Piden diputadas de Sonora ejercer recursos destinados a la mujer

SONORA, MÉXICO.- Diputadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) insistieron en la necesidad de aterrizar los recursos para atender diversos problemas sociales de la mujer en esta frontera.  

La legisladora panista de este Distrito I, Lina Acosta Cid, mencionó que desde el año pasado quedaron pendientes de ejercerse recursos por más de ocho millones de pesos en el tema.  

Precisó que los fondos fueron presupuestados y autorizados por el Congreso del estado de Sonora para realizarse la obra física de un albergue para mujeres maltratadas y sus hijos.

También los recursos estatales fueron autorizados para habilitar una agencia del Ministerio Público del Fuero Común especializada en violencia intrafamiliar y delitos sexuales. 

Apuntó que por alguna razón "esos recursos están pendientes de aplicarse, vamos a insistir para que a la brevedad posible se atiendan esos problemas que afectan a las mujeres".  

Comentó que incluso la fiscalía especial fue autorizada dentro de las acciones de infraestructura de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para el ejercicio del año anterior.  

En otras partidas, mencionó que también quedaron pendientes de ejercerse recursos para facilitar proyectos productivos de la mujer, pues de esa manera se pueden independizar.

Pero aclaró que desconoce el por qué las acciones presupuestales y, por consiguiente, los proyectos de obra física, se detuvieron cuando debieron cuando menos iniciarse el año anterior.  

La diputada local del PRD, Petra Santos Ortiz, coincidió con la legisladora panista en que los índices de violencia intrafamiliar son altos en esta frontera, de allí la necesidad de las acciones previstas.  

Comentó que incluso un grupo de empresarios tiene el propósito de abrir un albergue para mujeres en esta frontera, para lo cual ya se consiguió un terreno en donación.  

Aseveró que gestionará se apresuren las inversiones mencionadas, porque las mujeres y niños maltratados merecen una atención integral que debe partir del estado.  

Comentó que ahora existe un marco jurídico estatal para que las asociaciones civiles participen en la prestación de servicios sociales prioritarios, pero la autoridad debe ser la primera en atenderlos.