Exigen aplicar Ley de Salarios Máximos a todos los funcionarios

CIUDAD DE MÉXICO.- El legislador Pablo Gómez llamó a los diputados federales a reflexionar y no modificar la iniciativa de Ley de Salarios Máximos que aprobó el Senado para que pueda aplicarse a todos los servidores públicos, no sólo a los de elección popular. 

En entrevista, el perredista criticó los cambios que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados hizo a esa legislación para que sea aplicada solamente a los funcionarios públicos electos por el voto, que son una minoría. 

Explicó que la mayoría de los servidores públicos en México son designados, no electos, y aplicar una ley a unos cuantos no vale la pena porque dejaría que los altos funcionarios tengan acceso a cualquier salario, que va contra la legislación en el rubro que aprobó el Senado. 

El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aclaró que no se oponen a que la Cámara baja modifique esa legislación para mejorar el proyecto, pero la restricción que se incluyó es una mutilación pues "regresaron un proyecto distinto".  

El PRI a favor

El PRI en la Cámara de Diputados se retractó y anunció su voto a favor de regular los salarios de todos los servidores públicos, sin excepción.

En tanto, el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, llamó a crear tabuladores salariales que incluyan todo tipo de prestaciones y remuneraciones, para que los topes sean reales.

Por ejemplo, en el caso de un diputado, éste recibe de dieta 77 mil pesos mensuales, a los que se suman otros 77 mil pesos para atención ciudadana y gestión legislativa, más dinero en efectivo o bonos de boletos de avión para su traslado, un seguro médico, vales de despensa, de gasolina, pago de recetas médicas, entre otros.
 (Agencias)

CRÓNICA

Iniciativa “en coma”

Atrapada en la red de intereses, presiones, choque de enfoques jurídicos y cálculos de pérdidas o ganancias electorales, la iniciativa de la llamada Ley de Salarios Máximos está en coma, y hasta la próxima semana, después del puente, se sabrá si sobrevive o no.

Ayer, en San Lázaro, unas fueron las declaraciones de los legisladores para la prensa, y otras sus expresiones a puerta cerrada:

Así, los panistas insistieron en que no están dispuestos a aprobar reformas que sin ninguna dificultad podrían ser calificadas de inconstitucionales. Agregaron que se debe respetar la división de poderes y la soberanía de los estados, por lo que no se pueden imponer reglas como en el caso de los salarios.

Por el lado priista, Raúl Cervantes, quien el miércoles pasado, en la comisión dictaminadora del proyecto se unió a los representantes del PAN, dijo que votará de acuerdo con sus compañeros de partido, para que también se ponga tope salarial a los funcionarios de los organismos autónomos, tal como lo propone la minuta que llegó del Senado de la República.

Ésas, las declaraciones para las cámaras y los micrófonos. Otra la realidad:
Así, legisladores de las diversas fracciones reconocieron que han sido evidentes y constantes las presiones que llegaron desde círculos cercanos a la Suprema Corte de Justicia, y de Pemex y Banco de México, para que no se les aplicara la reforma. También se dejaron sentir manifestaciones en el mismo sentido de algunos gobernadores.

“Sin ninguna duda, por las fallas jurídicas del proyecto, en cuanto fuese aprobado, no faltarían quienes acudan ante la Corte para iniciar juicios de inconstitucionalidad. El ridículo será enorme. Además, hay servidores públicos que deben tener buenos sueldos, pues varios de ellos podrían estar en empresas privadas ganando tres o cuatro veces más de lo que reciben ahora”, confió un integrante del grupo panista que ha participado en las negociaciones.