El ataque demoró apenas 10 segundos. Cuatro asesinos entraron a la marisquería “Don Cangrejo”, en Tlaquepaque, y accionaron sus armas de asalto. Así, ante la vista de otros comensales, los sicarios cegaron seis vidas. Paramédicos y policías llegaron al lugar, en la colonia Guadalupana, sólo para confirmar las muertes y certificar una séptima durante el traslado a la sala de urgencias.

Las investigaciones ligaron ese multihomicidio, registrado el pasado 8 de febrero, con una pugna entre grupos rivales del crimen organizado. La primera pista: las siglas del cártel Nueva Generación tatuadas en el cuerpo de uno de los abatidos.

Desde diciembre de 2016, el entonces fiscal general, Eduardo Almaguer, reconoció un recrudecimiento de la violencia debido a una escisión entre células de esa agrupación. Y la violencia ligada al narco se ha recrudecido este año: ocho de cada 10 homicidios registrados durante el primer semestre de 2018 están ligados a las acciones del crimen organizado.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, entre enero y junio han sido asesinadas 841 personas en eventos relacionados con el narco, de un total de mil 043 víctimas. Apenas en octubre del año pasado, la misma fuente reveló que entre enero y agosto de 2017 sólo uno de cada tres homicidios dolosos tenía relación con algún cártel.

Para el analista en seguridad, Alejandro Hope, esas cifras deben verse con “cierto grado de escepticismo” en función de que no se trata de investigaciones terminadas. “Regularmente las autoridades ven a la víctima, la forma en que murió, el calibre del arma que se utilizó en su contra o si hay una mutilación y hacen una presunción, pero no es una investigación concluyente”.

Augusto Chacón, del observatorio Jalisco Cómo Vamos, advierte que un cambio en la estrategia de seguridad podría dar buenos resultados, pero debido al nivel de descomposición actual, si los hay, éstos se verán en futuras administraciones.

El año pasado hubo mil 536 personas asesinadas en la Entidad, cuyos casos constan en mil 369 carpetas de investigación. Es la cifra más alta de la que se tenga registro en las últimas dos décadas.

Concentra la metrópoli asesinatos del narco

Tras casi 12 años de una “guerra” declarada contra el narco, los homicidios ligados al crimen organizado golpean al Estado Mexicano sin una estrategia que revierta esa tendencia. Y las noticias sobre ese delito son más constantes en los espacios que concentran mayor población.

Jalisco no es la excepción. Las cifras actuales revelan que el Área Metropolitana de Guadalajara, la zona con mayor presencia policial y donde se encuentran las sedes estatales de todas las dependencias de seguridad, registra el indicador más alto de asesinatos ligados al narco.

La Unidad de Transparencia de la Fiscalía General revela que, de 841 ejecuciones perpetradas por el crimen organizado entre enero y junio de este año, sólo cinco quedaron registradas por la Fiscalía Regional; es decir, en los municipios del interior del Estado.

Eso significa que prácticamente todos los homicidios ordenados por grupos criminales ocurrieron en la metrópoli que, en teoría, es la más vigilada de la Entidad. La alerta ante el alza se advirtió desde finales de 2014, cuando la Presidencia de la República giró instrucciones para implementar un operativo de inteligencia en cuatro Entidades “estratégicas”. 

Jalisco, por primera vez, figuró junto con Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, los puntos que más golpeó la llamada “guerra contra el narco” en el sexenio anterior.

Aún con esa intervención, el Estado ha empeorado. El pasado mes de marzo, por ejemplo, fue el más violento del que se tenga registro en la Entidad en las últimas dos décadas. De acuerdo con las cifras que comparte la Fiscalía, fueron 200 víctimas de homicidio en 31 días. Un promedio de 13 asesinatos cada 48 horas. Al estilo Ciudad Juárez en sus momentos más críticos de inseguridad (2010 y 2011).

Ocho de esas muertes quedaron contabilizadas en un sólo hecho que vecinos de la colonia Morelos, en Guadalajara, reportaron el sexto día del mes. Los cadáveres fueron apilados en la caja de una camioneta. Todos desmembrados. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado el curso que ha tenido esa investigación.

Fernando Espinoza de los Monteros, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), afirma que la “colusión” entre ciertas autoridades y empresarios con delincuentes ha propiciado un clima que empodera a los últimos, a la vez que genera cada vez más pobreza y, en consecuencia, necesidad. “Tenemos un Estado cuyo Gobierno ha sido rebasado, por supuesto”. 

En un año se triplican las ejecuciones

Una bomba incendiaria cegó la vida de Tadeo, el bebé de ocho meses que un grupo de delincuentes asesinó al quemar el camión en donde Elizabeth, su mamá, lo llevaba en brazos. La agresión ocurrió después de un atentado en contra del ex secretario del Trabajo y también ex fiscal general, Luis Carlos Nájera, en plena zona de Chapultepec. Así, con vehículos quemados, los criminales intentaron dispersar el operativo que se activó tras fallar su plan de asesinato.

De esa forma, el pasado 22 de mayo, Tadeo se convirtió en una víctima colateral de la “guerra” que libran autoridades y bandas del crimen organizado entre sí.

Y como él, muchas personas más han sumado indicadores a la estadística de homicidios dolosos relacionados con el actuar del crimen organizado, pero nunca como las de este año. Según la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado, entre 2013 y 2017 fueron mil 135 casos de este tipo. Y en sólo seis meses del año en curso suman 841.

Eso significa que sólo los casos identificados en 2018 por la Fiscalía General representan 74% de todo el sexenio. Y si sólo se comparan los casos que reconoce la Fiscalía en 2017 con los actuales, la diferencia es del triple.

Este problema de inseguridad ha remarcado el discurso oficial de que la “guerra” entre los grupos delictivos es por el control de “plazas” o su zona de influencia.

Recientemente, el gobernador Aristóteles Sandoval reconoció su responsabilidad “sin regateo” por lo que ve a la inseguridad. Lo hizo después de la presión internacional que le generó la desaparición de tres ciudadanos italianos en el municipio de Tecalitlán, luego de tres estudiantes de cine disueltos en ácido y tras una serie de atentados contra ciudadanos que cobraron la vida de dos civiles y quemaron a una joven madre.

Guanajuato, Baja California y Colima, los más peligrosos

Aunque Jalisco registra actualmente los indicadores más elevados de las últimas dos décadas por homicidio doloso, es una de las 18 Entidades del país que se encuentran por debajo de la media nacional. Según su tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes, está en la posición 15 de 32.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco registra actualmente 10.76 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. La media nacional es de 11.01.

Colima es, desde el año pasado, el Estado con mayor riesgo en todo el país.

El sitio con menos habitantes en México registra una tasa de 40.72 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que significa que está cuatro veces por encima de la media nacional. Es el Estado más violento por tasa.

Las siguientes dos posiciones las ocupan los Estados de Baja California y Guerrero, con 35.61 y 31.67, respectivamente. Luego está Guanajuato, que ha tenido un repunte sin precedente, con 31.67, y Chihuahua, con 22.58 homicidios por cada 100 mil habitantes.

LAS VOCES DE LOS EXPERTOS

“Ver cambios demorará una generación”

Augusto Chacón (director de Jalisco Cómo Vamos)

La reducción de la violencia o la inseguridad tardará una generación. Incluso, si la estrategia de seguridad del Gobierno entrante tiene éxito y logra incidir en la baja de los homicidios dolosos, los cambios conductuales verdaderos entre la población jalisciense se notarán realmente hasta la próxima generación.

En la opinión del director del observatorio Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, el daño que han dejado 12 años de “guerra” contra el narco no quedan sólo en el indicador de asesinatos, por lo que al sólo contener la violencia no se generan las oportunidades requeridas para cambiar el rostro al país.

Considera que la impunidad en la aplicación de castigos ha impulsado la idea de que en México se puede matar, cobrar piso, secuestrar o extraer el combustible de los ductos sin enfrentar a la justicia. “Cuando decimos del crimen organizado nos remitimos al narco, pero el robo de autos, las pandillas que asaltan casas y el narcomenudeo, que es una versión del narcotráfico que padecemos, todo entra en ese indicador”.

En su opinión, el que los delitos se concentren en la metrópoli habla “muy mal” de las autoridades, pues es donde éstas concentran su estado de fuerza. “Si se supone que estamos en la ciudad capital de uno de los Estados que más aporta al Producto Interno Bruto, de un país que está, por lo menos, dentro de las 20 economías más importantes del mundo, es en verdad escandaloso lo que nos está ocurriendo”.

“Es un problema sociológico”

Fernando Espinoza de los Monteros (académico de la UdeG)

Nunca ha sido necesario contar con más policías o mejores armas para revertir los indicadores de violencia. Cambiar la sensación de inseguridad obliga a atender a la gente desde su núcleo, resolver sus problemas inmediatos y, a la par, demostrar que el ejercicio de Gobierno realmente funciona.

En la opinión del experto, el saneamiento del “tejido social” no es una utopía. “Si no atacas a las causas del crimen nunca vas a poder resolver los efectos del crimen, que están en la falta de oportunidades, en la injusta distribución de la riqueza, en la injusta condición de oportunidades que se brinda a las personas en materia de educación, trabajo y seguridad social. Allí están las causas”.

Afirma que los países con indicadores mínimos de delincuentes en prisión han apostado por esa ruta. “¿Por qué allí no delinquen? Porque tienen una sociedad satisfecha en la que todos tienen las mismas oportunidades y no hay esa profundidad de desigualdades que nosotros tenemos, que son las que nos conducen a ser presa fácil de las acciones delictivas”.

Y en la coyuntura electoral, donde aspirantes a la Presidencia de la República (como el independiente Jaime Rodríguez Calderón) han propuesto “mochar” (cortar) las manos a delincuentes, o han puesto a discusión la pena de muerte, el académico expone que si bien hay sistemas penales agresivos, como el Chino, donde la pena capital mantiene los indicadores en rangos “normales”, para una cultura como la mexicana eso “no es opción”.

“La solución la tenemos a la mano, pero no queremos responsabilizarnos por resolver los problemas sociales y nadie lo hace. No lo podemos resolver con más policías, con más cárceles. Esto se resuelve en las causas y no en los efectos”.

En suma, concluye que la estrategia de seguridad falló en todos los niveles, y las recientes manifestaciones de violencia, como la agresión a marinos, la alerta que generó la detención de la esposa de “El Mencho” y los bloqueos a consecuencia del atentado contra el ex secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera, son prueba de ello.

“Estoy de acuerdo con el gobernador: le falló la estrategia. Los políticos creen que traen una varita mágica para resolver los problemas y las manifestaciones que vemos son un problema con antecedentes en la falta de educación, oportunidades de trabajo y de una educación adecuada”. 

GUÍA

Aumentan detenciones en terminales aéreas

• La Comisión Nacional de Seguridad revela que en 2017 se decomisaron dos mil 651 kilogramos de diversas drogas en aeropuertos de México. 

• La anterior cifra representa un aumento de 132% respecto al año previo. 

• El monto decomisado no se había registrado desde 2008, cuando se incautaron cuatro mil 756 kilos.

• El aeropuerto “Abelardo L. Rodríguez” de Tijuana es donde se registra el mayor número de decomisos: 40% de toda la droga intervenida.

• En dos operativos realizados en abril pasado en el “Abelardo L. Rodríguez” fueron aseguradas dos mujeres provenientes de Guadalajara. Llevaban adheridos a su cuerpo 12 paquetes de heroína, con un peso de siete kilos y con un precio de 140 mil dólares en Estados Unidos.

Entre los años 2007 y 2017 van 679 personas detenidas por transportar algún tipo de droga ilegal.

• Los mercados más importantes son las grandes ciudades del Este de Estados Unidos, como Baltimore, Boston, Chicago, Detroit, Nueva York, Filadelfia y Washington.

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