El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emitió un decreto en el que se indica que la construcción, funcionamiento y operación de “obras prioritarias” como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y tres aeropuertos (Palenque, Chetumal y Tulum) son de seguridad nacional e interés público.Esta medida fue una respuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ayer invalidó el decreto del Mandatario que declaraba sus obras prioritarias como de “seguridad nacional”, reservaba información e impedía cualquier obstrucción legal para frenarlas.Con el fallo del Máximo Tribunal, se quitó el blindaje que en noviembre de 2021 puso López Obrador ante los amparos y solicitudes de información que había sobre megaproyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Refinería de Dos Bocas. El nuevo decreto presidencial llega en un momento en el que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que podría impulsar otra controversia por este tema, no puede sesionar, pues falta que el Senado de la República nombre a tres comisionados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer el decreto del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, que declaraba sus obras prioritarias como de “seguridad nacional”, tras una votación en que fue considerado inconstitucional por violar el derecho a la información.“La Corte declaró inconstitucional el acuerdo del Poder Ejecutivo que declaraba obras y proyectos como de interés público y de seguridad nacional, por transgredir el derecho de acceso a la información”, informó la SCJN tras el fallo.Es el tercer revés que brinda la Corte al Presidente, tras invalidar el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército y echar para atrás la primera parte del “Plan B” electoral de AMLO.La resolución, que se aprobó por una mayoría de ocho ministros de 11, devino de una controversia constitucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), interpuesta en diciembre de 2021.Tras haber sido invalidado este decreto presidencial, publicado originalmente en noviembre de 2021, López Obrador “madrugó” horas más tarde con otro “decretazo” en el que clasifica al Tren Maya, Tren Interoceánico y las obras de los Aeropuertos de Palenque en Chiapas; de Chetumal y de Tulum en Quintana Roo, utilizando de nuevo los mismos términos legales que el recién invalidado: como de seguridad nacional e interés público.AMLO aprovechó que el Inai no puede sesionar al no contar con tres comisionados de los siete que integran el Pleno, impedidos de ser elegidos por la falta de designación de los mismos por parte del Senado, donde Morena, tiene la mayoría de los escaños, y esa falta de designación es parte de la estrategia presidencial para desaparecer a ese órgano autónomo, por lo que en este momento no hay quien pueda interponerse a este último “decretazo”.Respecto al fallo de la Corte sobre el primer decreto de “seguridad nacional”, se quita el blindaje contra amparos y solicitudes de información que había emitido el Mandatario para sus mega proyectos definidos como “prioritarios y estratégicos”. Entre estos están los más polémicos de la actual administración, como el Tren Maya (que repite en el nuevo “decretazo”), la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.VOTACIÓNA favor:En contra:El decreto presidencial invalidado ayer por la SCJN sostenía que su publicación permitía continuar “con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello, lograr el bienestar social”.Pero el ministro ponente de este proyecto, Juan Luis González, determinó que este decreto es inconstitucional, ya que obstaculiza e inhibe derechos de los mexicanos como el acceso a la información.Añadió que la norma impulsada por el Presidente fue amplia y ambigua, permitía la reserva de información por presuntamente comprometer la seguridad nacional, y dejaba de lado la supervisión del correcto gasto de recursos públicos por la ciudadanía.La ministra Margarita Ríos-Farjat también opinó que el acuerdo promueve un ámbito de inseguridad jurídica por la amplitud de su alcance sobre el régimen de contratación pública, anulando las mejores prácticas.En este mismo sentido, el ministro Javier Laynez sostuvo que es “muy difícil o muy ingenuo” pensar que el término seguridad nacional no tiene un impacto en materia de transparencia.La ministra presidente, Norma Piña, cerró los ocho votos necesarios para declarar la invalidez del acuerdo, argumentando que es esencial fijar las normas para regular las competencias del Inai y a partir de ahí revisar si el acuerdo impugnado las transgrede.En contra de esta determinación se posicionaron los ministros considerados afines a López Obrador: Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel.Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara el decreto de 2021 del Presidente Andrés Manuel López Obrador para clasificar sus obras prioritarias como de seguridad nacional, el Ejecutivo emitió un nuevo decreto, básicamente bajo las mismas características de seguridad nacional e interés público, por las que el original fue declarado inconstitucional por la Corte.“Decreto por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos que se indican, son de seguridad nacional y de interés público”, señala el documento publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación.“(El decreto de 2021) impide que el Instituto Nacional de Transparencia ejerza su facultad revisora. (Se debe) asegurar el derecho al acceso a la información pública”.Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. “Se molestan porque queremos que se elijan a ministros, cómo no vamos a querer si el Poder Judicial está tomado por la delincuencia organizada y de cuello blanco”.Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.El fallo efectuado ayer por la Corte tiene origen en el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que reconoció ayer el fallo de la SCJN por el que se determinó la invalidez del decreto presidencial por el que se declararon como de seguridad nacional e interés público los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2021."En este caso, el fallo de la Corte deja a salvo el derecho de la sociedad a conocer y acceder a toda la información relacionada con los proyectos y obras a cargo del Gobierno, lo cual permitirá monitorear su desarrollo y vigilar que el gasto público se lleve a cabo de manera eficaz y eficiente", señalaron los integrantes del Inai a través de un comunicado.Los comisionados recordaron que el pasado 10 de diciembre de 2021, el Inai interpuso ante la SCJN una controversia constitucional (217/2021) al advertir que dicho decreto realizaba una reserva anticipada y generalizada de la información relacionada con los proyectos u obras del Gobierno federal, hecho que vulneraba el derecho a saber de la sociedad.Además, señalaron que el acuerdo ampliaba el concepto de seguridad nacional y alteraba los supuestos de excepción para la reserva de la información pública.Posteriormente a la publicación del último “decretazo” de AMLO, el Inai compartió su postura a través de su cuenta de Twitter, adelantando que estudian la manera legal para continuar con la defensa de la transparencia y el derecho al acceso a la información sobre las obras y proyectos del Gobierno.La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida un decreto presidencial y horas más tarde el Presidente publica otro, una situación que expone un enfrentamiento directo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.De momento no está claro si el fallo emitido ayer por la SCJN sólo afecta el derecho del público a acceder a la información sobre el gasto, costos y otros datos de ese tipo de proyectos, o si también deroga el procedimiento acelerado de concesión de permisos. La Corte tiene previsto discutir y votar el próximo lunes el alcance y las implicaciones del fallo.López Obrador ya estaba molesto con el máximo tribunal mexicano por haber fallado en contra de la Guardia Nacional y su “Plan B” electoral, y ha pedido un cambio para que la Suprema Corte sea un órgano electo. En la actualidad, las ternas de posibles ministros son sugeridas por el Presidente, pero elegidas por el Senado.Evidentemente el mega proyecto que más atención requiere en este momento es el Tren Maya, pues es la obra presidencial que repite en ambos “decretazos”, que lo consideran como de “seguridad nacional”.La presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, confirmó que intercambió mensajes por WhatsApp con el presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta Mier, quien la acusó de amenazarlo.“Como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el senador Armenta Mier, sostengo en público lo que dije en privado”, afirmó la ministra en una carta que ayer hizo pública.Indicó que hace la aclaración por respeto a quienes le han manifestado su apoyo y por respeto a sus pares y a su familia. “No quiero que mi silencio deje lugar a dudas”.Sin embargo, la titular del Poder Judicial de la Federación expresó su indignación por las expresiones del legislador sobre “datos inexactos” y contra la labor de quienes integran el Poder Judicial de la Federación.“Reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. Confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza”.Piña Hernández aseguró que la “honestidad es el criterio para construir el México que la Constitución garantiza y que los mexicanos nos exigen”.SUN
