En 2017, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sólo emitió cinco sanciones contra empresas que contaminan la cuenca del río Santiago. En comparación, en 2009, cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la macrorrecomendación por la polución en este espacio, se registraron 44. Las descargas irregulares de aguas residuales son el principal motivo de multa. Desde 2009, la Profepa ha castigado a 159 empresas en el Estado por esta causa.La multa más alta se impuso en 2016 a Minera Real de Ángeles, que opera en Aguascalientes. Pagó tres millones 652 mil pesos por la contaminación que generaron sus aguas residuales. Ante esta situación, expertos y autoridades señalaron fallas. El coordinador de Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones de la CEDHJ, Fernando Zambrano, afirmó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene un sistema que obliga a avisarle a las empresas un día antes de las inspecciones.“No (hay que) darle la oportunidad a la empresa que siga con esa práctica, y que sancione en flagrancia para dar ejemplo. Con una semana que no operen, la industria vería que le sale más caro que multen y cierren que construir una planta para tratar las aguas. Mientras no se modifique ese esquema viciado no vamos a cambiar la realidad en lo que llaman el río de la muerte”.Por otra parte, José Antonio Gómez Reyna, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), sostuvo que tras la macrorrecomendación no hay avances, ni responsables. Agregó que la disminución de las sanciones significa que la Profepa no ha hecho bien su trabajo.“La mayoría de los contaminantes del río son industriales, no son contaminantes que se producen en una casa. Si hablo de talio, mercurio, plomo: sólo en un proceso industrial vamos a encontrar este tipo de materiales que se encuentran en los cuerpos de agua”.El presidente de la Asociación de Industriales de El Salto, Raúl Güitrón, resaltó que es necesario que el Gobierno federal arme un plan que involucre a empresas y administraciones estatales y municipales, de modo que se mejore la supervisión.En el listado de compañías castigadas hay 37 que fueron reincidentes hasta en cuatro ocasiones. Además, no sólo se encuentran en Jalisco. Hay otras que se ubican en Aguascalientes, Zacatecas y Nayarit. Por ejemplo, Sterimed, que se dedica al tratamiento de residuos biológico-infecciosos, acumula cuatro procedimientos por acciones irregulares que realizó en instalaciones alzadas en El Salto, Tepic y Aguascalientes.En el listado de entes sancionados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por contaminar el río Santiago están Petróleos Mexicanos (Pemex), varios hospitales de la metrópoli y el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Según el reporte que la Profepa proporcionó como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, se emitieron cinco multas a Pemex por daños en el poliducto Guadalajara-Salamanca en diferentes tramos de municipios como El Arenal, Tototlán y Encarnación de Díaz. Las instalaciones de Pemex Refinación, ubicadas en la Delegación San José del Castillo, en El Salto, tuvieron que pagar medio millón de pesos por afectaciones a la cuenca. En total, los procedimientos sumaron dos millones 719 mil 504 pesos entre 2010 y 2014. Por el mal manejo de sus aguas residuales, el Hospital General de Occidente (Zoquipan) fue sancionado en mayo de 2017. Tuvo que pagar 22 mil 647 pesos. Por la misma razón, en 2010, el Hospital General de Zapopan cubrió 25 mil pesos, y el Hospital Ángel Leaño 201 mil. Un año más tarde le tocó al Hospital General Regional 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que desembolsó 29 mil pesos. En la base de datos también figura el SIAPA, que tuvo que cubrir una multa, cuyo monto no se especifica, por el mal manejo en el tanque regulador del Álamo, en Tlaquepaque.El coordinador de Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Fernando Zambrano Paredes, resaltó que el actuar de los tres niveles en este espacio es insuficiente en materia de inspección, verificación y sanción . “La federación se tiene que involucrar. La mayor contaminación es llevada a cabo por empresas de competencia federal. Las plantas están diseñadas para tratar agua de tipo residual, no industrial”.En la cuenca Santiago-Guadalajara hay nueve mil 282 empresas: siete mil 810 están en la metrópoli (84%). Además, de acuerdo con el Programa de Manejo Integral de la Cuenca, cinco mil 504 generan residuos que constituyen fuertes contaminantes para el ambiente natural de este espacio.Sin embargo, el número de industrias contaminantes podría ser mayor debido a que solamente se registraron aquellas empresas que espacialmente están dentro de la cuenca, según datos proporcionados por el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). “Están presentes IX Ramas y 55 Subramas de la Industria, de ellas 16 muy peligrosas por el tipo de residual que emiten. El mayor número de empresas se encuentran en el ramo de las Industrias de Celulosa y papel, Bebidas, Materiales de construcción y Química”, se señala en el documento.INDUSTRIALES DE EL SALTOLas descargas de aguas residuales sin el tratamiento se siguen presentando en la cuenca del río Santiago por la operación de empresas pequeñas que no cumplen con la normativa ambiental, afirmó el presidente de la Asociación de Industriales de El Salto (AISAC), Raúl Güitrón Robles, argumentó que, aunque no tienen precisados casos en particular, es “conocido” que algunas empresas medianas o pequeñas realizan procesos sin tener la capacidad de dar un tratamiento adecuado al agua que utilizan.“Si es muy conocido de muchas empresas pequeñas que están en la zona en las orillas de Guadalajara, que por su mismo tamaño no tienen esa capacidad. Empresas que pueden ser pequeñas como cromadoras, niqueladoras y que no tienen las plantas para poder manejar ese tipo de metales y que luego lo vierten. Pero básicamente vendrían siendo empresas pequeñitas”, sostuvo el empresario.Güitrón Robles dijo que las 90 empresas agrupadas en la AISAC mantienen colaboración constante con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua y con la Secretaría del medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); comentó que son inspeccionados periódicamente.Cuestionado sobre la crisis ambiental que vive la zona del río Santiago desde hace años, el representante empresarial reconoció la gravedad del asunto y afirmó que requiere un plan a nivel federal para que se intervenga todo el trayecto del río.“Debe haber un plan integral federal, donde involucre a todos, empresas, Gobierno federal, estatal y municipales. Las revisiones son sorpresa, ellos llegan te dan un aviso que te van a revisar y los tienes que dejar entrar. La verdad la cantidad de inspectores que tienen es limitada, ellos hacen un programa anual y van visitando diferentes empresas”, refirió.Pese a la contaminación en la cuenca, el titular de la AISAC aseguró que el corredor industrial sigue siendo atractivo para los inversionistas, refirió que una muestra de esto son los planes para la llegada de tres nuevas empresas durante este año, con un capital de 350 millones de dólares y generación de dos mil nuevos empleos.TESTIMONIOPrimos, hermanos, tíos, amigos, vecinos, conocidos. En El Salto todos tienen al menos a un conocido enfermo por causas que se atribuyen a la contaminación. “Es el pan nuestro de cada día”, dice Graciela González, quien cuenta lo difícil que es vivir a pocos metros del río más contaminado de México.“Lo principal es que perdimos nuestra tranquilidad, alegría, condición de vida natural que nos proporcionaba el eje de vida que es el río”. Graciela destaca que los habitantes de El Salto sienten desasosiego porque la contaminación genera un círculo de escasez y pobreza. La integrante de la agrupación Un Salto de Vida recuerda que la macrorrecomendación de 2009 generó ánimo porque la gente lo vio como una respuesta del Estado, una esperanza. Sostiene que a nueve años las cosas han sido peores, con industrias que tratan de ocultar el problema.“En vez de afrontar con responsabilidad que había un peligro y situaciones que se generan a través de sus descargas de tóxicos en el agua y aire, lo que hicieron la gran mayoría fue hacer simulaciones”.El 27 de enero de 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la macrorrecomendación por la contaminación del río Santiago. Estuvo dirigida al Gobierno estatal, a la Comisión Estatal del Agua (CEA), al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y a 14 municipios: Arandas, Atotonilco El Alto, Chapala, El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Ocotlán, Poncitlán, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Tototlán y Zapopan.Sin embargo, tras nueve años ninguna administración ha cumplido con las acciones. El coordinador de Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones de la CEDHJ, Fernando Zambrano Paredes, estimó un avance entre 30% y 40% en los 142 puntos a resolver. “La situación está tan grave que muchas veces sin saberlo consumimos alimentos que son regados con agua de este río. Pensamos que el problema no es de nosotros porque vivimos lejos en Guadalajara, eso es una falacia”.Zambrano Paredes explicó que cada 15 días solicitan información nueva a los ayuntamientos, pero que algunos no contestan. “Muy seguramente no están haciendo nada al respecto. Tonalá, Tototlán, Poncitlán, Ocotlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Arandas desafortunadamente no nos han reportado nada”.Adelantó que este mes planean hacer un rediseño para la verificación de estos puntos. Recordó que el cumplimiento debe ser permanente. “No se trata solamente de medir el nivel de porcentaje, sino que las personas que tienen la desdicha de vivir cerca o en los márgenes del río Santiago no estén oliendo, que no se estén enfermando. Mientras no cambie, eso y nada es lo mismo”.LA VOZ DE LOS EXPERTOSJosé Antonio Gómez Reyna (investigador del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara)Las autoridades ambientales son omisas en la inspección y sanciones a las empresas que contaminan la cuenca del río Santiago, advirtió el doctor José Antonio Gómez Reyna, investigador de la Universidad de Guadalajara. Sostuvo que a nueve años de la macrorrecomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) la polución en el río no ha disminuido, al contrario, la situación se agrava. “No hay ningún avance tácito o real que digas la acción fue esta, la contaminación bajo esto. Los niveles de contaminación del río tienen varias condicionantes. El problema es que desde la macrorrecomendación a la fecha no hay responsables, ha sido una simulación continua”, explicó.El integrante del Observatorio Ciudadano del Agua aseveró que la disminución en el número de multas emitidas por la Profepa es porque han dejado de hacer su trabajo. El investigador destacó que no se tiene un monitoreo actualizado sobre la calidad del agua del río.“La mayoría de los contaminantes del río son industriales, no son contaminantes que se producen en una casa. Un ejemplo, si hablo de talio, mercurio, plomo, etcétera; sólo en un proceso industrial vamos a encontrar este tipo de materiales que se encuentra en los cuerpos de agua”, concluyó el especialista.Cindy Claudia McCulligh (doctora en Ciencias Sociales por el Ciesas de Occidente)Las industrias que vierten sus aguas al río Santiago se rigen bajo normas laxas, escasamente vigiladas y aplicadas, dependiente del automonitoreo y la autorregulación. El sistema normaliza e invisibiliza la actividad contaminante, así como la degradación ambiental en general, asevera Cindy Claudia McCulligh, doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) de Occidente.McCulligh presentó en 2017 la tesis “Alcantarilla del progreso: Industria y Estado en la contaminación del río Santiago en Jalisco”, en la que documenta que las empresas no cumplen la norma mexicanas vigentes en materia de agua.“Es lo que llamo la corrupción institucionalizada, que es el sistema de generación y aplicación de la normatividad ambiental que favorece los intereses privado sobre el bien común. Demuestro que existe a través de un sistema que privilegia la autorregulación, donde hay un sistema de inspecciones que no funciona, que hace énfasis en la parte recaudatoria”, indicó.La doctora en ciencias sociales agregó que hay muy pocas revisiones a industrias, por lo que siguen sin freno. “A nivel nacional la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene la capacidad de inspeccionar a cada usuario que cuenta con un permiso de extracción o descarga una vez cada 61 años. La sanción procede de esos procesos, básicamente la contaminación puede proceder con impunidad”.Cindy Claudia McCulligh acentuó que una de las grandes debilidades de la macrorrecomendación es que no implica a la Conagua. “Es un buen punto de referencia pero no es la panacea, requiere que la acción fuerte sea del Gobierno federal, quienes no están llamados a dar cuentas”.
