Viernes, 07 de Agosto 2020
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Jalisco

Pese a violencia, víctimas padecen por los recortes

Apenas 313 personas fueron apoyadas entre enero y abril con el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral: una décima parte de los tres mil 320 beneficiados en 2019

El Informador

Pese al aumento de víctimas en el país, apenas 313 personas fueron apoyadas entre enero y abril con el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral: una décima parte de los tres mil 320 beneficiados en 2019, reporta la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Este fondo es para la asistencia, compensaciones por atropellos de autoridades y para los afectados de la delincuencia.

Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, exige la armonización de la Ley de Víctimas en Jalisco, que cumplió dos años de retraso.

Priorizan fondo de víctimas para los gastos funerarios y traslados

Entre enero de 2015 y abril de 2020, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral erogó dos mil 204 millones de pesos en apoyos a las víctimas en el país. Y ocho de cada 10 peticiones pagadas han sido por el concepto de “gastos funerarios, alimentación, alojamiento y traslados”, con seis mil 736 beneficiados (de un total de ocho mil 463 en ese periodo en todos los conceptos). 

Los otros apoyos fueron por compensación por la violación de los derechos humanos cometidos por autoridades federales, con mil 017 ciudadanos ayudados; por compensación subsidiaria por la comisión de delitos del fuero federal, con 678 víctimas; medidas de satisfacción, con 31 personas, así como un beneficiado con la medida de restitución.

El 3 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas (LGV). 

Como parte de los cambios se incluyó en el Artículo 6  el concepto de recursos de ayuda, como los gastos de apoyo inmediato, asistencia, atención y rehabilitación.

Respecto de la armonización legislativa en el país, Jalisco es una de las 19 Entidades que no han cumplido con las reformas del 3 de enero de 2017, apunta la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en su informe sobre el avance en este rubro.

De acuerdo con el desagregado local, en Jalisco tampoco hay instituciones públicas que atienden a las víctimas, por lo que actualmente opera con la Ley de Atención a Víctimas del Estado (de febrero de 2014). Aunque sí cuenta con una comisión estatal instalada.

Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), subraya que la armonización es fundamental para la creación y el funcionamiento de las instituciones especializadas, además de que la Ley general presenta múltiples deficiencias en su aplicación y el proceso legislativo podría significar una oportunidad para subsanarlas. También para incorporar los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia.

Los 13 Estados que cuentan con su normatividad armonizada a la LGV del 3 de enero de 2017 son: Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Durango, Morelos, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Jalisco forma parte de los 19 Estados que todavía no armonizan leyes en la materia. EL INFORMADOR/Archivo

CLAVES

Inseguridad

Víctimas. Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública  2019 señalan que 24.7 millones de personas fueron víctimas del delito, lo que representa una tasa de 28 mil 269 víctimas por cada 100 mil habitantes, una tendencia que muestra un comportamiento ascendente.

Desaparecidos. En mayo de este año, el Sistema Sobre Víctimas de Desaparición registró nueve mil 341 casos de personas desaparecidas o no localizadas en la Entidad. En la actualización de junio reportan que los eventos crecieron a nueve mil 413: ocho mil 277 hombres, mil 128 mujeres y ocho personas con sexo no identificado.

Aseguran que tomarán en cuenta a las familias

Aunque se solicitó entrevista con Eduardo González Arana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Jalisco, respecto a la aprobación de las leyes en materia de desaparecidos, su área de comunicación compartió una  respuesta en la que afirma que la Ley de Personas Desaparecidas se aprobará hasta que sea enriquecida por los familiares, colectivos y organizaciones de la sociedad civil que participan y tienen interés en aportar en este tema.

“Para mí es un tema de la más alta relevancia, que ha lastimado mucho no sólo a los jaliscienses, sino a los mexicanos, por eso hemos sido muy cuidadosos en la elaboración de este proyecto de ley”, remarca en el comunicado González Arana.

Afirmó que en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso se busca que la iniciativa de ley pueda ayudar a construir confianza entre la sociedad y el Gobierno, por ello aseguró que en los próximos días se hará llegar el proyecto de dictamen a los familiares de las víctimas, a las distintas organizaciones sociales y colectivos. 

También recordó que en los próximos 15 días no habrá sesiones del pleno debido a los casos positivos del COVID-19 entre diputados y personal del Legislativo.

Los colectivos exigen búsqueda inmediata y rendición de cuentas

El pasado 17 de julio, la asociación Tómala organizó una rueda de prensa para exigir que se tomaran  en cuenta las aportaciones realizadas para la publicaciones de la Ley de Atención a Víctimas de Jalisco, la Ley de Personas Desaparecidas y la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas, debido a que la Entidad es segundo lugar en desaparecidos.

Representantes de las organizaciones remarcaron que,  pese al trabajo realizado,  les han filtrado versiones de las propuestas que se pretenden subir al pleno del Congreso local, las cuales no incluyen las observaciones hechas por las familias afectadas y los especialistas.

Anna Karolina Chimiak acentúa que en las actuales propuestas detectaron limitaciones en cuestiones relacionadas a temas como búsqueda inmediata o la responsabilidad de superiores jerárquicos.

Este último punto se pidió para la creación de la Ley General en materia de Desaparición, que no se tomó en cuenta como lo planteaban las familias. “En Jalisco constituiría una oportunidad importante, sabiendo que el delito de desaparición incluye varias cadenas de mando”.

Por otro lado, piden rendición de cuentas a través de la figura del consejo ciudadano para que sea el órgano de consulta del Sistema Estatal de Búsqueda.

“Pero lo reducen al órgano de consulta de la Comisión de Búsqueda. A su vez, no amplían sus atribuciones en cuanto al acceso a la información sin ninguna restricción. Y no ajusta ni otorga más garantías en cuanto al cumplimiento… y las garantías de cumplimiento para las recomendaciones”. Por eso proponen indicadores para medir la eficacia de la localización de las personas y las políticas públicas. 

Chimiak indica que en las leyes tampoco incluyen atribuciones de los municipios. Dice que se regulaban sus atribuciones en panteones forenses o en el Registro Civil relacionado con la declaración especial de ausencia por desaparición, o los temas de búsqueda y prevención.

“Eso tampoco se considera… ni los aspectos relacionados a la desaparición de menores y el protocolo Alba. No es sólo reincorporar las observaciones, sino retomar el diálogo y la revisión conjunta para, en ese sentido, ir reflexionando los contenidos, con base en  las necesidades de las familias”.

Familias y colectivos exigen al Congreso de Jalisco que todas sus propuestas sean integradas en la armonización de las leyes en materia de víctimas y desaparecidos. EL INFORMADOR/F. Atilano

Piden evaluación estatal

Anna Karolina Chimiak recuerda que en Jalisco se tiene el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas, el cual presenta un reto en el aspecto del acceso a los apoyos. Al respecto, considera que es importante realizar un diagnóstico de su funcionamiento.  “No contamos con ninguna evaluación que pudiera darnos indicadores transparentes y eficaces, como reducir la burocracia, hacer difusión de las funciones y que las víctimas sepan que existe esta institución”.

Alejandra Nuño, titular del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, advierte que vienen momentos complicados en materia presupuestal. Además, a nivel federal acaba de renunciar la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez.

El presupuesto de Jalisco indica que el Modelo Integral de Atención a Víctimas tiene un recurso por 36.8 millones de pesos (27.7 millones de pesos para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas del Delito o de Violaciones a Derechos Humanos, así como 9.1 millones para víctimas atendidas en materia de delitos y de violaciones a derechos humanos).

Sin embargo, en la página de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Jalisco no hay transparencia en la entrega de apoyos. Y las unidades no responden solicitudes de información.

De acuerdo con los últimos resultados publicados, en 2017 se brindaron 13 mil 840 atenciones jurídicas, psicológicas, médicas y de trabajo social, además de 45 compensaciones.

GUÍA

Afecta el recorte

  • En junio pasado se anunció un recorte de 75% al gasto corriente del presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el cual asciende a 139.4 millones de pesos para todo el país,  por lo que la dependencia anunció que eso frenaría sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento.
  • Por ese motivo tendrá que reducir la nómina porque la mayor parte del personal es eventual. También el pago de rentas, agua, luz, telefonía e internet de oficinas centrales y los 32 Centros de Atención Integral que hay en el país.
  • Advierte que sin defensa legal, la CEAV incurrirá en el incumplimiento de las sentencias, “las cuales consumirán rápidamente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, por lo que no habrá recursos para ayudar a las víctimas con medidas de alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones ni compensaciones”.
  • Y no habrá abogados suficientes para emitir resoluciones y hacer los análisis jurídicos técnicos de derechos humanos en indemnizaciones por daños, lo cual terminará por impedir que las víctimas puedan acceder a la compensación. “Quedará pendiente la elaboración de un nuevo modelo de compensaciones a nivel nacional, con estándares homologados, criterios internacionales y un enfoque de protección de derechos humanos”.
  • La Comisión detalla por Transparencia que su presupuesto de este año era de 855 millones 454 mil 264 pesos, con corte al 13 de julio de 2020.
En junio pasado se anunció un recorte de 75% al gasto corriente del presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. NOTIMEX/Archivo

TELÓN DE FONDO

Solicitan medidas cautelares por el caso de Giovanni López

El pasado 27 de julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró que el homicidio del joven Giovanni López coloca a sus familiares en una situación de peligro real, de vulnerabilidad y riesgo extraordinario dentro de su comunidad, por lo que solicitó la implementación de medidas cautelares a las autoridades estatales, “con el objeto de establecer las medidas necesarias para brindar seguridad y protección a los familiares del joven Giovanni López, y evitar poner en riesgo la integridad física y la vida de éstos”. La CNDH también les pidió tomar acciones para evitar nuevos actos intimidatorios, que se les reconozca la calidad de víctimas y tengan acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con la Ley de Atención a Víctimas de Jalisco”.

A través de un comunicado, la institución precisó que las citadas medidas cautelares fueron notificadas en su oportunidad a las autoridades y el 24 de julio pasado recibieron las respuestas de aceptación.

López fue detenido por elementos de la Policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, presuntamente por no utilizar cubrebocas. Luego se informó que falleció en las instancias municipales, tras las lesiones recibidas. La Comisión enfatizó que los familiares refirieron haber recibido amenazas de muerte y fueron objeto de actos intimidatorios por parte de los policías municipales, “situación que advirtieron sus propios vecinos, viéndose en la necesidad de abandonar su comunidad”.

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