La Fiscalía Anticorrupción abrió carpetas de investigación en contra del actuar de 272 jueces y magistrados de Jalisco, entre 2018 y 2021; sin embargo, no se han logrado vinculaciones a proceso ni sentencias.

Por Transparencia, la dependencia reportó que hay 255 denuncias contra jueces y 17 contra magistrados.

En agosto pasado se registró el último caso polémico relacionado con un juez en la Entidad, luego que Jorge Luis Solís se negara a vincular a proceso a un funcionario de Vallarta acusado de corrupción de menores.

Para el fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, se tienen avances. “Aun y cuando les hayan regresado la protección constitucional a los jueces, hemos llevado procedimientos para liberarlos de esa protección y, al menos, en dos supuestos, hemos recibido la autorización para formular la imputación”.

Acentuó que presentaron las actuaciones ante el juez de control y se encuentran a la espera de conocer las fechas para las audiencias.

El presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, Jesús Ibarra, declaró que “lo único que ocurre son quejas y sanciones administrativas” contra los juzgadores. Una de las cuestiones que complican la rendición de cuentas, dijo, es la falta de instrumentos normativos con los que tendría que contar el Poder Judicial.  

Agregó que a la Fiscalía Anticorrupción, además de recursos económicos, “le faltan protocolos y capacidades institucionales para perseguir delitos por hechos de corrupción, que es como se podría tener un modelo de investigación de jueces y magistrados”.

Por ejemplo, en el caso del magistrado José de Jesús Covarrubias, denunciado por abuso sexual, apuntó que el proceso pudo haber sido distinto si el Supremo Tribunal de Justicia contara con el Órgano Interno de Control.

Aunque en 2019 se anunció una mesa de trabajo nacional para combatir la corrupción en el Poder Judicial, la cual sería encabezada por el gobernador de Jalisco, hasta la fecha no hay avances.

Jueces, los más señalados por corrupción en el Poder Judicial

De un total de 407 servidores públicos del Poder Judicial de Jalisco señalados por presuntos actos de corrupción, entre 2018 y 2021 (con corte a noviembre), 255 corresponden a jueces; es decir, seis de cada 10 son en contra de quienes ejercen esta función, según información otorgada vía Transparencia por la Fiscalía Anticorrupción. 

Aunque no se ha logrado sancionar a ninguno de los jueces del Estado, el fiscal Anticorrupción aseguró que “las investigaciones se llevan a cabo de manera eficiente” y han contado con la colaboración del Poder Judicial para desarrollarlas.  

Los servidores públicos más señalados, después de los jueces, son los secretarios de acuerdos, con un total de 36 averiguaciones previas en su contra. 

El presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Jesús Ibarra, declaró que a la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco le falta un equipo especializado en temas de ingeniería financiera para seguir la huella del dinero y tener una autonomía real en el combate de este problema.

“Para tener capacidades para intervenir cuentas bancarias. Para tener un presupuesto asignado a equipos especializados para delitos de hechos de corrupción. Todo eso no existe. Quienes llevan ventaja son jueces y magistrados que saben que no es fácil investigar sus faltas”. 

Añadió que en México no existe un delito que sí se persigue en otros países, el de prevaricato. “Que tiene que ver cuando los jueces y magistrados se exceden en sus fallos; es decir, cuando juzgan contra constancias, cuando evidentemente están utilizando su cargo para fines indebidos, entonces se tipifica ese delito”. 

Puntualizó que en el caso de México existe contra la administración o la justicia, “pero no es lo mismo”. 

Por ello, dijo que desde el Sistema Estatal Anticorrupción se está planteando considerar el delito de prevaricación. “Como el que se acreditó cuando se destituyó al juez Baltasar Garzón, en España. Eso en México no existe, entonces difícilmente vamos a ver aquí que se juzgue a un juez o a un magistrado, porque dictó su resolución a partir de un hecho de corrupción”. 

Informó que el delito de prevaricato se incluyó en la reforma anticorrupción 2.0. “Se agregan varios de los delitos, entre ellos éste. Está ahí la intención de que exista ese delito”.

Insistió en que se debe fortalecer a la Fiscalía Anticorrupción para intentar avanzar en estas investigaciones, aunque de la propuesta de 23 puntos para lograr una “Fiscalía que sirva”, no se ha cumplido correctamente con ninguno. “Esto quiere decir que no hay condiciones para tener una Fiscalía que genere nuevos resultados”. 

TELÓN DE FONDO

Llevan tres sentencias

Desde 2018 y hasta noviembre pasado, la Fiscalía Anticorrupción estatal inició tres mil 907 investigaciones, de las cuales sólo tres han derivado en sentencias condenatorias, tras los fallos en el Poder Judicial.

El elevado número de indagatorias y los pocos casos llevados ante un juez muestran el rezago en los diagnósticos presentados durante este año sobre el trabajo de las Fiscalías Anticorrupción que operan en el país.

El último se trata del estudio “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción”, del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en el que Jalisco se ubica en el onceavo lugar a nivel nacional, junto con otras cuatro Entidades, en el promedio de investigaciones judicializadas, pues sólo el 1% llegó a los juzgados. Lo anterior, considerando sólo el periodo de enero de 2019 a mayo de 2020, en el que se tenían 28 judicializaciones de dos mil 799 averiguaciones previas.

La Fiscalía de Jalisco se mantiene rezagada frente al desempeño de otras, pues en el análisis del Imco se destaca que sólo ocho Estados reportaron haber judicializado más del 5% de las investigaciones iniciadas.

Gerardo de la Cruz, fiscal Anticorrupción, respondió que las sentencias no son el único indicador con el que se puede medir la eficiencia. “Tenemos diversas carpetas que han concluido con la suspensión del proceso a prueba y con acuerdos reparatorios. En muchas se han obtenido reparaciones de daños”. El año pasado, la dependencia tuvo cero acuerdos reparatorios y siete suspensiones condicionales del proceso.

EN CONSTRUCCIÓN

De la Cruz defiende trabajo de Fiscalía

Pese a que de las tres mil 907 carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción que se han abierto en la Entidad, entre 2018 y 2021 (con corte a noviembre), sólo se han logrado 84 vinculaciones a procesos y tres sentencias condenatorias, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, defiende el trabajo logrado en ese periodo. 

Recordó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tiene casi cuatro años de operación. “El primer año lo trabajamos con un solo agente del Ministerio Público y no se judicializó ninguna carpeta. Es a partir de 2019 donde tenemos carpetas judicializadas, y la elaboración de un procedimiento no es menor a dos o tres años; por lo tanto, estamos en los tiempos normales para llegar a sentencia”.

Añadió que la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco ha estado en un proceso de construcción desde que comenzó a operar. “No es lo mismo como estábamos en el 2018 con un solo agente del MP y sin policías a como estamos en este momento, con presencia no únicamente en Zona Metropolitana de Guadalajara, sino además con oficina regional en Puerto Vallarta, otra en Ciudad Guzmán”. 

A lo anterior se ha sumado el programa denominado Caravana Anticorrupción, a través del cual se visita un municipio por semana con la finalidad de acercar los servicios de la Fiscalía a la población en general. 

“Es muy difícil pedir que la Fiscalía esté con una labor a tope, a tres años y fracción de creación. Es muy difícil hacerlo cuando ha sido un proceso de construcción de la misma. Además, no es la única labor que está encaminada a la Fiscalía”. 

Faltan ajustes para agilizar procesos

Pendientes. Hay dos cuestiones que complican la rendición de cuentas de jueces y magistrados: la primera, la falta de instrumentos normativos e institucionales con los que tendría que contar el Poder Judicial, señaló el especialista Jesús Ibarra. Recordó que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ) tiene pendiente la puesta en marcha del Órgano Interno de Control, el cual hubiera dado trámite al proceso que se sigue en contra del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas. 

Promesa. Explicó que el actual presidente del Supremo, Daniel Espinosa Licón, ya está trabajando en la creación de este organismo interno. Acordó que, a principios de este año, se conformará un equipo de trabajo para avanzar en la conformación del mismo. “Si no existe este órgano interno de control, es difícil que puedas hacer seguimiento patrimonial de jueces y magistrados. No puedes instituir procedimientos de responsabilidades que los puedan llevar ante los tribunales”, enfatizó. 

Reforma. Ibarra declaró que ya se analiza el modelo de implementación del órgano interno, sobre todo porque la reforma judicial a nivel federal contempla un modelo similar al que se propuso en Jalisco.  Pese a esto, aclaró que no quieren esperar hasta que el Congreso del Estado reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco. “Lo que estamos viendo es cómo se puede crear este órgano interno de control”. 

Parcial. En el Poder Judicial, agregó, el Consejo de la Judicatura es el órgano interno de control, pero sólo de jueces no de magistrados. “Este Consejo de la Judicatura ha sido integrado más con agendas políticas que con una visión de responsabilidad de la función judicial, sumado a que no hay un sistema profesional de carrera, un servicio de carrera judicial eficaz, y a que apenas se está implementando la transparencia en las resoluciones”. 

PARA SABER

El fuero

Para el presidente del Comité de Participación Social del SEA, el fuero constitucional no es un obstáculo “tan grande” para juzgar a magistrados. “El problema es cuando no se tiene un expediente bien armado”.

Resaltó que si la Fiscalía Anticorrupción tiene una buena carpeta de investigación, el Congreso del Estado realiza el trabajo que le corresponde para retirar “sin ningún problema” el fuero a los juzgadores. 

El pasado 11 de enero, la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado autorizó notificar al magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, sobre el inicio del juicio de procedencia, luego de dar trámite a la petición de la Fiscalía del Estado quien lo investiga por presunto abuso de una menor de edad. 

Este medio reportó que el juzgador tendrá hasta cinco días, tras recibir la notificación, para comparecer o presentar alegatos en su defensa.  

Covarrubias presenta alegatos de defensa contra desafuero

El magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas remitió al Congreso de Jalisco sus alegatos de defensa dentro del proceso de desafuero iniciado en su contra. El diputado Julio Hurtado Luna, presidente de la Comisión de Responsabilidades, informó que, horas antes de que venciera el plazo de cinco días hábiles, recibieron la información, la cual analizarán junto con los expedientes remitidos por la Fiscalía del Estado, que pidió retirar la inmunidad jurídica al juzgador que es investigado tras ser denunciado por el presunto abuso de una menor de edad.

“En estos alegatos él nos hace llegar todo lo que considera conveniente y necesario, su derecho es aportar todo lo que sea a su juicio un mecanismo de acreditar su defensa y eso es lo que estaremos valorando en los próximos días”, comentó.

Hurtado Luna explicó que no pueden hacer públicos los argumentos presentados por el magistrado para respetar el debido proceso.

Respecto la posibilidad de que el juzgador haya solicitado amparo que detenga el proceso en su contra, el legislador panista refirió que no han sido notificados de ninguna medida de este tipo y por lo tanto seguirán con el trámite del tema. La Comisión tiene treinta días hábiles para revisar la información y elaborar un dictamen sobre la procedencia o no del desafuero.

“El procedimiento va marchando correctamente de acuerdo con los tiempos y a las etapas que hay; en este momento la Comisión ya cuenta con los elementos necesarios para entrar en el análisis, en el estudio de la información que nos dio la Fiscalía y la información que el funcionario nos ha hecho llegar”.

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