Tras cuatro años de laborar como empleada doméstica, Victoria fue despedida sin explicación en julio de 2014. Buscó un abogado y demandó por despido injustificado ante la Junta de Conciliación Arbitraje, pero el juicio continúa atorado.

Según datos del Inegi en el 2016 (último estudio), Jalisco es segundo lugar nacional en conflictos laborales individuales con 23 mil 555, sólo superado por la Ciudad de México, con 31 mil 373 juicios registrados.

El problema en Jalisco es que está a media tabla en resolución de casos. Si en 2016 se presentaron 23 mil 555 demandas, sólo se resolvieron 14 mil 767 (62.6%). En Nuevo León, por ejemplo, se documentaron 15 mil 582 y se resolvieron 16 mil 181 (103.8%).

Mientras en Estado de México, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Coahuila y San Luis Potosí, entre otros, presentan una mayor eficiencia en este tema, en Jalisco las cosas empeoran: en 2017 se presentaron 24 mil demandas y apenas se resolvió la mitad: 12 mil 303.

Concentra el sector comercio la mayoría de conflictos laborales

Alejandra trabajaba dentro de un bar ubicado en la colonia Moderna, pero debido a que las ganancias ya no eran las mismas, liquidaron a todo su personal en noviembre de 2014. A ella le permitieron trabajar para otro de los negocios del corporativo; sin embargo, en el transcurso de los días le pidieron que firmara su renuncia, pero se negó. Al día siguiente le prohibieron la entrada al establecimiento.

Luego acudió a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Jalisco, pero el representante de la empresa la desconoció, a pesar de que Alejandra contaba con las pruebas suficientes que acreditaban que sí había laborado. Hasta la fecha, el caso no se resuelve.

En Jalisco, el mayor número de conflictos presentados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje está relacionado con actividades del sector comercio, de acuerdo con las últimas Estadísticas sobre Relaciones Laborales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De los 23 mil 555 conflictos individuales de trabajo registrados en 2016, por ejemplo, el 22.8% corresponde al rubro del comercio, mientras que el 17.6 está relacionado con el servicio de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, en los que se incluyen actividades de apoyo a la administración de negocios, vigilancia y seguridad, limpieza de inmuebles y organización de viajes, entre otros.

En el tercer puesto se ubica las industrias manufacturera, con un 12.4 por ciento del total de casos presentados.

Lo anterior se debe, en gran medida, a que el comercio ocupa el primer lugar de las actividades económica del Estado, seguido de los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, mientras que la construcción ocupa el tercer puesto de estas actividades, de acuerdo con los últimos indicadores presentados por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

Sobre la resolución de conflictos por actividad económica, con un 82.2 por ciento de casos concluidos, el rubro de los servicios financieros y de seguros es uno de los que presentó el mayor porcentaje de resolución, seguido de los servicios profesionales, científicos y técnicos, con el 81.6 por ciento, y del el ámbito de la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final, con un 75 por ciento de la resolución.

Comparativo 

Según los Estados con mayor densidad demográfica, el Estado de México también tiene el mayor número de conflictos laborales presentados en torno al comercio, al igual que Veracruz, Puebla, Guanajuato y Chiapas. Por otra parte, la Ciudad de México lidera en servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, mientras Nuevo León encabeza las industrias manufactureras.

En demandas colectivas, Jalisco es séptimo lugar

De acuerdo con las últimas Estadísticas sobre Relaciones Laborales de Jurisdicción Local, durante 2016, Jalisco se ubicó en el séptimo puesto en la presentación de demandas colectivas a nivel nacional, con 22 conflictos de este tipo.

En el primer lugar resultó la Ciudad de México, con 414 casos, el segundo sitio fue ocupado por el Estado de México, con 147 demandas.

A nivel nacional, el sindicato que más conflictos colectivos presentó en 2016 fue la Confederación de Trabajadores de México (CTM), con un total de 195 casos, seguido por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, con 23, y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), con 12.

Aunque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social señala que las huelgas en Jalisco han sido nulas, según las estadísticas del Inegi, durante 2016 el Estado tuvo siete estallamientos de huelga.

“Hay que recordar que Jalisco ha logrado acordar que no se den las huelgas, tenemos que buscar mecanismos que permitan que Jalisco siga en paz en este sentido”, dijo el nuevo titular de la Secretaría del Trabajo, Luis Carlos Nájera, quien apunta que durante su gestión buscará promover las acciones necesarias para que Jalisco continúe en la misma línea, entre las que se encuentra la búsqueda de contratos colectivos, en acuerdo con los empresarios y sindicatos patronales. “Esto es muy importante para incentivar a las personas que están produciendo más para nuestro Estado”.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

“Más política”

Emanuel Ibarra (profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana)

Hubo más política mediática detrás de la confrontación pública de la Secretaría del Trabajo contra los abogados conocidos como “talibanes”, que un fin jurídico. En la opinión del experto, la primera prueba de ello es que hay juicios ganados por parte de los trabajadores, en los que los litigantes sólo hicieron uso de las herramientas que les permite el Estado.

“Con todos los vicios y particularidades, los abogados fueron a un juicio y lo ganaron. La razón se les dio por todas las instancias a los trabajadores y se van a tener que pagar… por más ruido mediático que se hizo”.

Apunta que el origen de estos problemas que sufren las empresas está en la legislación, pues “permite muchos abusos”. Y lo peor es que la reforma en justicia laboral, tan aplaudida hace un año porque supone un cambio en este sentido, continúa estancada (las Juntas pasarán al Poder Judicial).

“No sabemos cómo se va a aplicar, no hay una legislación secundaria aprobada para implementarla (…) El paso de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial se veía como una solución posible a los vicios de la justicia laboral, y por lo menos de la iniciativa presentada en diciembre, parece que las juntas (locales) se quedan con los juicios que ya tienen, hasta que se pase a los nuevos juzgados y empezarán de cero”.

Otro problema que se advierte es que desde el Poder Judicial tampoco hay claridad sobre los perfiles de quienes se dará seguimiento a los nuevos juicios laborales. Y, además, tampoco se sabe si contará con personal suficiente.

Por lo que ve al desempeño de los secretarios del Trabajo de la administración estatal en curso, opina que todos “hicieron lo que han podido con lo que tienen”, pues al final lograron mantener la estabilidad laboral y evitar huelgas… pero la profesionalización de la justicia laboral sí es un pendiente que puede resolverse, aún con sus vicios, con la transición al Poder Judicial en Jalisco.

“Ayuda el quitarle a la justicia laboral este ‘cordón umbilical’ que permite estos vaivenes y estar sujeto a intereses políticos. Ayuda y es un primer paso importante. Ojalá la legislación que viene sea suficiente para cambiar los problemas”.

“La Junta está desatendida”

Rosendo Fregoso Castro (titular de Derecho Laboral en la División de Estudios Jurídicos del CUCSH)

Aunque se han hecho esfuerzos para mejorarla, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ha sido presupuestalmente desatendida. Allí estriba la falla en la impartición de justicia laboral. 
En la opinión del experto, se ha fallado también en la contratación del personal necesario y, sobre todo, bien capacitado.

Es por eso que los tiempos de ley para el desahogo no se cumplen y se ofrecen más garantías a los trabajadores bien asesorados para ganar los juicios.

Ni en la labor legislativa se avanzó. Aunque el Código Penal fue modificado para evitar la incursión de fraudes en los juicios, los abogados bien preparados saben sortear obstáculos para evitarse problemas legales. ¿Su estrategia? Ni siquiera figurar en los documentos.

“Presento la demanda y, al hacerlo, también p+resento mi amparo. Pero ellos nunca firman las demandas como apoderados; es el trabajador”.

Esa es una de las principales razones por las que hasta el momento, afirma, no se ha procesado penalmente a ningún abogado de los que conforman el grupo conocido como “talibanes”.

Afirma que para modificar esa realidad, desde el Poder Legislativo se deben establecer capítulos especiales para el abogado, el patrón y los trabajadores que equilibren las cargas procesales. “Cuando el legislador dé equilibrio y paridad procesal en la ley, ese día se van a acabar (los fraudes) porque va a ser conforme a la norma lo que se va a resolver, y las cargas probatorias están en igualdad de circunstancias”.

Concluye que el rubro de justicia laboral no registra grandes avances. “Siento que quien debería estar al frente de la Secretaría del Trabajo no nada más debe tener conocimiento de la administración pública, sino ser un especialista en la materia. El gobernador tiene su derecho de decidir a quién coloca, pero lo mínimo es respetar el perfil que la Ley Federal establece”.

Nájera continuará la batalla contra los abogados “talibanes”

Aunque las prácticas de los abogados conocidos como “talibanes” han sido contenidas gracias a dos reformas aprobadas en 2012 y 2015, éstas no han sido erradicadas del todo. Y el nuevo titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luis Carlos Nájera, afirma que continuará en la estrategia para evitar que más empresas desaparezcan por causa de estos litigantes.

Los “talibanes” son un grupo identificado de abogados cuya estrategia consiste en asesorar a trabajadores que demandan a la empresa en la que solían trabajar, y aprovechándose de vacíos legales interponen juicios fraudulentos en los que disparan las cifras de salarios y generan afectaciones millonarias. Ante esto, el Código Penal ya establece sanciones para quienes simulen o den datos falsos durante un juicio. También está el hecho de que ahora sólo se permite pagar un año de salarios caídos. El problema está en que ninguna ley es retroactiva y aún hay juicios de estos personajes discutiéndose.  “Todos los juicios anteriores a 2012 se rigen por las leyes anteriores y no podemos aplicarla en forma retroactiva. Incluso, si hay un juicio posterior pero que puede irse a un recurso legal y aducir que el contrato lo tenían antes de 2012, pueden operar con las leyes anteriores”.

Luis Carlos Nájera afirma que ninguno de sus predecesores en la dependencia dejó el tema de lado, pero aún con ello, los abogados “talibanes” siguen operando. Esto sucede aún porque “muchos” de los expedientes rezagados son manejados por ese grupo.

“Es un tema que está latente y que estamos trabajando. Estoy consciente que todos los secretarios que me precedieron han estado trabajando con esto, por eso sería falso decir que ya se acabó este problema. Estos abogados tienen muchos juicios en muchas Juntas y buscaremos traerlos a la realidad, porque hay laudos que acabarían con empresas completas y lo que no queremos es perder fuentes de empleo para Jalisco”.

Esos rezagos son un problema que, dice, no busca heredar al Poder Judicial una vez que la Junta quede bajo su tutela. Y por eso, una de las tareas prioritarias para lo que resta de la administración de Aristóteles Sandoval será reducir el porcentaje.

Para ello, el cuarto secretario del Trabajo en la presente administración ha encontrado una “alternativa”. Aunque no hay presupuesto para contratar más personal, platicará con rectores de universidades a fin de que éstas permitan apoyar en el desahogo de juicios a sus alumnos de la carrera de Derecho. La otra es reactivar un área “subutilizada” de la Secretaría: la de Conciliadores.

“Estamos buscando dos alternativas: acercarnos con universidades y traer prestadores de servicio, que es una forma gratuita de tener gente con un perfil y capacidad. Y dos: ayudar a trabajar con un área que tenemos aquí dentro de la Secretaría, que es el área de conciliadores”.

Reforzarán tres Juntas

Luis Carlos Nájera recuerda que la actividad en las Juntas 13, 16 y 17, que son las que registran mayores rezagos, serán reforzadas de manera prioritaria, y deja en claro que la razón por la que no se contratará a más gente es por presupuesto. “La cobija no alcanza”.

La eterna lucha

En agosto de 2015, la Coparmex, la Cámara Nacional de Comercio y el Consejo de Cámaras Industriales se unieron en bloque para exigir al Congreso del Estado que aprobara la reforma al Código Penal del Estado, a fin de evitar fraudes en los juicios laborales y sancionar con hasta seis años de prisión a los abogados que mintieran en su desarrollo.

La llamada “Ley Antitalibanes” fue aprobada el mismo mes. El Código Penal quedó modificado, pero dos años y medio después los problemas con estas organizaciones de abogados aún persisten.

En 2013, el Congreso discutía una ley para sancionar a servidores públicos que no resolvieran a tiempo los juicios laborales, y a los abogados que recurren a las argucias para retrasarlos. Entonces, la pena a avalar era de uno a tres años y entre 100 y 300 días de salario mínimo. La Secretaría del Trabajo, que encabezaba Eduardo Almaguer, acumulaba 25 denuncias interpuestas ante la Fiscalía por juicios laborales irregulares. En todos participaban los “talibanes”.

El combate a estos grupos de abogados le significó al entonces secretario del Trabajo un incremento en su seguridad personal, pues denunció haber recibido amenazas de éstos. Una semana antes de convertirse en fiscal general, dijo que la Fiscalía (representada en esas fechas por Luis Carlos Nájera) no había integrado todas las averiguaciones previas para encarcelarlos, y que además ellos se habían amparado para evitar cualquier represalia. Esa argucia les ha evitado ser detenidos.

Impactos millonarios

• En el arranque de la administración se denunció la operación de los “talibanes” en la Junta Local, quienes habían ganado millonarias demandas con declaraciones falsas o actos fraudulentos.

• La Secretaría del Trabajo reveló en 2013 que 66 “talibanes” representaban tres mil juicios con este tipo de irregularidades.
En 2014, ocho grupos acumulan ocho mil 538 juicios. 

TELÓN DE FONDO

Los retos

En la primera entrevista que concedió como secretario del Trabajo de Jalisco, Luis Carlos Nájera confirmó que incrementar los salarios de los trabajadores de Jalisco, en conjunto con los patrones, y proteger sus derechos laborales, serán los objetivos a cumplir. “Buscaremos con los empleadores mejorar el salario de los trabajadores y, en ese tenor, haremos nuestro mejor esfuerzo”.

El reto es enorme: al cuarto trimestre del 2017, el 63.15% de la población ocupada, es decir, poco más de dos millones 300 mil jaliscienses, ganan tres salarios mínimos diarios o menos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), por lo que el reto de Nájera es importante.

Las cúpulas empresariales respaldaron el nombramiento de Luis Carlos Nájera. Para la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Guadalajara, Jalisco ha sido una de las Entidades federativas que más han creado empleos en los últimos meses, alcanzando cifras récorda por lo que exhortan al recién nombrado secretario del Trabajo a seguir con las mejoras en lo que resta de la administración.

Por su parte, la Coparmex en Jalisco le recordó al nuevo titular los retos pendientes en materia laboral: como mantener la paz y estabilidad laboral, garantizar las condiciones para el fomento al empleo, acelerar el proceso de representantes de las juntas, ejercer el presupuesto de manera responsable, así como el combate a los abusos en materia de inspección al sector empresarial. 

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