Crecen deudas con Pensiones, pese a la reforma penal

GUADALAJARA, JALISCO (21/AGO/2013).- En el marco de la reforma penal que sanciona a funcionarios públicos que retienen las aportaciones de burócratas, las deudas de entidades públicas con el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal) se incrementaron en el último reporte mensual. Por la retención de aportaciones patronales y de empleados, 25 entidades debían en junio pasado mil 101.4 millones de pesos, pero al corte de julio creció el número de instituciones deudoras a 29 y los pasivos aumentaron a mil 110.5 millones.

Los casos más graves son los ayuntamientos de Puerto Vallarta, Chapala y Gómez Farías, que no han depositado un solo peso de las aportaciones patronales y de trabajadores desde hace varias quincenas (73, 20 y 127, respectivamente). Aunque Tonalá, Tuxpan y Acatlán de Juárez están al corriente de estas aportaciones en la presente administración estatal, estos seis ayuntamientos tienen procesos judiciales interpuestos por el Ipejal por las deudas históricas heredadas por las anteriores autoridades (arrastran pasivos totales por 484.6 millones).

El tema es complejo. Hay 13 entidades a las que Pensiones bloqueó las prestaciones hipotecarias de corto plazo y los préstamos de liquidez de poco más de seis mil trabajadores, encabezadas por los seis ayuntamientos anteriores. Otras tres instituciones (el Comude de Guadalajara y las secretarías de Educación y Finanzas) tienen deudas parciales y 13 adicionales han signado convenios para saldar a plazos las deudas acumuladas. El problema es que cinco de éstas han incumplido los acuerdos de pago, entre las que destaca el Ayuntamiento de Guadalajara, que dejó de pagar 11.6 millones de pesos en las últimas quincenas; su deuda total histórica es por 318.3 millones de pesos con Pensiones.

—¿Por qué retienen las entidades esas aportaciones? ¿A dónde se desvían? —se le cuestiona a Luis Enrique Miranda del Río, director jurídico de Pensiones.

—No podemos identificar en qué se gastó. Nos dicen que los gastos no les alcanzan.

Esas aportaciones millonarias son desviadas por las tesorerías al gasto corriente (pago de nómina o servicios, por ejemplo), de acuerdo con Gustavo Romero Mora, quien fue director jurídico de Pensiones en la pasada administración estatal.

Desde el 27 de julio es delito no reportar esas cuotas al Ipejal. Hay sanciones administrativas y cárcel de tres a 15 años de prisión para los funcionarios que incurren en esta actividad ilegal, pero se requiere que Pensiones o el servidor público afectado demanden ante la Fiscalía General. En pocas palabras, la autoridad competente no puede actuar de oficio, por ejemplo, contra las tres alcaldías que delinquen por esta irregularidad: Puerto Vallarta, Chapala y Gómez Farías.

—¿Cuál es la perspectiva de Pensiones con la reforma penal? —se le pregunta a Miranda del Río.

—La reforma no tiene ni el mes; estamos analizando la manera en la cual se procederá la aplicación (la ley es clara al respecto). No tendrá un aspecto recaudatorio: se tiene prevista una sanción por no realizar el pago de las aportaciones de seguridad social, cosa que no existía, pero no es que sea de manera inmediata presentar las querellas por parte de Pensiones y los trabajadores afectados.

—¿Ya interpusieron algún recurso contra las tres alcaldías que delinquen?

—Se manda copia de las irregularidades a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. El siguiente paso es solicitar que se afecte la participación (recursos federales destinados a la entidad deudora). Hay un desconocimiento de las dependencias y no saben de esta reforma.

—¿Y en el caso de las sanciones contra servidores públicos que retienen esas cuotas?

—Se está analizando para ver la manera de ir agotando esa alternativa, pero verla de una forma conjunta con los trabajadores afectados. No queremos ser unilaterales en la querella.

—Ustedes presumen los convenios con 13 entidades, pero cinco han incumplido los pagos.

—Con los que no han cumplido estamos teniendo acercamiento, analizando cada caso.

Guadalajara, el Sistecozome, Servicios y Transportes, el Instituto de la Juventud de Tonalá y el DIF Guadalajara han fallado en esos convenios.

SABER MÁS
“Números rojos”

El Ipejal tiene una población afiliada cercana a los 120 mil trabajadores de los poderes Ejecutivo y Legislativo, los ayuntamientos, el magisterio, organismos públicos descentralizados y voluntarios. En total hay 134 entidades públicas afiliadas.

Los ayuntamientos responden, por ejemplo, que los dejaron muy endeudados, con números rojos. A finales del año pasado primero aseguraron pagos de aguinaldos y quincenas a trabajadores con parte de las aportaciones de los mismos empleados.

LAS REFORMAS
Cárcel y multa

Algunos delitos en materia de seguridad social de los servidores públicos:

Artículo 10

La falta de pago de aportaciones, retenciones, actualizaciones o recargos dará lugar a la ejecución forzosa mediante la retención en aportaciones, participaciones y cualesquiera otros recursos líquidos, que se efectuará a petición del Instituto de Pensiones y se aplicará por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

Artículo 299

Sólo proceden por querella del Instituto de Pensiones. En el caso del delito señalado en artículo 301, también procede por querella del servidor público afectado por no enterar sus retenciones.

Artículo 300

Cuando el daño, perjuicio o beneficio indebido sea cuantificable, el Instituto lo hará en la querella.

Artículo 302

Se impondrán de tres a 10 años de prisión a funcionarios de las entidades públicas patronales que no enteren las retenciones realizadas a los servidores públicos, dentro de los plazos que señala la Ley del Instituto de Pensiones, salvo que exista convenio.

Artículo 303

A quienes obtengan del Instituto, mediante engaño o el aprovechamiento del error, para sí o para otro, en efectivo o en especie, una o más prestaciones a las que no tengan derecho, así como a los servidores públicos de las entidades patronales que participen con los afiliados, pensionados  beneficiarios en la obtención de dichas prestaciones, se les impondrán las siguientes penas:

I: De uno a tres años de prisión y multa por 50 a 500 días de salario mínimo, cuando el valor de lo defraudado no exceda del importe de 500 días de salario mínimo.

II: De dos a 10 años de prisión y multa por 200 a tres mil días de salario, cuando el valor de lo defraudado exceda de 500 días de salario, pero no de tres mil días de salario.

III: De cuatro a 15 años de prisión y multa por mil a 10 mil días de salario, cuando el valor de lo defraudado exceda de tres mil días de salario mínimo.

FUE TESORERO, DIRIGE FINANZAS EN IPEJAL
De Guadalajara ya no opino: Michel Uribe

El Ayuntamiento de Guadalajara es la entidad pública que tiene más adeudos con Pensiones por la retención de cuotas patronales y de trabajadores: 318.3 millones de pesos. Aunque tiene un convenio para pagar a plazos, la autoridad municipal incumple. ¿Qué pasa con el municipio?, se le pregunta a Hugo Alberto Michel Uribe, actual director de Finanzas del Ipejal.

— De Guadalajara no te puedo decir… pregúntales a ellos. Hay algún plan o propuesta que están evaluando, pero no se ha planteado formalmente.

—¿Qué pasó con Guadalajara, por qué se incrementó su deuda con Pensiones? —se le insiste porque él fue tesorero en 2010-2012.

—No lo sé, francamente.

—¿Usted fue tesorero y dejó deudas con Pensiones por 225.7 millones de pesos en octubre pasado (con todo y recargos)?

—Ya no me toca a mí. Cómo crees que voy a opinar de los nuevos…

Al corte de septiembre, Guadalajara había retenido las aportaciones patronal y de 11 mil 057 servidores durante las 60 quincenas anteriores.

—¿Esa deuda la dejó con Pensiones cuando usted fue tesorero de Guadalajara?

—De Guadalajara ya no opino. Así de plano.

Sobre el caso de Guadalajara, el Instituto aclara que se firmó un convenio en diciembre de 2012 con los siguientes detalles: primer pago a la firma del convenio: 4.09 millones de pesos; abonos al convenio: siete; monto abonado: 93.2 millones; saldo: 306.4 millones; siguientes pagos: 23 mensualidades de 13.3 millones finalizando el 30 junio de 2015. Sin embargo, el Ayuntamiento ya incumplió con el pago de 11.6 millones de pesos. “Se cumple con los pagos de acuerdo con los montos establecidos en el convenio. No obstante, presenta un saldo parcial de aportaciones patronales, así como retroactivos… cuentan hasta con 60 días para enterar al Instituto”, detalla Pensiones.

—¿En qué periodo habrá una reducción importante de las deudas de entidades? — sigue la entrevista con Michel Uribe.

—Debe haber un resultado de no crecimiento.

—Pero la deuda con Pensiones creció 10 millones de junio a julio, con todo y reforma penal.

—Cada proceso es distinto. Debemos caminar en una ruta cercana de meses para concluir.

—¿Se está afectando a los afiliados?

—Sí, por supuesto. Las disposiciones y acuerdos nos llevan a la suspensión de prestaciones. Está el punto en el que no puedes acceder a los créditos o al conjunto de prestaciones hipotecarias de corto plazo y préstamos de liquidez.

LAS 29 DEPENDENCIAS SEÑALADAS

Adeudos por aportaciones o retenciones de entidades públicas patronales

Publicado el 14 de agosto, con corte a la segunda quincena de julio.

Adeudos en parcialidades    Total     Estatus

Comude de Guadalajara     35,171     Requerido

Secretaría de Educación    3’402,786     Requerido

Secretará de Finanzas    3’428,394     Requerido

Total    6’866,352

En cobranza administrativa*    Total     Estatus

Atotonilco (agentes viales)    7,068    Requerido

Instituto de la Vivienda de Guadalajara    91,524     Requerido

Tecnológico Superior de Tequila    678,988     Requerido

Tamazula     2’360,332    Requerido

Escuela de Conservación y Restauración de Occidente    982,029     Requerido

Comude de San Pedro Tlaquepaque    118,349    Requerido

La Barca (agentes viales)    99,947    Requerido

Total     4’338,239

En cobranza jurídica**    Total     Estatus

Puerto Vallarta    242’112,767    Proceso judicial

Tonalá    222’543,674    Proceso judicial

Tuxpan     10’388,252    Proceso judicial

Chapala    6’606,133     Proceso judicial

Gómez Farías    1’843,075     Proceso judicial

Acatlán de Juárez    1’186,192    Proceso judicial

Total    484’680,095

Entidades con convenio de pago    Total    Estatus

Guadalajara    318’344,934    Incumple

Servicios y Transportes    117’124,721    Incumple

Congreso de Jalisco    96’223,781    Cumple

Code    21’988,698    Cumple

DIF de Guadalajara    17’869,789    Incumple

Sistecozome    14’221,529    Incumple

Tala    10’071,278    Cumple

Iprovipe    9’555,099    Cumple

Zapotlán El Grande    5’091,808    Cumple

DIF de Tonalá    2’729,903    Cumple

Comude de Tonalá    972,396    Cumple

Ocotlán    401,344    Cumple

Instituto de la Juventud de Tonalá    117,208    Incumple

Total en convenio    614’712,496

Gran total    1,110’597,184

* Titulares y directivos bloqueados por adeudo.

** Entidad pública patronal bloqueada por adeudo, según acta de sesión ordinaria de Consejo 11/2012.