Autorizan gasolinera sin estudio de impacto ambiental: MC

GUADALAJARA, JALISCO (14/AGO/2013).- La inexistencia de los manuales de organización donde estén plasmadas las facultades de cada una de las dependencias del Gobierno municipal de Guadalajara, lo cual se arrastra desde 2010 con la expedición del nuevo Reglamento de la Administración Pública Municipal tapatío que nunca se complementó, ha originado que se autoricen edificaciones como gasolineras soslayando requisitos fundamentales como el estudio de impacto ambiental.

La fracción del Movimiento Ciudadano documentó el caso específico de una gasolinera que se aprobó sin esta valoración ambiental, como consecuencia directa de que el Ayuntamiento tapatío, desde 2010, haya omitido la expedición de los manuales cada de una de sus áreas gubernamentales, a pesar de que estaba obligado a hacerlo tras la aprobación de dicho Reglamento en junio de ese año –sus transitorios marcaban 30 días para cumplirlo-, y que sólo regula las atribuciones de las Secretarías, pero no precisa las de las dependencias de menor rango, como sí lo hacía la reglamentación anterior que quedó abrogada.

Se trata concretamente de la gasolinera que se ubica en la Avenida Agustín Yáñez, esquina Federalismo, en la colonia Moderna. Este proyecto había merecido un dictamen de impacto ambiental negativo de parte de la Dirección de Prevención y Control Ambiental de Guadalajara, con fecha 22 de agosto de 2011, tras valorar el estudio respectivo (SMAE/DPCA/DIA/0029/2011).

Sin embargo, como no hay ningún manual que le asigne a dicha Dirección la atribución de evaluar esos estudios ambientales, el promotor de la gasolinera, sabedor de esta deficiencia legal en el Ayuntamiento, impugnó el dictamen ante la Sindicatura tapatía, en un recurso de revisión (53/2011), y ésta le concedió la razón al empresario declarando la nulidad del trámite negativo al proyecto el 28 de noviembre de 2011.

La Dirección de Prevención y Control Ambiental era la dependencia tapatía facultada para valorar los estudios de impacto ambiental, así era hasta junio de 2010, no obstante, tras la aprobación del nuevo Reglamento de la Administración Pública de Guadalajara -con la abrogación del anterior- y la omisión en la expedición de los manuales complementarios, el área quedó sin poder ejercitar dicha atribución.

Se lee en la resolución de la Sindicatura a favor del promotor de la gasolinera: “A juicio de esta autoridad, el concepto de violación primero del escrito del recurso, resulta fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución recurrida, pues tal como lo sostiene el recurrente, el fundamento jurídico que otorgaba facultades a la responsable (la Dirección de Prevención) para la emisión de los dictámenes de impacto ambiental y en que se basó para la emisión del acto ahora recurrido (el dictamen negativo), fue abrogado de manera anterior a la emisión del mismo, sin que en la legislación vigente se le concedan potestades para tal efecto”.

Continúa la Sindicatura: “De esta forma es que se concluye que al no existir una autoridad municipal facultada para la emisión del dictamen de impacto ambiental, pues la responsable (la Dirección de Prevención) no acreditó que ella o bien cualquiera otra de las dependencias municipales tuvieran a su favor la citada potestad, es por lo que no puede considerarse que en este momento, pese a cargo de Trenogas (la empresa favorecida) la obligación de obtener de la autoridad municipal un dictamen de impacto ambiental”.

Concluye: “Resulta pues que la nulidad decretada tiene el efecto de exentar a Trenogas de la obligación de presentar dictamen de impacto ambiental, expedido por la autoridad municipal, en el trámite de obtención de licencia para la edificación y explotación del giro de estación de servicio de combustible”.

Lo que cuestiona ahora el regidor Salvador Caro Cabrera, del MC, es que el entonces titular de la Sindicatura, Héctor Pizano Ramos, quien resolvió el recurso a favor de la empresa, no haya intentado solventar posteriormente las deficiencias legales que estaba causando la inexistencia de los manuales de las dependencias, los cuales siguen sin existir hoy en día, manteniendo las condiciones propicias para que estos casos se sigan presentando.

Habla el regidor: “El responsable de cuidar la legalidad nunca impulsó que se establecieran esas facultades. Ellos sabían, ellos supieron durante tres años que no había ninguna autoridad facultada para emitir un dictamen de impacto ambiental. El gobierno priista encabezado por el hoy gobernador (Aristóteles Sandoval) eliminó las facultades en esto y en muchos otros ámbitos de las direcciones para poder permitir que sus funcionarios hicieran corrupción. Así se cuidaban también a casinos, edificios que rebasaban límites de pisos, y negocios y construcciones en lugares prohibidos.”

También existen dos oficios, uno del 9 de diciembre de 2011, y otro del 4 de enero de 2012, emitidos por el entonces director de Prevención y Control Ambiental, Guillermo Gómez Pedrozo Michel, en los que éste le preguntaba al director Jurídico, José de Jesús Sánchez Aguilera, que le aclara entonces qué debía de hacer ante una solicitud de dictamen de impacto ambiental, tras haber visto que la Sindicatura le negaba la facultad y resolvía a favor del empresario de la gasolinera.

En el primero de los documentos (DPCA/1263/2011), luego de hacer referencia a la resolución favorable a la gasolinera, dice: “Le solicitó su invaluable consideración a efecto de indicarnos la manera de proceder respecto de las solicitudes de evaluación y dictaminación que con motivo de la realización de obras o actividades que se pretenden ejecutar dentro del municipio, llevan a cabo tanto los particulares como el propio Ayuntamiento, en el ánimo de no incurrir en responsabilidad al dictaminar sin estar legalmente facultados para ello”.

Como no hubo respuesta de parte de la Dirección Jurídica de la Sindicatura, Gómez Pedrozo insistió en el segundo oficio (DPCA/0014/2012) “…toda vez que al día de hoy no se cuenta con el registro de respuesta por parte de usted, le solicito de la manera más atenta se sirva pronunciar al respecto, con la finalidad de continuar brindando la atención a las solicitudes recibidas…”

EL INFORMADOR / LUIS HERRERA