Rector de la UdeG propone fiscalía especial para Bosque Los Colomos

Los alcaldes de Guadalajara y Zapopan se sumaron a la propuesta; también solicitarán la conformación de una “comisión de la verdad” para dar con los responsables de la pérdida de patrimonio público

La Universidad de Guadalajara, en voz del rector general, Carlos Briseño Torres, propondrá al gobernador Emilio González Márquez la designación de una fiscalía especial en la Procuraduría General de Justicia del Estado para defender jurídicamente los polígonos en la Cuenca Hidrológica de Los Colomos, en Guadalajara y Zapopan.

La fiscalía deberá investigar “las irregularidades que se han dado a lo largo de la historia en torno a los predios que adquirió el Gobierno estatal y cómo se han ido perdiendo propiedades públicas allí. También (servirá) para que los que son legítimos propietarios en los fraccionamientos aledaños, tengan plena seguridad jurídica (sobre su propiedad)”.

Parte de la propuesta es la conformación de una “comisión de la verdad”.

“La cual coadyuve a encontrar quiénes y de qué manera han descuidado el patrimonio de los jaliscienses” y que, a decir de Briseño Torres, deberá contar con la presencia de ciudadanos respetables y conocedores de la cuestión urbana.

Ayer, el rector no se limitó al tema de Los Colomos. También se sumó a las demandas del Grupo Acueducto y vecinos preocupados por la saturación de las vialidades alrededor del conglomerado de torres en la cercanía con Avenida Patria. Por ello, planteará a los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan que los cambios de uso de suelo y de densidad habitacional “sean sometidos a una amplia consulta ciudadana”, aunque estos procesos ya contemplan una consulta pública.

Durante su participación en un programa de televisión local, el rector reculó en sus señalamientos del 4 de junio, en los que dejó entrever que el regidor de Guadalajara, Juan Pablo de la Torre, estaba coludido con desarrolladores interesados en el Bosque Los Colomos. Dijo que había escuchado estas denuncias en contra del edil de los propios vecinos y que “la carga de (presentar) la prueba les corresponde a ellos”.

Luego añadiría, hablando siempre en tercera persona: “El rector general no reculó, es una apreciación incorrecta, el rector general desde el principio señaló que hay y ha habido funcionarios que se prestan a componendas con particulares. Aventé el saco y fue caminando y alguien en el camino se lo puso, pero esa no es responsabilidad mía. Yo no he señalado en particular a nadie”.

Se le cuestionó si la defensa de Los Colomos se había convertido en una “bandera” que responde a sus aspiraciones políticas: “La universidad está en una campaña por la defensa de nuestros recursos naturales y nuestro bosque de Los Colomos. Es una campaña institucional. No sé si alguien tenga aspiraciones políticas; las respetaría si alguien las tuviera, en lo que respecta a la UdeG, la única aspiración es defender nuestros recursos naturales”.

Aseveró que ignoraba el costo de los spots televisivos (que fueron transmitidos ayer) sobre la protección de Los Colomos pagados por la universidad, y dijo que buscaban concientizar a las personas de la importancia del tema. El rector, siempre vitoreado y aplaudido por los asistentes en cada una de sus intervenciones, negó que fueran acarreados suyos:

“Yo no traje a nadie. Yo no cité a nadie en domingo; es día de descanso obligatorio. Vino el que quiso. Fueron invitados muchos y esto es como las llamadas a misa: Les hace caso el que quiere”.


Telón de fondo

Las invasiones en el área protegida

La mayor problemática de invasiones con respecto a los polígonos de Los Colomos está en el Municipio de Zapopan. Ahí, de las 81 hectáreas que se reconocen como propiedad estatal, alrededor de 35 hectáreas presentan desarrollos habitacionales y una torre que ostentan escrituras inscritas en el Registro Público de la Propiedad.

Dentro del la delimitación de la Sedeur deben encontrarse alrededor de mil lotes que pertenecen a tres fraccionamientos distintos. EL INFORMADOR dio cuenta el 21 de junio de la reunión que se llevó a cabo el pasado miércoles entre la Secretaría General de Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Zapopan, en la que se acordó integrar una mesa permanente para el análisis jurídico de esta problemática.

En la reunión se determinó que será la Sindicatura de Zapopan la que se responsabilizará de la defensa legal de la propiedad estatal cuando se traten de los predios en las 41 hectáreas entregadas en comodato. Del resto, deberá hacerlo la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Para que la Sindicatura pueda comenzar con la promoción de juicios de reivindicación para recuperar la posesión de por lo menos tres predios que se presumen como invasiones, deberá contar primero con la actualización del contrato de comodato de 1983, pues el existente no fue aprobado en aquel entonces por el Congreso del Estado, lo que lo nulifica.

La autoridad municipal ya no cuenta con el plano de planta del contrato de 1983, por lo que también es necesaria la definición de los linderos específicos del área en comodato y bajo resguardo del Ayuntamiento.

Las actualizaciones de linderos brindarán herramientas jurídicas a la Sindicatura sobre el comodato, pues existen advertencias como las hechas por el abogado Juan Enrigue Zuloaga, quien asevera, conforme a una investigación documental histórica, que ese mismo predio ha pertenecido desde comienzos del siglo XX a la Compañía Industrial de Guadalajara (EL INFORMADOR 16/6/2008).