Organizaciones piden autonomía para el IFAI

CIUDAD DE MÉXICO (06/SEP/2010).- Las organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y de los Estados Americanos (OEA), hicieron un llamado al Gobierno federal, a sus distintas entidades y a los gobiernos estatales para garantizar que los órganos de transparencia sean “autónomos” y sus resoluciones sean “definitivas e inacatables”.

Éste llamado, lo hicieron los relatores especiales para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero, y de la ONU, Frank La Rue después de su visita al país del 9 al 24 de agosto pasado, donde se les informó que recientemente el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa aceptó revisar dos resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI).

En las conclusiones preliminares, los relatores reconocieron que antes los tribunales rechazaban los intentos de las autoridades públicas de impugnar judicialmente las resoluciones del IFAI, pero ahora, mostraron su “preocupación” después de que el Tribunal de Justicia Fiscal declaró la nulidad parcial en una de ellas, mediante la cual se había ordenado a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar las versiones públicas de las averiguaciones previas de un caso.

Por ello, manifestaron su preocupación por la existencia de litigios que pretenden controvertir el carácter definitivo e inatacable de las resoluciones del IFAI y de los órganos de transparencia de las entidades federativas.

Como el contenido de la Ley de Transparencia de Campeche, que permite la impugnación de resoluciones de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública local; y por las interpretaciones que los órganos del Ejecutivo de Sinaloa hacen en contra del carácter definitivo de las resoluciones de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.

La posibilidad de los sujetos obligados de impugnar las resoluciones del IFAI “conduce a negar a la persona el derecho a obtener la información solicitada a través de un proceso sencillo, expedito y especializado, privando así al derecho de acceso a la información de su efecto útil”.

El marco jurídico e institucional que garantiza el acceso a la información ante el Ejecutivo federal, no siempre existe a nivel estatal y municipal