Despojo-resistencia-represión

Además de la guerra que de manera unilateral a la sociedad el Gobierno de Calderón le declaró al narcotráfico, existe otra guerra que se ha venido sosteniendo de forma transexenal y sin importar de qué partido sean quienes ocupen los puestos de poder. Algunos la han definido como una “guerra de baja intensidad”, y se trata de todas aquellas acciones represivas en su amplio repertorio que se ponen en práctica contra todas las personas individuales u organizadas en colectivos y movimientos que se oponen, que se rebelan, que no se dejan o mejor aún, que han empezado a organizarse de forma autónoma y al margen del Estado y del mercado capitalista para empezar a resolver por sí mismos algunas de sus necesidades básicas.

La estrategia moderna de acumulación del capital y del Estado en contra de toda la sociedad es el despojo. Se trata, por lo visto, de dejar sin nada a la gente: sin tierra, sin alimentos, sin trabajo, sin salario, sin educación, sin salud, sin vivienda, sin agua, sin ríos y lagos, sin bosques, etc. Pero además, se pretende que al ser despojada la gente ésta no se rebele, no proteste, no se inconforme. Que se quede quieta, aguantándose su enojo ante tales agravios. Si se mueve, si se organiza, si protesta, entonces se le reprime; se le inventan delitos y se les hacen una especie de juicios sumarios que los pueden llevar muchos años a la cárcel. Es lo que algunos llaman la criminalización de la protesta social.

Esta estrategia también contempla la elaboración y decreto de las leyes más duras y draconianas que, además de otorgar legalidad a las acciones represivas, tienen como objetivo hacer llegar el mensaje a la sociedad de que, en efecto, el Estado, el capital y la clase en el poder están en guerra en su contra. Si estamos en guerra, y no sólo en una sino en dos, sólo les falta que revivan los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, a través de los cuales se tipificaba en México el delito de disolución social y contra el que lucharon los estudiantes y universitarios de 1968. A muchos de ellos se les aplicó dichos artículos para condenarlos a prisión hasta por 17 años por haber participado en aquel memorable movimiento social.

Los ciudadanos no acordamos declarar una guerra al narco, y menos debemos aceptar una guerra contra el Estado. Suficiente tenemos con tratar de encontrar maneras que nos permitan sobrevivir a la situación en que éste nos está colocando.