El Itei revisará su base de datos

GUADALAJARA, JALISCO (25/FEB/2014).- El ex presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado ( Itei), Augusto Valencia López, afirma que nunca ha solicitado un amparo de protección a su persona, como producto de una resolución del Consejo.
 
Sin embargo, es la estadística emitida por el Itei, de donde este medio obtuvo una copia, la que tuvo imprecisiones. En el documento, emitido por el área jurídica del organismo se documenta que en 2008, el entonces presidente del organismo, presentó un recurso, apelando a un amparo indirecto que resolvió el juzgado quinto de distrito.
 
"En el 2006 y en el 2008, que son los datos que tienen, yo fui el titular del instituto y nunca trámite un procedimiento a mi nombre. Lo que me preocuparía es que el Instituto puede publicar información o esté entregando información que pueda resultar falsa", dijo el hoy regidor por Zapopan.
 
Este martes, esta casa editorial publicó la lista de algunos de los funcionarios de primer nivel que prefirieron ampararse antes que cumplir con la recomendación de sanción que propuso el Itei. En ese sentido, se detalló que más de 120 funcionarios, entre los que estaba el ex titular del Itei, figuraban en la estadística del organismo.
 
El tema del posible error del Itei cobra relevancia porque en los próximos dos meses los consejeros del instituto decidirán si publican la lista de funcionarios que han sido señalados y sancionados en alguna resolución del Consejo del Instituto por no entregar información pública solicitada por ciudadanos.
 
En el mismo caso que Augusto Valencia, se encuentran Raúl Vargas, Alfredo Argüelles, Salvador Cosio y Jorge Arana, quienes actuaron como particulares y no como autoridad, afirmó en entrevista el director jurídico del organismo, Jorge Alberto Contreras.
 
"Vamos a revisar las bases de datos, para que sean más claras, y evitar este tipo de confusiones que se provocaron".
 
La actual Ley de Transparencia, estrenada en agosto, ha convertido al Itei en una autoridad cuyas resoluciones son inapelables. Aun así, desde que comenzó a funcionar el Instituto, en 2006, se han promovido  cerca de 200 juicios de amparo que buscan la protección de funcionarios o particulares contra las resoluciones del Consejo.
 
EL INFORMADOR / OMAR GARCÍA