Mediante cinco subastas públicas, el Gobierno del Estado ha enajenado, en lo que va de la administración, un total de 759 vehículos oficiales que fueron sacados de circulación de áreas operativas y administrativas de distintas dependencias. A cambio, se recuperaron 28 millones 987 mil pesos.

Mauricio Gudiño Coronado, subsecretario de Administración, explica que, por sus condiciones, los vehículos ofertados representaban un alto gasto, ya que debía invertirse en combustible, neumáticos y piezas para su mantenimiento o reparación, así como para el pago del refrendo, verificación y póliza de seguro.

Este año, por ejemplo, tuvieron lugar tres subastas tras el compromiso de reducir el parque vehicular ante el incremento del precio de los combustibles. En la primera se ofertaron 116 vehículos, principalmente de alto cilindraje; luego se adjudicaron 281 automotores, y el mes pasado, tuvo lugar la tercera subasta del año, en la que se vendieron 183 unidades.

La política de subastas inició en el año 2013, cuando se enajenaron 60 unidades de lujo por las que obtuvieron ocho millones 207 mil pesos, como parte del programa permanente de austeridad anunciado por la administración estatal.
Los modelos de los automotores subastados van del año 1989 hasta el 2012. 

“Hay algunos vehículos comprados por esta administración, pero la mayoría de los autos subastados tiene más de seis años de uso”, refirió el subsecretario estatal.

De acuerdo con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), el mayor número de unidades subastadas pertenecía a la Fiscalía General (268), la Secretaría de Educación (98), Movilidad (85) y Desarrollo Rural (71), entre otras dependencias.

Con estas subastas se ha logrado reducir el parque vehicular oficial y para el próximo año se prevé otro remate en el primer trimestre, “tenemos alrededor de 100 autos en los almacenes del Gobierno del Estado listos para la siguiente subasta”, anticipó Gudiño, quien considera que la política de subastas ha sido un éxito, “hemos logrado vender 100% de lo ofertado”.

Para Hugo Briseño, investigador de la Universidad Panamericana, una de las ventajas de las subastas es la reducción del parque vehicular, mientras que Antonio Ruiz, de la Universidad de Guadalajara, añade que “es una buena medida porque contribuye a deshacerse de los vehículos que no se utilizan y al reducir costos permite reasignar recursos a rubros de mayor importancia”.  

A través del Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar del Gobierno, creado en marzo de este año con la finalidad de ayudar a las personas luego del aumento en el precio de los hidrocarburos de enero pasado, se han invertido 19 millones 497 mil pesos recaudados a través de subastas en calentadores solares, camiones y camionetas para transporte escolar.

Total 5,133 vehículos    

Reducen consumo de gasolina

Entre enero y noviembre de 2016 y el mismo periodo de 2017, el Gobierno del Estado disminuyó 19% el consumo en combustible, al pasar de 21 millones de litros a 17.7 millones, como resultado de las medidas que anunció el Ejecutivo tras el alza en el precio de las gasolinas a inicios de este año.

“Enfrentar el incremento de gasolina sin accionar ninguna estrategia nos hubiera costado más de 65 millones de pesos al Gobierno, hubiéramos tenido que pedir una ampliación”, asegura Mauricio Gudiño, subsecretario de Administración, quien acentúa que el consumo de gasolina se vio reducido en tres millones 300 mil litros menos.

Para lograr esa meta se pusieron en marcha dos estrategias este año: la reducción del parque vehicular de la administración estatal a través de las subastas en las que se pusieron a la venta autos, por los que se obtuvieron 19 millones 497 mil pesos, y la reorganización de los vehículos administrativos y operativos para disminuir el consumo de gasolina.

También se compraron 67 coches híbridos de modelo reciente (se invirtieron más de 20.5 millones de pesos) y 13 vehículos de motor eléctrico, “el próximo año seguiremos comprando”.

De acuerdo con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), este año el presupuesto para compra de combustible para vehículos oficiales de las dependencias es de 319.7 millones de pesos. En 2016 se destinaron 308.5 millones.

Otro avance se dio en el proceso de reconversión de unidades a gas natural para disminuir el consumo de gasolina y las emisiones contaminantes.

“Ya hicimos todas las pruebas piloto con la Fiscalía del Estado y trabajamos con la Agencia de Energía para que particulares instalen estaciones de gas natural en la Zona Metropolitana de Guadalajara”, detalla el funcionario.

A través de la prueba piloto en unidades de la Fiscalía del Estado, la cual cuenta con dos mil 489 vehículos, se realizaron mediciones de variables de aceleración y desaceleración de las patrullas, los kilómetros recorridos, las rutas y cuestiones de seguridad.

Una vez que se instalen las estaciones, se activará la conversión de mil unidades oficiales de ocho cilindros a cargo de las diferentes dependencias del Gobierno, “estamos listos para hacer la conversión y estamos esperando que haya estaciones de gas natural”.

Hasta ahora una de las limitantes ha sido la falta de infraestructura de surtimiento de gas natural, pero en los próximos meses se instalarán siete proyectos en diferentes puntos de la ciudad.

El segundo reto es el esquema financiero, aunque se pretende que el ahorro resultante pague la conversión. De acuerdo con Gudiño, la conversión tiene un costo de entre dos mil y dos mil 500 dólares por unidad; sin embargo, con el ahorro de 50% en el gasto de combustibles, la inversión se podrá recuperar en seis meses.

Una de las razones para llevar a cabo la reconversión, es que el gas natural es más barato que los combustibles tradicionales y no depende de los precios del petróleo, al alcanzar un precio máximo de 8.31 pesos por litro, mientras que el de la gasolina magna es superior.

Para el investigador Hugo Briseño, de la Universidad Panamericana, es importante que el Gobierno ponga el ejemplo al convertir sus unidades a gas natural: “Es fundamental que se lleven a cabo estas iniciativas por el tema del medio ambiente, sobre todo porque el Gobierno debe dar el ejemplo para fomentar esta cultura”.

Por su parte, el académico Antonio Ruiz recomienda que se priorice la reconversión en unidades nuevas ya que los motores de las usadas están diseñados para funcionar con gasolina, por lo que incrementaría el costo de transformarlos, “sí sería conveniente, pero exclusivamente sobre vehículos nuevos”.

CONGRESO DE JALISCO

Diputados evitan regular el uso de los vehículos 

En mayo del año pasado, el ciudadano Guillermo Carrillo se acercó a la Coparmex y al diputado independiente Pedro Kumamoto para encontrar vías de regulación que protejan el buen uso de los vehículos oficiales, dando como resultado una iniciativa de ley presentada al Congreso que pretendía colocar identificadores o logotipos claros y visibles para cada vehículo oficial, que expongan tanto el tipo de uso que debe darse como un número de denuncia, entre otros.

Lo anterior después de que se documentara el caso de una funcionaria de la Secretaría de Medio Ambiente que utilizó un vehículo oficial para visitar la playa de La Manzanilla, en La Huerta.

La iniciativa buscaba controlar el buen uso de las casi 13 mil unidades oficiales en Jalisco, cuyo gasto ascendió en 2015 a mil 274 millones de pesos. Sin embargo, los diputados aprobaron la iniciativa para que sea parte del reglamento del Congreso, dejando fuera al resto de la flota vehicular perteneciente al Gobierno del Estado, organismos paraestatales, municipios y Poder Judicial.

Claudia Ramírez Ramos, coordinadora de Trabajo Legislativo del diputado Pablo Torres, detalla que la iniciativa fue aprobada con modificaciones para que sea obligatoria en el caso de los vehículos oficiales del Congreso, “esto significa que los vehículos oficiales del Congreso tienen que cumplir con las regulaciones marcadas en la iniciativa, pero no el resto de las dependencias gubernamentales, como era la intención desde un principio”.

Para sacar adelante la propuesta original, el diputado Pablo Torres pretende que la iniciativa sea reforzada.

 “Lo que buscaremos es la presentación de una iniciativa reforzada y protegida para que su implementación se haga para todas las dependencias gubernamentales al igual que la fiscalización de los mismos”, señaló la funcionaria.

La consecuencia de no tener este tipo de regulaciones que inhiben la opacidad es que no se puede conocer ni exigir el buen uso de los vehículos oficiales, pese a que se trataba de una idea emanada de la sociedad civil que pretendía lograr que los funcionarios dejen de realizar sus diligencias personales en los vehículos que les fueron asignados para trabajar. Y, a la distancia, establecer políticas de austeridad para reducir el gasto erogado.

Sobre la iniciativa, el subsecretario Mauricio Gudiño puntualizó que cada dependencia debe tomar las medidas necesarias para determinar el buen uso de los vehículos, “cada dependencia y funcionario es responsable de la utilización de los autos, muchos de los vehículos están rotulados para que la ciudadanía esté enterada del uso que les darán y cada dependencia determina la estrategia en este sentido”.

En tanto, Hugo Briseño, jefe de la Academia de Finanzas de la Universidad Panamericana, considera que se deben cumplir las medidas de austeridad anunciadas al inicio de la administración que obliga a que solamente se utilice el parque vehicular oficial para cuestiones laborales y no para actividades personales.

“El hecho de identificar al vehículo con algún engomado o señalamiento es importante porque así las personas podrían reportar cuando los funcionarios hagan mal uso del vehículo, algunas empresas utilizan este tipo de medidas”, subrayó.

Por su parte, Antonio Ruiz Porras, académico de la Universidad de Guadalajara, sugirió impulsar una regulación de los vehículos oficiales, sin contemplar el parque vehicular de Protección Civil y Seguridad Pública, para evitar el uso discrecional de las unidades.

La propuesta

En esencia, la anterior propuesta consistía en rotular los vehículos oficiales, a fin de que la dependencia a la cual pertenecen fuese fácilmente identificable por los ciudadanos, y que además muestren el uso que debe dárseles. También impulsa que tengan un número visible de denuncia, a fin de incentivar que los funcionarios y servidores públicos que los conducen les den un buen uso.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

“Deben deshacerse del parque vehicular obsoleto”

Antonio Ruiz Porras (Investigador de la Universidad de Guadalajara)

Para el coordinador del doctorado en Economía de la UdeG, las subastas de autos cuyo mantenimiento resulta costoso, como las realizadas por el Gobierno del Estado, deben replicarse en otras áreas de la administración pública, “si se trata de bienes que no se utilizan y es un parque vehicular parado que sólo causa gastos, es conveniente aplicar esta medida en otros espacios de Gobierno y Secretarías”.

A decir del especialista, una de las ventajas de subastar los vehículos oficiales es que contribuyen a que se vendan por encima de los precios de remate, que es normalmente el precio al que se venden los autos que han dejado de tener utilidad.

“Las subastas ayudan a ajustar los precios en función de las características y precios de mercado y, mientras estos procesos sean transparentes y de libre acceso, pueden ser útiles no sólo para mejorar las finanzas públicas sino incluso para los mismos compradores de dichos autos”.

De esta manera, los mecanismos de las subastas pueden contribuir a mejorar la situación de las finanzas públicas al reducir el gasto de la administración pública. La recomendación es utilizar los recursos obtenidos para subsanar las limitaciones de los servicios públicos, como puede ser mejorar la infraestructura hospitalaria del Estado.

“Falta utilizar plataformas digitales para la venta”

Hugo Briseño Ramírez (investigador de la Universidad Panamericana)

De acuerdo con el jefe de la Academia de Finanzas de la Universidad Panamericana, la subasta de vehículos oficiales es una medida positiva para deshacerse de la flota vehicular “ociosa”, siempre y cuando no se descuiden los autos que requieren las actividades operativas de los niveles bajos e intermedios de la administración pública.

Aunque de manera marginal, a decir de Hugo Briseño, se trata de una buena política para disminuir el número de vehículos en circulación. Recomienda acompañar las subastas de medidas para desincentivar el uso del automóvil e impulsar la movilidad no motorizada y el uso del transporte público.

Para garantizar la transparencia en los procesos de subasta, el investigador de la Escuela de Ciencias Económicas Empresariales pide aprovechar las plataformas digitales y las redes sociales para que estos procedimientos puedan tener mayor alcance, “se deben usar este tipo de mecanismos, las páginas de internet de los organismos, incluso generar una página exclusiva de este tipo de enajenaciones para fomentarlas”.

“Postergarlas puede ser más costoso”

Alberto Bayardo (académico del ITESO)

De acuerdo con el académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, las subastas de vehículos oficiales es una estrategia positiva porque se trata de bienes que se devalúan rápidamente con el tiempo, “mientras más años se acumulen es más difícil conseguir las piezas de refacción y, a la larga, se convierten en un gasto más costoso, sobre todo cuando se trata de vehículos utilitarios de uso intensivo que se deben renovar cada tres años”.

Por eso, la recomendación al Gobierno del Estado es continuar con estas subastas y extender su práctica a otras áreas de la administración pública, “si no se venden, a la larga puede resultar más costoso en términos del valor del bien y después ya no se puede recuperar ese precio, terminan vendiéndose como chatarra, mientras que en una subasta se alcanza a recuperar algo de valor”.

Para garantizar la transparencia en los procesos, sugiere difundir y publicar el listado de vehículos en medios de comunicación, donde se incluya el tipo de auto y condiciones en que se encuentran. 

“Debería tenerse un padrón vehicular actualizado permanentemente y que se pueda consultar en línea para que los interesados puedan ir a las subastas”.

Por otra parte, antes de cada subasta los vehículos deben ser evaluados para determinar su precio de mercado, en lugar de considerar solamente lo que estipule el libro azul, “un valuador debe estimar cuánto va a costar reparar cada auto y sobre eso se debe establecer un precio base”.

De acuerdo con el especialista, una buena opción para invertir el recurso recaudado a través de las subastas es el Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar para evitar que se vaya al pago de nóminas y gasto corriente, “tendría que estar muy clara la asignación”. 

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