Oposición critica reforma legal cívica en Venezuela

CARACAS, VENEZUELA (05/ABR/2012).- El diputado opositor Eduardo Gómez Sigala afirmó hoy que la reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, criminaliza la protesta cívica, por lo que debe ser revisada.

"La única intención de esa ley, es perseguir a la disidencia política, a los opositores que piensan distinto al régimen", precisó el legislador independiente a la Asamblea Nacional (Congreso unicameral), en diálogo que sostuvo.

El proyecto de reforma a esta ley, calificada de inconstitucional por la dirigencia opositora local, fue aprobado en segunda discusión por el órgano legislativo, el 30 de enero pasado y espera la promulgación por parte del presidente Hugo Chávez.

Gómez Sigala, ex presidentes del Consejo Nacional de la Industria (Conindustria), afirmó que la ley en cuestión permite al gobierno disponer de una herramienta de presión para mantener sometida y callada a la sociedad venezolana.

"Si querían luchar contra el terrorismo debieron haber aprobado (la mayoría oficialista en el Congreso) una ley genérica, sin discriminación, que tomara en consideración a plenitud los convenios internacionales".

Dijo que esta ley define el acto terrorista como concerniente a una conducta individual o asociativa, destinado a subvertir el orden constitucional o institucional del país, alterar la paz u obligar al gobierno a realizar un acto, por ejemplo, arreglar una vía.

En opinión del diputado, esta redacción limita los derechos de los ciudadanos y criminaliza la protesta cívica, por lo que resulta inconstitucional y debe ser revisada y consultada ampliamente, "pues lo que lo que hay detrás de ella es muy peligroso".

Gómez Sigala advirtió que el gobierno carece de intenciones de luchar contra la delincuencia organizada, ya que la ley derogada (de 2005) le ofrecía los instrumentos legales necesarios para enfrentar este tipo de delito.

"La nueva herramienta legal personifica el delito de terrorismo, por lo que cualquier actividad puede ser denunciada como tal, y por otra parte deliberadamente excluye al Estado venezolano de las investigaciones de corrupción y delincuencia organizada", señaló.

Aseguró que "esta ley será utilizada por el gobierno como fachada internacional para decir que Venezuela lucha contra el terrorismo, un país que de por sí tiene muy mala imagen en el exterior por sus vínculos con Irán y organizaciones terroristas de Colombia y España".

Finalmente dijo que "este esperpento jurídico viola el derecho a la participación, asociación, reunión, debido proceso y prevé además medidas especiales para interceptar comunicaciones personales, correos electrónicos y movilizaciones bancarias".