Exigen liberación de detenidos por la “Macromarcha''

GUADALAJARA, JALISCO.- Representantes de por lo menos 10 organizaciones civiles que se manifestaron el fin de semana en contra de la Línea Dos y Tres del Macrobús, niegan haber atentado contra los elementos de seguridad durante la protesta; aseveran que las agresiones y detenciones que el sábado pasado se produjeron, son consecuencia de un Gobierno que busca a través de la agresión someter a la población civil.

Señalaron al mandatario estatal, Emilio González Márquez, como el “principal” responsable de haber ordenado la agresión contra los opositores.

Gilberto Parra, quien fungió como vocero de las organizaciones civiles, señaló que hasta el momento las autoridades no han dado a conocer el nombre y número de personas detenidas ni los motivos por los cuales los privaron de su libertad.

Por tal motivo, solicitó la liberación inmediata incondicional de los detenidos, la presentación de un informe de las condiciones de salud de cada uno de ellos y los reportes médicos de la atención recibida. Además, se solicita el castigo a los autores materiales e intelectuales de la represión.

“El resultado de la represión se desconoce hasta el momento, porque el Gobierno del Estado se niega a dialogar y dar información sobre los detenidos, sus nombres, estado de salud. Existen versiones de que se trata de entre 10 y 15 personas las detenidas y golpeadas. Sólo sabemos que los detenidos fueron trasladados a la calle 14 de la Procuraduría General de Justicia del Estado”, anunció Gilberto Parra.

Para los manifestantes, lo ocurrido el sábado por la noche no fue un enfrentamiento, porque la gente nunca agredió a los elementos de seguridad, y calificaron el acto como agresión contra la población civil, que se opone al “proyecto millonario” de la construcción de la Línea Dos y Tres del Macrobús.

“Los manifestantes no estaban preparados para una acción como esa, cómo se van a enfrentar mujeres, niños y ancianos a hombres armados y preparados para reprimir, se trató de una cobarde agresión en contra de la población civil que se manifestaba pacíficamente. Una vez más, el Gobierno del Estado de Jalisco, encabezado por Emilio González Márquez, demuestra su carácter represivo, autoritario y fascista”.

En el mismo acto, también estuvo presente Luis Octavio Cotelo Bernal, representante de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados, y hermano de uno de los detenidos, Saúl Cotelo Bernal, integrante de la Coordinadora Ciudadana de Opositores al Macrobús, quien destacó que las autoridades del Estado no deben de perder la atención de los elementos policiacos en deshacer manifestaciones, cuando hay grupos delictivos importantes en el Estado.

Ante las muestras de apoyo contra la detención de los opositores y las agresiones sufridas, el diputado federal por el Distrito 13, Enrique Ibarra Pedroza, se comprometió ante los representantes de las organizaciones civiles a dar seguimiento del caso violatorio de derechos humanos, en la Cámara de Diputados.

FRASE:

“Se trató de una cobarde agresión en contra de la población civil que se manifestaba pacíficamente”.
Gilberto Parra, vocero de organizaciones civiles manifestantes.

Derechos Humanos toma cartas en el asunto

Los afectados presentaron ya tres quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), y aseguran que interpondrán otras más en contra de las autoridades del Estado. Ante ello, el ombudsman de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, informó que ya se está investigando por parte de la Dirección de Quejas la actuación de los elementos de Seguridad Pública del Estado durante la manifestación del sábado pasado.

“Debemos de ver hasta qué punto se justifica la actuación; nosotros no podemos adelantarnos, no podemos prejuzgar, tenemos que trabajar en conjunto todo el caso y ver exactamente qué pasó, debemos de valorar y analizar lo ocurrido, para nosotros poder determinar cuáles son las probables consecuencias”.

Álvarez Cibrián señaló que se giraron medidas cautelares al Ministerio Público, para que no se violen los derechos de las personas que fueron detenidas; explicó que personal médico de la Comisión ya tuvo oportunidad de revisas a los ciudadanos detenidos.

El ombudsman de Jalisco recordó que es todo un derecho de los ciudadanos manifestarse, dijo que la Comisión ha hecho énfasis en los lineamientos con que deben de realizarse este tipo de actos; señaló, además, que la autoridad no debe de limitar, impedir, inhibir o restringir el derecho a manifestar ideas.

Pero dejó en claro que también la autoridad debe tomar las medidas necesarias para que este tipo de acontecimientos no afecten al resto de los ciudadanos.

En carne propia

Silvia Montero de la Cruz fue una de las personas que participó en la marcha que se efectuó el sábado pasado. La mujer, que era acompañada por sus dos nietos, fue víctima de las agresiones que los inconformes recibieron por parte de los policías estatales.

Señaló que el despliegue de fuerza que se vio durante la marcha fue “inusitado”.

“No creímos que nos fueran a agredir y lo que hicimos fue lo que nos pidieron, que abandonáramos el carril del Macrobús, y nos obligaron a tomar la Calzada Independencia, donde estaban circulando los automóviles, y prometieron que nos iban a dar paso por la Avenida Juárez, entonces nosotros obedecimos las indicaciones que las autoridades nos dieron, y al llegar a la calle Juárez, nos impidieron el paso”.

Doña Silvia explicó que ya en el punto donde se suponía los policías les darían paso, los uniformados hicieron filas y comenzaron a caminar frente a ellos.

“Cuando nos empezaron a oprimir, está un señor con una bicicleta al que todos conocemos como Chavita, yo miré atrás y vi que no había para dónde hacernos, pero los policías, sin ningún criterio, seguían empujando”.

La mujer afectada señaló que, al igual que el grupo, no quería ningún conflicto como el que aconteció.