"Es dolorosísimo, pero en México no es noticia una desaparición. Es terrible. No podemos acostumbrarnos a esta realidad", expresó Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Esta instancia establecida en 2014 registra 11 mil víctimas hasta agosto de 2017. Del total, uno de cada tres casos son por desaparición, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.

El comisionado afirmó que una tarea clave en la prevención del delito y del abuso a los derechos humanos es vencer la impunidad.

"¿Por qué se siguen cometiendo tantos delitos, desapariciones, homicidios y trata de personas? Porque para quien comete el delito el riesgo de ser sancionado es mínimo, menor a 5%", argumentó.

Sólo 10% de las víctimas registradas han logrado acceder al Fondo de Ayuda y Reparación del Daño.

En 2015 se recibieron 65 solicitudes, 318 en 2016 y en lo que va de 2017 hay más de 200. El número de personas atendidas por la CEAV en su existencia se aglutina en la zona centro del país. 

La Ciudad de México y el Estado de México concentran 55% de las víctimas, con cuatro mil 24 y dos mil 337, respectivamente. Le siguen Guerrero, con mil 401; Tamaulipas, con 749, y Oaxaca con 507. El promedio por entidad es de 340, el máximo está en la Ciudad de México y el mínimo en Campeche, con cuatro.

La figura de la víctima en términos jurídicos se da a partir de los cambios constitucionales de 2008, con la reforma general que incorpora a la misma dentro del proceso constitucional en el artículo 20. Después, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, en el artículo 1, y unos meses más tarde con el surgimiento de la Ley General de Víctimas, impulsada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta y activista Javier Sicilia.

Rezagos en la comisión

El funcionamiento de la CEAV, para Sicilia: "Ha sido bastante complicado. En primer lugar, el hecho de que dependa de la Secretaría de Gobernación la hace una institución que no tiene la libertad adecuada para ponerse al servicio absoluto de las víctimas. Hay una aberración porque la Ley de Atención a Víctimas y la CEAV, que es su organismo ejecutor, pues es una ley de víctimas del delito y de la violación a los derechos humanos. Curiosamente de quien depende esta institución y la ejecución de esa ley es Gobernación y quien viola derechos humanos es el Estado. Entonces ahí hay una aberración, ¿no?".

Actualmente, la CEAV tiene oficinas en 17 estados: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Veracruz y Yucatán.

Este año se autorizó la creación de las delegaciones para atención a víctimas en los 15 estados restantes. La CEAV sólo consta de 34 abogados en la oficina central y 30 más regionales para atender miles de casos. A fines de este año se espera que lleguen a 80. En las oficinas que se abrirán a partir de 2018, el personal por estado variará entre cuatro y 10 personas.

Año con año se crean fondos de emergencia en la comisión; en 2014 se creó uno, para 2015 se hicieron cuatro más, en 2016 otros cuatro y en lo que va de 2017 se han establecido seis más. Un total de 15 fondos de emergencia que van desde gastos funerarios, de alimentación, médicos, de alojamiento, de "ayuda inmediata" en Tierra Caliente, Veracruz, de transporte de emergencia, apoyo a víctimas indirectas por casos de desaparición, de traslado, víctimas defensoras de derechos humanos y periodistas, afectados por secuestro y a menores de edad víctimas de violaciones a sus derechos.

"Cada vez hay más víctimas y cada vez más hay un Estado omiso en crear verdaderamente una estructura democrática y un andamiaje de paz. Entonces, ese organismo va a estar constantemente rebasado. Vivimos en un contexto de tragedia humanitaria. Estamos quizá hasta peor que Siria en la acumulación de los delitos y en la ausencia de justicia. Peor que Siria e incluso peor que Venezuela, ¿no? Creo que es uno de los países con más crímenes, con más víctimas, con más ausencia de Estado para atender el problema. Es más, yo diría que el Estado se volvió parte y cómplice de este desastre, de esta criminalidad", sentenció Sicilia.

"Cada vez hay más víctimas y cada vez más hay un Estado omiso en crear verdaderamente una estructura democrática"

Los pagos efectuados con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral al 30 de septiembre de 2017, son a mil 337 mujeres y 749 hombres.

La cantidad entregada a estas víctimas es de 333 millones de pesos. Los pagos van desde 50 mil pesos hasta dos millones y medio de pesos, dependiendo de lo que sufrió la víctima y bajo qué estándares fue clasificado: violación de derechos humanos cometida por autoridad federal, o comisión del delito del orden federal.

México es uno de los países que tiene un mayor avance en términos normativos de reconocimiento de la condición de víctimas: "No existe en ninguna otra parte de Centroamérica o en Sudamérica, en cuanto a reconocimiento normativo. Ahora no se puede hacer una comparación normativa de los desarrollos que ha tenido Colombia o que han tenido algunos otros países, pero el tema tiene que ver con la cantidad de víctimas que existe en México, que es sumamente superior en relación a víctimas de derechos humanos o del delito respecto a otros países", explicó el abogado Gutiérrez.

Día a día se descubren nuevas víctimas y la apuesta del Estado, indicó Sicilia, es la normalización, "al grado que ya se vuelva parte de la vida, si es que puede llamar vida a eso. Aceptar el infierno y que las cosas son así".

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SUN