A diferencia de Ciudad de México, donde la Autoridad Educativa Federal y la Secretaría de Educación Pública (SEP) aplicaron un protocolo que establece lineamientos para que las escuelas sepan a quién deben entregar a los menores cuando salen, en Jalisco no ocurre así.El subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), Pedro Díaz Arias, reconoció que las autoridades escolares en la Entidad no han impuesto un plan unificado porque cada plantel es autónomo.“Las escuelas deben tener un reglamento interno para que establezcan acuerdos entre la comunidad escolar. Cada una, respondiendo a su contexto, establece la organización para que la seguridad de los alumnos sea una prioridad”.El funcionario llamó a que organizaciones de padres de familia y escuelas fortalezcan su comunicación y unifiquen los protocolos de entrega a tutores, a fin de que se evite una tragedia similar a la registrada con la niña Fátima, de siete años.Hace una semana, las autoridades de la escuela Enrique C. Rébsamen, en la alcaldía de Xochimilco, permitieron que la menor se fuera en compañía de una mujer que no era su familiar. Días después, su cuerpo fue localizado en calles de la alcaldía de Tláhuac.El 3 de mayo de 2019, un grupo armado entró en un domicilio de la colonia Villas de la Hacienda, en Tlajomulco, para privar de la libertad a un hombre que allí se encontraba.Entre los disparos, una menor de sólo tres años resultó herida. Y pese a que la niña, hija del hombre privado de la libertad, fue llevada a una unidad de la Cruz Verde del municipio, perdió la vida horas después.En los últimos 10 años, en Jalisco han sido asesinados 544 menores de 18 años, de acuerdo con información de la Fiscalía estatal compartida por su Unidad de Transparencia. Eso representa que, en promedio, al menos un menor de edad fue asesinado cada siete días.Según las estadísticas, de esas víctimas de homicidio doloso (entre enero de 2010 y diciembre de 2019), al menos 95 tenían de cero a nueve años; el resto se encontraba entre los 10 y los 17 años. Además, 109 de los 544 menores asesinados eran mujeres.La Fiscalía estatal detalla que 370 de los menores fueron asesinados con armas de fuego, 69 con armas blancas, 56 a golpes y 47 fueron asfixiados, aunque también se encontraron víctimas que fueron quemadas en incendios, ahogadas y hasta envenenadas.Sólo el año pasado hubo 63 menores víctimas de homicidio doloso; 16 menos que los registrados en 2018. Otro menor de edad fallecido el año anterior fue un bebé asesinado el 4 de junio en la colonia Real San Sebastián.Hombres armados dispararon contra un auto en el cual viajaba una familia de cuatro integrantes. Éste se estrelló y, por los balazos, el padre de familia falleció junto con su pequeño, un niño de dos años.En los últimos cinco años, al menos 30 niñas que ni siquiera habían cumplido los 10 años (el rango de edad en el que se encontraba Fátima) murieron de forma violenta en el Estado. Esto de acuerdo con datos estadísticos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).Según la información del organismo, de enero de 2015 a diciembre de 2019 allí fueron practicadas 30 autopsias en niñas cuya muerte, según se certificó, fue ocasionada por un arma de fuego, un arma punzocortante, porque fue golpeada o incluso estrangulada.Sólo el año pasado fueron siete las menores que perdieron la vida en esas circunstancias. Y de ellas, dos fallecieron porque les dispararon; tres más porque las golpearon; una por heridas de arma punzocortante y una fue estrangulada.Esas siete víctimas son la cifra más alta desde 2015, año en el que se practicaron 13 autopsias a cuerpos de niñas que murieron en circunstancias violentas.Alegre, sonriente, feliz, rebelde, muy vaga y platicadora. Así es como los vecinos de Fátima, en la alcaldía Xochimilco, la recordarán. Colectivos, organizaciones civiles y mucha gente que no la conocía llegaron a su pequeña casa para mostrar apoyo a la familia. Unos con despensas, otros con dinero y el resto ayudó a limpiar el lugar donde sería velada. “El dolor nos unió. Quizás así se habría evitado la tragedia, pero creo que es demasiado tarde”, comentó Cleotilde, una vecina. El trabajo y los quehaceres diarios de sus padres obligaron a la menor, quien tenía siete años, a crecer prácticamente sola. Su compañía eran “Lucky” y “Spike”, sus dos perros. “Era un sol. Siempre nos hacía reír. Había días en los que se iba sola a la escuela; todos la conocían. Cuando no había qué comer en su casa pasaba y le dábamos con gusto, de todo corazón. Pedía comida también para sus perros. No se vale que la hayan matado así”, afirmó Margarita, quien vive a 30 metros del domicilio de la niña.La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México investiga a entre 10 y 12 servidores públicos que tuvieron participación en la denuncia de desaparición de Fátima. La titular de la dependencia, Ernestina Godoy, anunció que se investiga a funcionarios de las fiscalías Tláhuac y Azcapotzalco.Añadió que se investiga al personal que se encontraba en turno en la Fiscalía de Tláhuac, quien recibió a la familia aproximadamente a las 12:30 horas y la canalizó al Módulo de Atención y Orientación. También se indaga entre los servidores públicos de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, ubicada en Azcapotzalco, que intervinieron en la denuncia de desaparición.En caso de que se encuentren irregularidades, advirtió, los funcionarios pueden recibir hasta sanciones penales por omisión grave. Y sobre los responsables de la desaparición, descartó las declaraciones de la familia acerca de que una vendedora ambulante fue quien se la llevó. Dijo que desde el domingo pasado entrevistaron a la mujer y concluyeron que no tiene nada que ver.NOTIMEXLa mujer que presuntamente sustrajo a Fátima fue identificada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La dependencia informó que también se localizó el domicilio de la mujer, ubicado en la colonia San Felipe, de la alcaldía Xochimilco. Horas antes, la Fiscalía de Justicia difundió un retrato hablado de la mujer. La autoridad capitalina ofreció una recompensa por hasta dos millones de pesos a quien aporte información para localizarla.Segob. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó que desde esa institución se impulsará la colaboración entre distintas dependencias para tratar de erradicar hechos violentos como el feminicidio de la niña Fátima. “Estamos por impulsar de manera mucho más clara una coordinación entre dependencias que van desde el Instituto de la Mujer, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda, para poder hacer una acción mucho más eficaz”. Afirmó que para erradicar la violencia en México no sólo se necesita la participación del Estado, sino de la familia, la iglesia, la escuela y otras instituciones.Presidencia. El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí ayuda a resolver el tema de los asesinatos de mujeres en el país, y que él está a favor de crear una Fiscalía especializada para atender los feminicidios, una de las demandas en las que han insistido diversas organizaciones de mujeres. “Todo lo que haga falta, claro que sí. Eso corresponde a los congresos estatales, el Congreso federal, corresponde a los gobiernos de los estados, a la Fiscalía General de la República. Yo lo veo muy bien y todo lo que se haga para conseguir la paz y la tranquilidad lo vemos bien. Vamos a seguir ayudando en todo”.Fiscalía. La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, admitió que los protocolos para la localización de Fátima no fueron suficientes, por lo que anunció que se revisarán todos los mecanismos implementados desde su desaparición. Puntualizó que se pondrá especial atención en la activación de la Alerta Ámber y reiteró que se hará justicia por la muerte de la niña de siete años. “He decidido tomar personalmente esta investigación y llegaremos hasta las últimas consecuencias”, aseguró.Congreso. La Cámara de Diputados aprobó incrementar cinco años a la pena máxima de prisión para los delitos de feminicidio y abuso sexual. Subió de 60 a 65 años y estableció una mínima de 45, en lugar de 40. La aprobación fue enviada al Senado para su análisis y eventual ratificación. También se aumentaron las penas para servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosa o negligentemente la procuración o administración de justicia.
