La Procuraduría Social de Jalisco es un apoyo del Ministerio Público para agilizar los conflictos en materia civil, familiar y laboral. Por eso se han incrementado las asesorías gratuitas de la dependencia, a pesar de la pandemia.  

Entre las atenciones físicas y electrónicas, en 2019 apoyaron a 46 mil 517 personas; sin embargo, el año pasado se otorgaron 50 mil 599 servicios en la Entidad.

En la metrópoli los temas de mayor conflicto entre la población son las asesorías para el divorcio sin causa, los juicios de alimentos de menores de edad, los divorcios por mutuo acuerdo y las custodias, de forma respectiva.

Se atiende en la sede central de avenida Alcalde 1351, en Guadalajara, en 81 oficinas distribuidas en el Estado, sin contar siete instalaciones que estarán en este año en Tlaquepaque, Ixtlahuacán del Río, Poncitlán, Degollado, Atenguillo, Tomatlán y Cabo Corrientes. El teléfono de contacto es el 33-3030-2903.

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Procuraduría promete reforzar las asesorías gratuitas en Jalisco

La Procuraduría Social de Jalisco  informa que en mes y medio estará listo el proyecto para mejorar la atención ciudadana que se brinda en Ciudad Judicial del Estado.

Aunque actualmente hay tres oficinas especializadas,  la canalización para la atención se hace desde el edificio central (avenida Alcalde 1351) y  los ciudadanos puedan llegar directamente a pedir las asesorías.

“La meta no es solamente agilizar todo, sino darle acceso a la justicia a la gente. Ya está lista el área civil, estamos en desarrollo del programa específico”, subraya la Procuraduría Social.

Sobre cuánto afectó el cierre de los  juzgados a los casos que se llevan desde la Procuraduría Social del Estado, explicó que, por ejemplo, en el tema de los  juicios de alimentos hay ocasiones en que se presentan los escritos para darle impulso procesal, pero el juzgado está cerrado.

“Las audiencias se han retardado. Muchos temas estuvieron retrasados porque durante meses estuvieron cerrados los juzgados… es un acumulado que no se ha podido abatir”.

Otra meta que se tiene para este año es abrir siete oficinas de atención en los municipios de Ixtlahuacán del Río (recién inaugurada), Poncitlán, Degollado, Atenguillo, Tomatlán, Cabo Corrientes y Tlaquepaque, las cuales se sumarán a las 81 sedes que hay en Jalisco.

Por otro lado,  acaban de reactivar el programa  “Te  respaldamos”, que estuvo suspendido un año debido a la pandemia.

Este programa, que no entra en las estadísticas de las asesorías gratuitas, trata de llevar abogados y trabajadores sociales a que brinden consultorías en las plazas públicas de distintos municipios.

Para cuidar la sana distancia, el protocolo de atención consiste en que la gente llega, se registra y, al sumar 30 personas, a la número 31 se le pide que regrese media hora después, con el objetivo de que no existan aglomeraciones.

Anteriormente podían esperar sentados, pero ahora otorgan espacios para que la gente acuda sin reunirse  y garantizar que no se contagien del COVID-19.

 El próximo 22 de marzo estarán en Tepatitlán y el 16 de marzo en Encarnación de Díaz.

Todos los ciudadanos pueden solicitar asesorías legales gratuitas. 

Los requisitos se piden cuando el asunto se lleva a juicio.

Padece la crisis en los juzgados

Laura de la Cueva es una de las afectadas por los atrasos de casos en los juzgados, ya que tiene vencidas 15 mensualidades de pensiones alimenticias. Explica que su juicio de divorcio comenzó en 2014. Sin embargo, tras varias irregularidades, el asunto empeoró desde que comenzó la pandemia.

Dice que la última pensión que le llegó de su pareja fue la correspondiente al mes de noviembre de 2019; es decir, que están vencidas desde diciembre de ese año.

“Ellos  contestan que las pensiones son prioridad, pero en la práctica no lo hacen...  y ahora que se cambió de juez, en el Juzgado Primero Familiar, con expediente 2160/2014,  lo único que han hecho es un acuerdo con lo que les dije. Pero comentan que el juez no recibe citas porque es una persona vulnerable (al nuevo coronavirus)”.

Lo que más desespera, indica,  es que en todas las veces que acudió no le explicaron la razón o el motivo por el cual no avanza su proceso.

“A veces dicen que no está el expediente, que no se han acordado, que el expediente está en acuerdos…  pero el caso es que  no toman conciencia de lo difícil que es un divorcio, las injusticias. Y mientras no dicten sentencias no puedo trabajar”.

Remarca que aunque lleva su caso con una abogada particular, son muchas las mujeres que padecen la misma situación. “Hay mujeres desesperadas,  me ha tocado ver señoras con muchos niños y que no les ayudan con la pensión”.

Por ese motivo, considera,  las mujeres deciden no separarse o evitan llevar los casos por la vía penal. “Ojalá los juzgadores tomen conciencia y ayuden a que se deje de pasar la violencia emocional que vivimos. Porque pasamos de la violencia emocional y física del marido,  a la violencia emocional de los juzgados”.

ESTADÍSTICA

Pese a la pandemia, crecen asesorías 

Debido a la pandemia cambiaron las formas en que la Procuraduría Social de Jalisco brinda asesorías legales gratuitas. De acuerdo con información  brindada por la dependencia, el año pasado otorgaron 50 mil 599 servicios en toda la Entidad, de las cuales 39% fueron en la modalidad a distancia, ya sea a través del correo electrónico o la videollamada. Mientras que en  2019 registraron 46 mil 517,  pero sólo 22% en esa modalidad.

En términos generales, disminuyeron las asesorías presenciales, además de que en ambas modalidades dieron menos asesorías en la Zona Metropolitana de Guadalajara, pero más en las regiones del interior del Estado. 

En la metrópoli, los temas en los que se pidieron más asesorías fueron divorcio sin causa,  juicio de alimentos, divorcio por mutuo acuerdo y custodia.

La Procuraduría Social afirma que las consultorías a distancia tienen las mismas características que las presenciales. “La idea es aclarar todas las dudas,  reunir todos los elementos, y obviamente que sea lo más rápido posible. Las mismas preguntas se contestan por chat o por videoconferencia. Tenemos la plataforma de Zoom...  es la que usamos  para dar asesorías telefónicas por  video.  Y desde el chat usamos el  WhatsApp”,  subraya  la  Procuraduría.

Detalla que, aunque en el edificio central trabajan en horario normal, no se pueden recibir a más de 30 personas al mismo tiempo,  por lo que se pide que hagan cita para que regresen después.  “Se estaban tardando varios días porque el Gobierno no había terminado con la prohibición por el botón rojo, pero ahora la tardanza es mínima”.

Jorge Luis González, profesor de Estudios jurídicos de la Universidad de Guadalajara, explica que las asesorías, que se brindan de oficio, van dirigidas a las víctimas u ofendidos en el proceso penal. Sin embargo, recuerda que hay un rezago en la procuración y en la impartición.

LA VOZ DEL EXPERTO

Alerta por la afectación en la justicia

Jorge Luis González Monteón, profesor de Estudios jurídicos de la Universidad de Guadalajara. 

El académico Jorge Luis González Monteón,  profesor de Estudios jurídicos de la Universidad de Guadalajara, destaca que el cierre de los juzgados ha derivado en afectaciones en la impartición y procuración de la justicia en Jalisco.

“Hay casos en que no han juzgado a personas, que debieron juzgarlos en un año y llevan tres años sin llevarlos a la sentencia, sin fijar fecha para la audiencia del juicio oral. El término máximo para juzgar a una persona es de un año, pero no justifica que la prisión preventiva se prolongue tanto tiempo”.

Recuerda que la Procuraduría Social relevó las funciones que desempeñaba el Ministerio Público en los juicios civiles, familiares y laborales, además de que también coordina la defensoría pública, conocida como defensoría de oficio.

“En las investigaciones de carácter penal donde hay detenidos se debe acudir a un defensor público, que ahora dependen de la Procuraduría Social. Esto antes estaba en manos del Poder Judicial, la defensoría de oficio. Ahora el Ejecutivo lo designa”.

Y de la misma manera, recalca, otorga asesoría jurídica al área ofendida. El defensor público es para el imputado, en caso de que no tenga un particular; y del lado de la víctima u ofendido, pueden tener a un defensor, como un asesor jurídico.

“El asesor jurídico debe de coadyuvar con el agente del Ministerio Público para aportar los medios de prueba, acreditar la responsabilidad penal del imputado, y cuando lo justifique, la reparación del daño. Para que el Ministerio Público los haga valer ante el juez, es importante la tarea del asesor jurídico del lado de la víctima u ofendido”.

Pierden datos

La Procuraduría Social de Jalisco confirma por Transparencia que no puede brindar datos sobre las asesorías legales brindadas en los primeros 11 meses de 2018 porque se perdieron los informes.

Detalla que el servidor de datos donde se encontraba la información digital  de los registros de usuarios de la Jefatura de Atención Ciudadana y otras áreas sufrieron daños causados por una variación del voltaje durante el 29 de noviembre de 2018, antes del cambio de administración estatal, lo que dañó el equipo electrónico que contenía los discos duros y la información de los expedientes digitales de los usuarios en la tarjeta madre del mismo servidor, por lo que se perdieron los registros digitales de enero a noviembre de 2018.

“Es materialmente imposible que se genere o se reponga la información que se solicita. Si bien son temas relacionados a las obligaciones de esta Procuraduría Social, después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa, no se encontró respaldo de la información señalada”.

GUÍA

Suspenden cinco meses las visitas a los actos jurídicos

En el Segundo Informe de Gobierno, la Procuraduría Social de Jalisco reportó que las visitas a los actos jurídicos estuvieron  suspendidas entre abril y agosto de 2020, cuando se reactivaron los términos legales y con ello las actividades.

“El cierre de las instalaciones de la Ciudad Judicial, también fue un factor para la interrupción en las actividades que realiza la Procuraduría Social, por ejemplo, en materia de las visitas a los actos jurídicos”.

Según el documento, durante abril de 2020 solamente el 50% de las oficinas regionales de la Procuraduría Social operó con citas presenciales. La operación se incrementó a 77% en junio. En julio, se alcanzó 90%. Y para septiembre de ese mismo año se tenía el 100% de las oficinas funcionando bajo estrictas normas sanitarias.

Sobre las personas patrocinadas en juicio, se afirma que los abogados especializados continuaron brindando sus servicios, respetando los protocolos sanitarios y de higiene emitidos por la Secretaría de Salud.

En el contexto de la pandemia del COVID-19, se llevaron las primeras audiencias virtuales en materia familiar.

Para el ejercicio fiscal de 2020, la dependencia contó con un presupuesto inicial de 155.2 millones de pesos, pero a causa de la pandemia 2.8 millones fueron asignados al Plan Jalisco COVID-19, se destaca en el informe.

El rezago y los ejemplos

Durante cinco meses del año pasado estuvieron cerrados los juzgados en la Entidad. Abogados afirmaron que tienen pendientes miles de casos y expedientes en distintas materias jurídicas. Aunque en otros Estados se implementaron juzgados virtuales, en Jalisco solamente había un sistema de notificaciones electrónicas para los procesos en los juzgados y en segunda instancia (magistrados).

Miguel Ángel Ríos, uno de los primeros abogados que regresó a trabajar, contó que en la Oficialía de Partes presentaron 20 de las casi 100 demandas y casos que tenía detenidos desde marzo, cuando inició el paro de labores.

“El sistema ya estaba colapsado desde antes de la pandemia, pero esto sólo vino a demostrar que urge una digitalización, como en la Ciudad de México, para agilizar los procesos”, refirió.

A diferencia de Jalisco, Nuevo León cuenta desde 2016 con un sistema de procesamiento de información electrónico donde se inician los juicios, se integran y se da trámite a los expedientes electrónicos en todos los asuntos que son competencia de los órganos jurisdiccionales. También celebran audiencias vía remota.

Por otra parte, el Estado de México implementó su Tribunal Electrónico con el establecimiento de la Firma Electrónica Judicial, lo que permitió que litigantes y ciudadanos resolvieran sus asuntos vía digital.

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