Lunes, 21 de Abril 2025
Internacional | La normativa europea establece que los inmigrantes ilegales podrán ser detenidos hasta por 18 meses

Según Perú, Unión Europea es 'consciente' del rechazo a su política migratoria

José Antonio García Belaunde, canciller de Perú, afirmó que la Unión Europea (UE) está consciente' del rechazo que ha generado la Directiva Retorno en Latinoamérica

Por: NTX

LIMA.- El canciller de Perú, José Antonio García Belaunde, afirmó hoy que la Unión Europea (UE) está "consciente' del rechazo que ha generado la Directiva Retorno en Latinoamérica y que hay 'temas por discutir' sobre la iniciativa de migración.

En declaraciones telefónicas a una radio local, el funcionario dijo este sábado que los representantes de la UE consideran conveniente discutir los alcances de la Directiva Retorno y brindar alternativas de solución a los países latinoamericanos.

'Ellos (la UE) también son conscientes de que hay temas por discutir, por eso ellos en la misma Directiva dejan abierta la posibilidad de acuerdos bilaterales con cada país, que es lo que deberíamos explorar', dijo García Belaunde desde Bruselas.

El ministro de Relaciones Exteriores, quien realiza una gira de trabajo en Bélgica, aseguró que el bloque europeo "está en capacidad de dar algunas alternativas de solución para que la norma no afecte los derechos de los inmigrantes indocumentados".

La normativa europea establece que los inmigrantes ilegales podrán ser detenidos hasta por 18 meses mientras son deportados y no podrán reingresar a los países de la UE en un plazo de cinco años.

El tema generó alarma en los países latinoamericanos que buscan mecanismos de solución a este conflicto, indicó el canciller peruano.

Advirtió que los europeos 'en realidad dicen en voz baja que están preocupados por migraciones de otras partes, no tanto de los latinoamericanos'.

El jefe de la diplomacia peruana consideró que existe temor en la UE en el sentido de que un libre tránsito de inmigrantes pueda generarle un problema.

El canciller destacó que las naciones de América Latina son las únicas que reclamaron por las repercusiones del dispositivo que establece, entre otras medidas, hasta 18 meses de detención a los extranjeros indocumentados

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