad de una serie de políticas de combate a las drogas que sólo dejan muerte, dispendio de dinero y mayor consumo.

El fracaso del prohibicionismo es innegable. Tanto en México, como en el resto de los países que han seguido el modelo a rajatabla, las consecuencias son pavorosas. Ninguno de los objetivos que justificaban el prohibicionismo, se ha cumplido.

En México, por ejemplo, la “guerra contra las drogas”, que tocó su culmen durante el sexenio de Felipe Calderón, provocó que México alcanzara la tasa de homicidios más alta de su historia: 26 por cada 100 mil habitantes. Más de 100 mil mexicanos fueron llevados a la tumba durante el sexenio del panista. El drama humanitario es aún más lacerante entre los jóvenes. De acuerdo a Merino, Zarkin y Fierro, la tasa de homicidios se agrava cuando hablamos de jóvenes: 58 por cada 100 mil habitantes entre aquellos varones que tienen entre 18 y 25 años, y 65  en los hombres que tienen entre los 26 y los 40 años. Y aún peor, los homicidios alcanzan antes a los menos educados y a los pobres: la tasa de asesinato entre aquellos que ni siquiera pudieron terminar la primaria, es de 336 por cada 100 mil habitantes. Datos que dan escalofríos. Y si a esto le añadimos, que cuatro de cada 10 mexicanos encarcelados por delitos relacionados con las drogas, son portadores de pequeñas dosis de mariguana, el cóctel es realmente desesperanzador.

México ha pagado el prohibicionismo con vidas, con las vidas, sobre todo, de sus jóvenes. Y este sacrificio ni siquiera ha tenido un impacto en la disminución del consumo, y menos en el control territorial del Estado. El aumento del consumo en México ha sido sostenido, y aunque las cifras no son en magnitud comparables con los países del primer mundo, es innegable que el prohibicionismo no ha logrado disminuir el consumo. Y en el tercero de los objetivos, el que tiene que ver con evitar que el crimen organizado desafíe al Estado y a sus instituciones, el fracaso es aún más rotundo. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 60% de los municipios en México, tienen algún grado de infiltración; y hay cifras aún más alarmante, como el 72% de municipios infiltrados que señala el investigador Edgardo Buscaglia. Así, el triste resultado del prohibicionismo ha sido: más homicidios; más gasto del Estado en perseguir el consumo de las drogas; más poder económico de los cárteles de las drogas; más capacidad de cooptar a las instituciones del Gobierno, y para rematar, más ingobernabilidad.

El miércoles pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea que protege la autonomía del individuo en México para decidir sobre su consumo. De acuerdo a la sentencia, que se elaboró a partir de un amparo presentado por un grupo ciudadanos que forman parte de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), un mexicano tiene derecho a consumir mariguana, asumiendo los posibles efectos negativos de su uso. La sentencia no permite ni la comercialización, ni la venta o producción masiva del enervante, sino simplemente su consumo y producción personal en el hogar. Cualquier mexicano que quiera hacer uso de dicho derecho, tendrá que tramitar un amparo para que la sentencia tenga efectos sobre su caso en particular. Al no estar legislado, sólo el amparo garantiza la protección de la sentencia que aprobó la Primera Sala de la SCJN, en una votación de cuatro ministros a favor y sólo uno en contra.

No es una legalización. El marco jurídico actual en México, tiene un  nivel de despenalización de hasta cinco gramos en el caso del cannabis. Es decir, en México hay despenalización, aunque en dosis muy pequeñas. La legalización implicaría, como en Estados Unidos, en Holanda o en España a través de los clubes canábicos,  la regulación y anuencia de todos los eslabones de la cadena, que van desde la producción hasta el consumo. Por lo tanto, lo que aprobó la Corte es simplemente la constitucionalidad del consumo y la producción para fines personales, en el hogar y sin posibilidad de hacer negocio. Lo que dijo la SCJN es que somos lo suficientemente racionales como para saber qué consumimos, el daño que nos puede ocasionar a nosotros y a terceros.

Sin embargo, aunque convincente, el argumento del ministro Zaldivar es sólo uno de todo el argumentario que existe para buscar una alternativa sensata al prohibicionismo. La postura de Zaldivar emerge del respeto a la individualidad, y a la subjetividad. Proviene de la idea de que el Estado debe justificar las prohibiciones, y no las libertades. Es decir, para el ministro, el prohibicionismo tiene efectos desproporcionados e ineficaces sobre aquello que busca prohibir. En paralelo al argumento eminentemente liberal de los cuatro ministros que aprobaron la sentencia el pasado miércoles 4 de noviembre, también tenemos los que podemos llamar: argumentos colectivos. Es decir, los impactos sobre la ciudadanía que genera la política prohibicionista.

¿Son justificables las miles de muertes derivadas de la “guerra contra las drogas” por evitar que los mexicanos consuman mariguana u otras drogas? ¿Es tan grande el daño a la salud de la persona, que debemos continuar con el objetivo de detener y encarcelar a cualquier joven o adulto que porte más de cinco gramos de mariguana? ¿No hay formas más eficaces y tolerantes que permitan atajar el problema de salud pública y, a la vez, transformar la estrategia de combate a la inseguridad? Nadie puede afirmar que la legalización sería inocua en términos de sus afectaciones, pero a la hora de poner la legalización en la balanza frente al prohibicionismo, la primera sale mejor librada. Los datos en Portugal, Holanda, Estados Unidos y Uruguay son contundentes: la legalización no implica más consumo; los impactos en la salud se mitigan con impuestos proporcionales al daño que causa la sustancia, y hay más control sobre los menores para evitar un uso temprano de la sustancia. La legalización no es la panacea, como ha sostenido el ex canciller Jorge Castañeda, pero otras experiencias internacionales nos demuestran que supone una aproximación más sensata y eficaz al problema del consumo y el tráfico de la mariguana, en particular.

Dificilmente veremos, durante esta Legislatura, un acuerdo entre partidos para garantizar la aplicabilidad general de la sentencia aprobada por la SCJN. Enrique Peña Nieto fue cauto ante la sentencia y señaló: “se abre el debate”. El debate está abierto desde hace algunos años, sin embargo los partidos consideran que un tema como éste, no da votos. Posiblemente el PRD dará un paso adelante con una legislación en la materia, tal como la presentó en el Distrito Federal y en Jalisco, sin embargo no existen las condiciones ni los equilibrios legislativos para creer que habrá una nueva legislación en la materia en lo que queda de esta Legislatura. De la misma forma que en el caso de los matrimonios homosexuales, e incluso en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, la ampliación de las libertades vendrá de parte de los ministros y no de los diputados o senadores.

Paradójicamente, un poder que en el pasado fue percibido como conservador, hoy es sinónimo del garantismo mexicano y de la protección, así como la ampliación, de las libertades. El amparo, como un mecanismo jurídico para pedir la protección de los tribunales, se ha convertido en una poderosa herramienta para debilitar el estatus quo en este tipo de temas.

La sentencia de la Primera Sala de la SCJN marca un hito en la historia de la política de drogas en México. Es la primera vez, que se desafía de frente y sin ambigüedades, el núcleo duro que justificaba el prohibicionismo. La sentencia tiene también algunos elementos interesantes que seguramente van a abonar para debates ulteriores que relacionen al prohibicionismo con la salud pública o con la seguridad pública. México es, como sus vecinos de América Latina, uno de los países más perjudicados por el prohibicionismo. La importancia de la sentencia radica sí en el comienzo del debilitamiento del consenso prohibicionista, pero sobre todo es una muestra de la constitucionalidad de un proyecto que ya no se basa en la prohibición, sino en la responsabilidad y en la autonomía de los individuos para entender los daños y los beneficios de consumir determinada sustancia. En pocas palabras, el ministro Zaldivar considera que los mexicanos mayores de 18 años, tenemos todas las condiciones cognitivas como para entender el riesgo de las drogas, tal como lo hacemos con el tabaco y con el alcohol. Nada mal, en un país acostumbrado al paternalismo de sus élites políticas.

México ha pagado el prohibicionismo con las vidas, sobre todo, de sus jóvenes. Y este sacrificio ni siquiera ha tenido un impacto en la disminución del consumo, y menos en el control territorial del Estado.

Desde 1928, año en que se aprueban prohibiciones en países como Reino Unido, hasta inicios de este siglo, el prohibicionismo reinó a sus anchas.