Fiscalía en derechos humanos debe ser independiente a Ejecutivo: Cepad

GUADALAJARA, JALISCO (15/FEB/2013).- Para que funcione una fiscalía que cuide los derechos humanos de las personas, y brinde apoyo a las víctimas del delito, debe ser autónoma e independiente del Poder Ejecutivo, pues se puede caer en criterios políticos y no sociales, sin una garantía a los propios derechos.
 
Así lo expresó Francisco Macías Medina, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) ante la presentación de la iniciativa de reforma al gabinete que propone el gobernador electo, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en la que se incluye la creación de una fiscalía de este tipo.
 
"No se puede proponer una fiscalía, en este momento sería algo contra-histórico si no se busca independencia de la misma, y lo segundo, es buscar el mejor perfil, y no necesariamente sociedad civil, para ser titulares de éstas áreas".
 
Dijo que quien esté al frente de la fiscalía debe tener preparación técnica y de experiencia en derechos humanos, lo que no se ha especificado en la iniciativa que se presentó este jueves ante el Congreso del Estado, así como los costos que implicaría para el Estado tener una instancia de este tipo.
 
Más allá de que se requiera personas de la sociedad al frente, lo ideal sería que se contara con académicos expertos en la materia, o personas que, aunque desempeñen una actividad política, tengan conocimiento y capacidad técnica en el tema.
 
Lamentó que en Jalisco haya tanto rezago en la materia, y que los ejemplos que se tienen a nivel nacional, tampoco han tenido los resultados deseados.
 
"Es importante la iniciativa, y es importante, porque el diagnóstico que se tiene es que, en prácticamente en ninguno de los casos ha existido una sanción penal ni de ningún tipo en caso de violaciones graves a los derechos humanos".
 
La creación de una fiscalía de este tipo vendría a cubrir las demandas de la sociedad, en cuanto a casos de violación a los derechos como el de la contaminación en Río Santiago, secuestros o en la falta de seguimiento y atención a víctimas que sufrieron de algún delito.
 
 EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR