Lunes, 20 de Enero 2020
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Jalisco

Investigan a más aviadores en Fiscalía; ya suman 111

La cifra en investigación aumentó a casi un año del nuevo Gobierno, y solamente se han iniciado dos procedimientos de responsabilidad

El Informador

Derivado de auditorías internas, se detectó que en la Fiscalía Regional de Jalisco hay 111 trabajadores que cobran sin laborar: 90 operativos y 21 administrativos. “No se encontró documentada la adscripción de los servidores públicos involucrados, por lo que actualmente están en investigación con un procedimiento para deslindar su presunta responsabilidad”, detalla por Transparencia la Dirección de la Contraloría de la Fiscalía del Estado.

Hace nueve meses, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez reportó que en el cambio de administración encontraron que 80 personas estaban como aviadoras. Esto confirma que la cifra en investigación aumentó a casi un año del nuevo Gobierno. En ese entonces, el fiscal mencionó que tardarían algunas semanas en revisar las irregularidades.

Según el Órgano Interno de Control de la Fiscalía, solamente se han iniciado dos procedimientos de responsabilidad, que se encuentran en etapa de sustanciación contra servidores públicos que cobraban indebidamente sin que se presentaran a laborar.

Por otra parte, este medio de comunicación publicó que de las 701 carpetas de investigación que existen en la Fiscalía Anticorrupción por posibles delitos (en el periodo enero-septiembre pasados), 226 involucran a la Fiscalía.

Aunque se solicitaron entrevistas con ambas dependencias para abundar sobre estos temas, no se concretaron.

Rogelio Barba Álvarez, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, recalca que se debe conocer el número de personas que están cobrando sin trabajar, con la intención de depurar la corporación y contratar a más elementos efectivos, porque hay un déficit de personal para investigar y dar respuesta a las necesidades sociales.

“La Fiscalía debe ser transparente en la información y establecer qué personas no están laborando y están cobrando, con la finalidad de rescindir el contrato y rescatar ese personal humano que es tan importante para la investigación que tanto necesita Jalisco”.

Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal de Jalisco. EL INFORMADOR/Archivo

Proyectan crear plazas, sin resolver el tema de aviadores

Las auditorías internas en la Fiscalía Regional de Jalisco detectaron un incremento en los presuntos aviadores en el primer año de la presente administración, por lo que pasaron de 80 a 111; sin embargo, aún no se determina la situación final de éstos.

Sin resolver lo anterior, se informa que el próximo año pretenden crear 665 plazas para la Fiscalía General, con el objetivo de atender las disposiciones legales de su Ley Orgánica, confirma el Proyecto de Presupuesto 2020 del Gobierno de Jalisco.

“Para esto asignamos 266 millones de pesos, y consideramos la cobertura anual de los nuevos sueldos para policías estatales, viales y miembros de la Fiscalía por 493.4 millones de pesos”, explica el documento presentado al Congreso.

De acuerdo con la última actualización de puestos en el Poder Ejecutivo de Jalisco, se autorizaron cuatro mil 192 plazas para la Fiscalía General del Estado. También reportan que, para el fortalecimiento institucional, integraron a la Policía Vial a la Secretaría de Seguridad y añadieron la coordinación entre todas las corporaciones.

Y se remarca que, al comenzar la administración, se encontró una “grave crisis” de operatividad debido a que la entonces Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fueron fusionadas (en 2013) para crear una sola dependencia (Fiscalía General), sin que existiera una división adecuada de funciones entre la prevención y la investigación del delito.

“Aunado a esto, las malas prácticas llevadas a cabo en administraciones anteriores, como el manejo discrecional de los recursos financieros y la mala distribución de los recursos humanos, habían mermado la capacidad de acción del Gobierno, la ineficiencia en la investigación de delitos y, sobre todo, el incremento en la incidencia delictiva”, se justifica en el Primer Informe de Gobierno de Enrique Alfaro.

Otras acciones estratégicas que se destacan en la operación de la dependencia fue la reorganización de las unidades de investigación de homicidios, secuestros, robos de vehículos, extorsiones, narcomenudeo, robos de vehículos de carga pesada y de instituciones bancarias. Además de la separación de las áreas encargadas de atender los delitos de robos a negocio y casas, ya que la manera en la que se encontraban integradas no era de acuerdo con su especialización.

GUÍA

No resuelven ni uno de cada 100 delitos

  • La probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en Jalisco es de apenas 0.6 por ciento. De acuerdo con el Índice Estatal de Fiscalías y Procuradurías 2019, elaborado por la organización Impunidad Cero, Jalisco se ubica en la antepenúltima posición en la probabilidad del esclarecimiento de un delito.
  • A Jalisco lo acompañan Quintana Roo y Chiapas. Los últimos dos en la tabla son Tamaulipas y Guerrero, mientras que la media nacional fue de 1.3 por ciento.
  • Este indicador resulta de la disposición de los ciudadanos para reportar los ilícitos y la efectividad de las Fiscalías para determinar los asuntos. “En la medida que mejore la efectividad en la investigación, la expectativa de obtener resultados positivos por parte de la ciudadanía, su percepción y confianza, se incrementarán”, se destaca en el estudio.

Vencen plazos

Vía Transparencia, la Dirección de Denuncias de la Contraloría del Estado actualiza que, a la fecha, se han iniciado seis procedimientos por posibles irregularidades administrativas en la Fiscalía de Jalisco. Sin embargo, en cuatro de éstos “no se inició algún procedimiento de responsabilidad administrativa toda vez que cuando se advirtieron las irregularidades ya había pasado la facultad de sancionar administrativamente a los presuntos responsables”.

En contraparte, se muestran mayores avances en las 11 investigaciones de la Contraloría presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción. Y de las denuncias penales presentadas hay otros 11 procesos de investigación “por la falta de supervisión en la ejecución de contratos por un monto de 895 millones 878 mil pesos”.

Este medio de comunicación publicó en marzo pasado que la Contraloría de Jalisco detectó inconsistencias en las nóminas y en el control de pasivos o deudas en dependencias como la Fiscalía General, el Instituto de Pensiones y el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud.

Aunque los hallazgos son parte del proceso de la entrega-recepción de la administración estatal pasada, las anomalías coinciden con señalamientos anteriores, lo que evidencia la existencia de complicidades, remarcó la contralora Teresa Brito. “Hoy, ya no roba una persona… son redes, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Eso lo tenemos claro”.

Por ejemplo, detectaron empleados sin contrato o con salarios distintos al monto estipulado; es decir, “trabajadores que aparecen en un lugar de adscripción, pero ese trabajador está en (otra área)”.

Para el siguiente año pretenden contratar a 665 empleados en la Fiscalía General. EL INFORMADOR/Archivo

Fiscalía Anticorrupción investiga anomalías

Otro de los señalamientos relacionados con irregularidades en plazas lo hizo la Secretaría de Educación en Jalisco, tras las auditorías realizadas en el proceso de entrega-recepción.

En abril pasado, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que denunciaron otros 20 casos sobre la venta de plazas, con costos de hasta 130 mil pesos cada una. Anteriormente se reportó que existía una red de personas que vendió 838 plazas, por las que se recaudaron 35 millones de pesos. De esa cantidad, 87 de éstas se relacionaron con trabajadores que laboraban irregularmente en la Secretaría de Educación; el resto, pagó por la plaza, pero les entregaron interinatos que ya concluyeron.

Vía Transparencia se le requirió información a la Secretaría sobre el avance del caso. Al respecto, contestó que la investigación era llevada por la Fiscalía Anticorrupción, por lo que ésta era la dependencia responsable. Sin embargo, no se compartieron los datos correspondientes a las plazas que entraron de forma irregular. “Toda vez que dicha información podría evidenciar las acciones que se pretenden ejercer en cada una de las etapas del procedimiento, lo que vulnera la capacidad de acción del sujeto obligado o cualquier tercero involucrado, poniendo en riesgo las estrategias procesales, afectando la posible resolución al causar confusión o desinformación”.

Para hablar del tema y de los presuntos aviadores en la Fiscalía Anticorrupción, se solicitó una entrevista con el titular, Gerardo de la Cruz, pero no se obtuvo respuesta.

TELÓN DE FONDO

Diputados evaden cuestionar al Gabinete de Seguridad

El pasado 15 de noviembre, los diputados del Congreso del Estado desdeñaron la glosa en materia de seguridad, en la que se cuestionaría el actuar del Gabinete de Seguridad.

Solamente 11 diputados (menos de la tercera parte) acudieron a la cita, de los cuales, más de la mitad pertenecen a Movimiento Ciudadano (MC).

El coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez; el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, y el secretario de Seguridad, Juan Bosco Pacheco, asistieron al encuentro.

El legislador perredista, Enrique Velázquez, exigió a los funcionarios que el Gobierno “recupere el territorio de Jalisco”, pues en su opinión, la Entidad está controlada por el crimen organizado. “Si no tenemos controlado el territorio, entonces no somos los que tenemos el Estado. Si hay otros grupos que son los que están cobrando impuestos y tienen el control del territorio, entonces están amenazando al Estado”.

La priista Sofía García dijo que la cifra de delitos patrimoniales ha aumentado desde que Movimiento Ciudadano llegó a gobernar la metrópoli en 2015.

Macedonio Tamez defendió que el Gobierno en funciones presenta cifras reales, contrario a la pasada administración, que “manipulaba cifras para aparentar menores índices”.

Entre los avances destacó la contratación de 40 nuevos peritos forenses y que el área de Extinción de Dominio ya llevó cuatro asuntos ante los juzgados (también que hay 60 más en trámite).

LA VOZ DEL EXPERTO

“Son prebendas”

Martha Olivia Arias (experta en tema de seguridad)

Martha Olivia Arias acentúa que el tema de los aviadores en administraciones públicas es una práctica histórica en el sistema político, “porque la administración se ve como un patrimonio al que todos pueden acceder”.

“Se considera que se tiene bien merecido vivir del erario público, y son prebendas y beneficios que se otorgan a la lealtad a toda prueba. Por supuesto que es necesario terminar con los aviadores para generar un compromiso de servicio profesional y serio, respondiendo de cara a la ciudadanía, no de cara a quien te mete al presupuesto”.

Si no se resuelve esta situación, remarca, es imposible construir relaciones democráticas, de confianza, y alianzas entre los Gobiernos. “Esto de cambiar las adscripciones lo único que hace es solapar incompetencias, es darle herramientas a gente que no tiene el perfil, que termina haciendo cualquier cosa… o nada”. Coincide en que se necesita evidenciar quiénes son los aviadores.

“Es fundamental transparentar...”

Rogelio Barba Álvarez (miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara)

Rogelio Barba Álvarez resalta que es fundamental transparentar quiénes son o han sido aviadores en la Fiscalía General de Jalisco, para conocer cuáles personas no están haciendo el trabajo para el que fueron contratadas.

“Las leyes de Transparencia y del Sistema Nacional de Seguridad Pública no te dicen que mencionen dónde están por temas de seguridad, pero es imprescindible saber que todas las personas que están contratadas por las Fiscalías estén en las áreas para las que fueron contratadas”.

Indica que este trabajo le corresponde a la contraloría interna, que tiene atribuciones para definir y buscar a las personas que no están en su trabajo. “Eso tiene que ver con un fraude a la sociedad, porque estarían cobrando por no hacer nada. La Fiscalía no tiene que ser omisa y debe tener resultados”.

Considera que si no hay avances, entonces debería entrar la Fiscalía Anticorrupción para investigar a la Fiscalía General del Estado. “Es un juego perverso que debe de romperse por medio de la aplicación de una norma. Está la Ley de Servicios Públicos, está la Fiscalía Anticorrupción… tenemos instrumentos jurídicos y legales para definir este tipo de anomalías que perjudican tanto a la administración de justicia”.

La homologación salarial fue la única política que se logró implementar la Agencia Metropolitana de Seguridad. EL INFORMADOR/Archivo

Homologan salarios

El pasado 22 de octubre se publicó en el Periódico Oficial de Jalisco la autorización para la homologación salarial de los elementos operativos de seguridad adscritos a los municipios integrantes de la Policía Metropolitana de Guadalajara, antes denominada Agencia Metropolitana de Seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara. Se precisó que solamente serán beneficiados los elementos operativos, sin incluir a los que desempeñen funciones de carácter administrativo.

El subsidio cubrirá los meses de septiembre a diciembre con 62.1 millones de pesos entre los nueve municipios metropolitanos.

El que más recursos recibió fue Tonalá, con 16.4 millones. Las cantidades se otorgarán de forma mensual y se determinarán por la plantilla del personal operativo en activo que registren ante la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco, con la validación de la Coordinación Estratégica de Seguridad.

Un total de siete mil 500 policías recibieron el aumento salarial para homologar sus percepciones en 18 mil 400 pesos mensuales. Se explicó que, para no afectar los compromisos laborales de los Ayuntamientos, los elementos recibirían el incremento como un “bono”, aunque la situación cambiaría para el siguiente ejercicio presupuestal.

Antes de que el Organismo Público Descentralizado (OPD) Agencia Metropolitana se convirtiera en Policía Metropolitana, se creó para diseñar políticas públicas para abordar temas relacionados con la seguridad.

Vía Transparencia, el ODP informó que la homologación salarial fue la única política que se logró implementar.

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