Nada que perder

Lo único que puede perder Enrique Alfaro en su pleito contra el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) es tiempo, y si se organiza bien hasta eso le va a sobrar. Dinero no, porque de todos modos no le pagaban un peso; capital político tampoco, porque nadie lo va a criticar por pelearse con los españoles operadores del aeropuerto de Guadalajara que, allende cualquier explicación, está muy por debajo de las expectativas de los tapatíos. Es pues un pleito bien medido por el presidente municipal de Tlajomulco. Aunque todo falle, él ya ganó.

El tema no es menor y efectivamente, de la resolución legal que de ahí surja pueden derivarse muchas cosas.

La pregunta de fondo es cuál es la materia de la concesión: la explotación del servicio o el territorio. Cuando el aeropuerto era propiedad federal se entiende que entre tahures no se leyeran las cartas, es decir que entre gobiernos no se cobraran impuestos. Ésa era un visión muy instalada y compartida en el siglo pasado cuando “Papá Gobierno” era el Gobierno federal y los municipios era unos nietos mantenidos. Esta visión cambió significativamente con la reforma al artículo 115 de la Constitución y con los tecnócratas que impusieron, para bien, la visión de que ser gobierno no los exime de pagar los servicios como el agua o la luz. Cuando vienen las privatizaciones, los concesionarios asumen que no sólo tienen derecho de explotación de los servicios, sino también los privilegios que tenía el Gobierno.

El aeropuerto es un terreno federal en territorio de Tlajomulco. El que sea propiedad de la federación no significa que deje de pertenecer a Tlajo: no es una embajada federal dentro de un municipio. Es un predio más, con la diferencia de que el propietario es otro Gobierno, tal como las escuelas o los hospitales pueden se propiedad del Gobierno del Estado. El Cabildo tiene autoridad para decidir si exenta o no del pago de un impuesto a quienes presten un servicio equis, pero un gobierno no puede imponerle a otro un “no te pago” porque soy un nivel de Gobierno superior, aunque uno sea un enano comparado con el otro. El otro tema es que lo que pasa dentro del aeropuerto, que no tiene que ver con los reglamentos de aviación, debe sujetarse a las reglas municipales. Los comercios y los anuncios deben cumplir con las normas del Cabildo, y los estacionamientos deben regirse por las reglas dictadas por el Gobierno municipal.

El GAP obtuvo, a través de una licitación pública, un concesión para dar un servicio de aeropuerto, pero no compró una isla. Habrá que ver cómo fallan los tribunales, pero por lo pronto Alfaro tiene mucho que ganar y nada qué perder, y la vida institucional del país, un laboratorio por demás interesante.