La expropiación de tres tramos ferroviarios de Grupo México por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Veracruz es un golpe en la confianza de los inversionistas, coincidieron expertos. Ayer, el Presidente firmó un decreto para ocupar indefinidamente dichas vías para ser utilizadas en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, dijo que la medida “genera desconfianza para los empresarios en un clima de negocios que ya estaba deteriorado, representa un golpe a la confianza de los inversionistas y puede generar un impacto negativo en la percepción de estabilidad y seguridad jurídica”.Por su parte, el analista Carlos López, de la firma Tendencias Económicas y Financieras, coincidió en que la acción de López Obrador federal es delicada y significa un “pésimo mensaje a la inversión pública y privada”.El jueves pasado, López Obrador emitió un decreto en el que se indica que la construcción, funcionamiento y operación de “obras prioritarias” como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y tres aeropuertos son de seguridad nacional.Esto fue una respuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalidó el decreto de AMLO que declaraba sus obras prioritarias como de “seguridad nacional”, reservaba información e impedía cualquier obstrucción legal para frenarlas.Grupo México Transportes informó que personal armado de la Marina ocupó ayer las instalaciones de Ferrosur en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas desde las 6:00 horas, tras el decreto que ordena la ocupación temporal e inmediata del tramo ferroviario por parte del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV.GRUPO MÉXICOSi bien el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado hasta el momento el “visto bueno” a Germán Larrea para adquirir Banamex, por ser director ejecutivo del Grupo México, estar al día con sus impuestos, sugerencias que el Mandatario emitió para el proceso de venta del banco, además de que no haya despidos, la relación entre los dos personajes no ha sido cordial y ha tenido enfrentamientos por el negocio minero de Larrea, así como por la construcción del Tren Maya.Larrea se unió a varios empresarios que llamaron a no votar por el Presidente López Obrador a sus colaboradores en 2018.A través de una carta enviada al personal de sus empresas, el magnate pidió antes de las elecciones de julio de 2018 “razonar y votar con inteligencia”.En tanto, el Presidente López Obrador le ha reclamado en reiteradas ocasiones por no haber rescatado los cuerpos de los mineros que perdieron la vida en el accidente de Pasta de Conchos, mina de la cual la firma tenía la concesión y la devolvió al Gobierno en 2020.El Gobierno de López Obrador también se enfrentó con Grupo México ante la cancelación anticipada de un contrato en la construcción del Tramo 5 del Tren Maya en 2022. De acuerdo con la empresa, se evitó caer en incumplimento ante los tiempos solicitados por la autoridad, quien pedía completar el tramo en 11 meses y entregarlo en julio del presente año.Lo anterior provocó demandas por parte de la empresa y finalmente se llegó a un acuerdo con la administración federal.Esta semana, el Presidente dio el visto bueno a que el empresario adquiera Banamex, dijo que las negociaciones van muy avanzadas y que hasta el momento el Gobierno mexicano está revisando la parte de impuestos que se deban de pagar por la transacción final.SUNAl manifestar que “tenemos que proteger y blindar estas obras”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su decisión de emitir un nuevo acuerdo en el que clasifica al Tren Maya, Tren Interoceánico y las obras de los aeropuertos de Palenque, Chetumal y de Tulum, como de seguridad nacional e interés público es porque opositores “fifís, insensatos, corruptos, antipatriotas” buscan parar estas obras, pero afirmó que no se tiene la intención de ocultar información sobre contratos.En conferencia de prensa matutina, el Mandatario acusó que quienes han promovido estos amparos en contra de la construcción de estas obras son financiados por Estados Unidos.“Sí tenemos que proteger estas obras, porque esos insensatos irresponsables corruptos, además muy antipatriotas, pueden parar las obras, como ha sido su intención. No estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo y tenemos que proteger, blindar estas obras de interés nacional y de interés público”, admitió el Ejecutivo.López Obrador señaló que habría una gran afectación al desarrollo del sureste si se paran estas obras gubernamentales, debido a presiones de sus adversarios.“Imaginen los beneficios para la gente del sureste, cancelarlos nada más por los caprichos de estos fifís corruptos. Entonces tomamos la decisión, el decretar todas estas obras de seguridad nacional y de interés público y eso fue lo que se hizo ayer (jueves), y porque nos preocupa y por eso se tomó la decisión de convertir estas obras en acciones de seguridad nacional porque los que están promoviendo los amparos en contra de todas estas obras están financiados por Estados Unidos.“Esto lo hemos estado haciendo con mucho esfuerzo y enfrentando a gente irresponsable, sectaria, mafiosa, que no quieren que no se hiciera nada, que nada más piensan en ellos, muy egoístas, corruptos, por eso ayer (jueves) se tomó la decisión de enviar un decreto para que toda esta región se convierta en una región sobre todo los ferrocarriles, los puertos, aeropuertos en una zona de seguridad nacional y de interés público.“¿Por qué? Dicen ‘es que no quiere el Presidente que se sepa cuánto se está invirtiendo en el Tren Maya porque hay negocios o hay corrupción’. No, no somos iguales, nosotros no somos corruptos, yo lo que estimo más importante es la honestidad, además engañan a la gente porque son personas inmorales, sin escrúpulos, el que se reserva una obra de estas como de seguridad nacional o de interés publica no significa que no se va a informar, pero engañaron y como hay mucha gente que tiene ganas de que les digan mentiras sobre nosotros, que les digan en contra de nosotros aunque sean mentira: ‘Tú miénteme que me gusta si se trata de Andrés Manuel, de AMLO, o del ‘Peje’, le creo todo lo que me digas’”.SUNEl Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el nuevo decreto para catalogar las obras del sureste como de seguridad nacional y de interés público sea para burlar la decisión de la SCJN de invalidar el decreto de noviembre de 2021 y advirtió que si vuelve a ser impugnado se procederá conforme a la Ley.“Son cosas distintas, aun cuando sí, es protegernos hasta de la Corte por lo que estamos viendo, porque no le tenemos confianza a la Corte”.López Obrador explicó que el decreto del jueves es distinto, porque el de 2021 era para la construcción de las obras, porque sus adversarios “metían y metían” amparos para que no avanzaran.“Con ese decreto se podría avanzar y así avanzamos, y ahora es para que todo sea de seguridad nacional aun cuando ya está por terminarse la obra. Es que hay una acción deliberada, de mala fe, antipopular, concertada, en la cual está coludida la Corte”.Señaló que su Gobierno tiene que buscar de manera legal proteger esas obras como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, la construcción de los aeropuertos de Palenque, Chiapas; Chetumal y Tulum en Quintana Roo. Rechazó que se trate de un desacato a la Suprema Corte. “No tiene nada que ver, es otra cosa, es protegernos ante una acción arbitraria o legal, pero con propósitos politiqueros”.El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está en contra de su Gobierno y de la transformación del país porque forma parte del mismo grupo corrupto del empresario Claudio X. González. Criticó que junto con algunos periodistas y comunicadores, ahora se les suman “las niñas y los niños héroes” de la Corte.“Nosotros por el voto llegamos aquí (a la Presidencia), pero el Poder Judicial se heredó del antiguo régimen y está intacto, es el Poder Judicial de siempre y hay que renovarlo, como obedece a los intereses del antiguo régimen es un poder para proteger privilegios de una minoría, no para proteger al pueblo, y para defender a delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada”.Cuestionó que cuándo la Corte va a resolver de conformidad con la Ley, con apego al Estado de derecho, si forman parte de un grupo de intereses creados, “si existe una relación de componendas y forman parte de ese agrupamiento conservador corrupto”.SUNLa vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, dijo ayer que el Presidente López Obrador está desesperado por ocultar la enorme corrupción en su Gobierno y sus mega obras.“Después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la que se invalida el decreto del Presidente López Obrador para blindar sus obras, nuevamente el Gobierno generó otro decretazo para impedir que los mexicanos sepan cómo se ha gastado el dinero en sus elefantes blancos.“La desesperación de López Obrador por ocultar la corrupción en la que está metido su Gobierno, es enorme. Están actuando de manera irracional.“Sin duda este decreto es la muestra clara de que cuando López Obrador no gana, lo arrebata. Seguro así lo va a querer hacer en las elecciones, por eso su insistencia en cometer actos anticipados de campaña, porque no quiere que se sepa el cochinero que tiene en su administración. Es muy primitivo por parte de la Presidencia pensar que puede repetir un acto que ha sido declarado inválido. Estoy segura que la Corte revertirá de nueva cuenta este decreto”.SUNAnte la respuesta gubernamental sobre la invalidez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del decreto que priorizaba a las obras de seguridad nacional, tales como el Tren Maya o el Tren Interoceánico, entre otras obras aeropuertarias, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó la confrontación entre los Poderes Ejecutivo y Judicial que empezó desde el año 2021.En su análisis detalló que el fallo de la Corte atiende a una controversia constitucional que buscó el Inai tras la emisión del decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2021.De acuerdo con el IMCO, el acuerdo vulnera el derecho al acceso a la información y genera opacidad en el uso de recursos públicos, ya que no permite que exista el ejercicio de rendición de cuentas, por lo que ahora el organismo podrá obtener la información a la que no tenía acceso.Así como destacó la atención a la demanda del Inai, también que con esta acción el Poder Judicial demostró que “es un contrapeso efectivo en el ejercicio del poder” y además protege a otro contrapeso en el aspecto de la democracia.Sin embargo, remarcó que el reto al que se enfrenta la SCJN es deliberar el segundo decreto con el que el líder del Ejecutivo clasifica al Tren Maya, Corredor Interoceánico del Istmo y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum de seguridad nacional, por lo que no viola el derecho al acceso a la información.Asimismo, expuso que tendrán qué determinar las consecuencias de las acciones de constitucionalidad y el desacuerdo con el primer artículo que aplica únicamente para el Inai.La siguiente discusión de la SCJN será el próximo lunes 22 de mayo, en donde se debatirá el alcance de la invalidez sobre el derecho al acceso a la información para la población.SUNEl Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) presentó ayer un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del nuevo decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador para declarar la construcción del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, entre otras obras, como de seguridad nacional y de interés público.Adicionalmente, el Instituto solicitó que los efectos de la sentencia de la controversia 217/2021, que se prevé sean dictados en la sesión del próximo 22 de mayo, se hagan extensivos al decreto publicado ayer, debido a la similitud existente.El Instituto advirtió que la publicación de ese decreto viola la suspensión otorgada por el Máximo Tribunal en la controversia constitucional 217/2021, que interpuso en diciembre de 2021, para impugnar el Acuerdo del 22 de noviembre de ese mismo año, por el cual el Presidente de la República declaraba como de seguridad nacional los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno federal.Al admitir la controversia constitucional, la SCJN determinó procedente la suspensión de todos los efectos y las consecuencias del Acuerdo, ya que su ejecución implicaría una restricción al derecho a saber, pues la información derivada de esos proyectos y obras podría ser considerada también reservada por seguridad nacional e interés público.El Inai concluyó que el decreto publicado ayer se encuentra en los mismos términos del Acuerdo de noviembre de 2021 y, en ese sentido, viola la suspensión otorgada por el Máximo Tribunal, lo cual podría representar una restricción al acceso a la información relacionada con esas obras como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.“Es importante precisar que la suspensión se encuentra vigente, debido a que la controversia constitucional no ha sido resuelta en su totalidad. Si bien en la sesión de ayer, el Pleno de la Corte determinó la invalidez del Acuerdo del 22 de noviembre de 2021, lo cierto es que no se dictaron los efectos de la sentencia, con lo cual no se puede considerar como un asunto totalmente concluido. Por tanto, debe quedar claro que los efectos de la suspensión no han cesado”, señaló en un comunicado.Una jueza federal ordenó a la Junta de Coordinación Política del Senado convocar a un periodo extraordinario de sesiones para nombrar a uno de los comisionados que faltan para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal (Inai) pueda operar.Al conceder una suspensión al Consejo Consultivo del Inai contra la omisión del Senado en la designación de los comisionados, el juzgador dio un plazo de tres días a la Junta de Coordinación Política para que elabore la propuesta de los candidatos al puesto de comisionado, por lo que hace a la segunda vacante de dicho puesto.Hecho lo anterior, “dentro del plazo de tres días la Comisión Permanente del Congreso de la Unión lleve a cabo los actos que le permitan convocar a la Cámara de Senadores a un periodo de sesiones extraordinarias con la finalidad de que se someta a su conocimiento la propuesta respectiva”.Como parte del expediente 1714/2022, la titular del Juzgado 17 en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México afirmó que el beneficio de la medida cautelar solicitada puede revocarse o modificarse a través de la sentencia principal, lo cual no deja sin materia el juicio de amparo en cuanto al fondo.Fijó para el 30 de mayo la celebración de la audiencia incidental en la que resolverá si conceder la suspensión definitiva.SUNFALTAN TRES LITIGANTESA falta de tres de sus comisionados, el Inai no ha podido sesionar, esto ya que se requieren al menos cuatro consejeros para que se tenga el quórum legal para sesionar.En marzo el Presidente utilizó su veto como titular del Ejecutivo federal para frenar otros dos nombramientos que ya habían sido designados por el Senado de la República.El Inai quedó inoperante con la salida del comisionado Francisco Acuña el 1 de abril pasado, al no contar con el quórum necesario para sesionar el Pleno.Esta es la segunda suspensión otorgada por la juzgadora para que se nombre a los comisionados faltantes del Inai. La primera fue ordenada a principios de mayo pasado.
