OEA enviará misión para dialogar con Europa tema migratorio

WASHINGTON.- La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el jueves enviar una delegación americana a Europa para buscar ``soluciones prácticas'' a las disposiciones adoptadas recientemente por la Unión Europea contra los inmigrantes indocumentados, entre las cuales figura el encarcelamiento por hasta 18 meses a la espera de deportación.

La resolución, promovida por Perú y aprobada por aclamación por los embajadores de la organización de 34 estados miembros, y asigna a la misión, que estará formada por ministros de estado, el propósito de ``obtener información directa'' y promover el diálogo interregional para discutir y aclarar alcances de la llamada ``directiva de retorno'' aprobada por el Parlamento Europeo el 18 de junio.

``Las prácticas migratorias restrictivas tienen efectos contraproducentes'', dijo el canciller peruano José Antonio García Belaunde en una sesión especial del Consejo Permanente de la OEA.

John Bruton, observador permanente de la Unión Europea ante la organización, dijo que la directiva era el producto de más de cinco años de negociaciones para poner orden en las normas básicas de inmigración, sobre los cuales había países que no tenían ninguna ley en aspectos como, por ejemplo, los periodos de detención de los indocumentados.

``Esperamos con ansias iniciar este diálogo con las América para tratar no sólo el tema de la inmigración sino los temas que quisieran abordar'', dijo Bruton. ``Este diálogo será considerado en forma muy seria en la Unión Europea''.

El canciller peruano dijo que mediante la represión sólo se promovía la extensión de la permanencia irregular y se daba paso a los prejuicios, xenofobia y discriminación racial con la aparición de redes para la trata y explotación de inmigrantes.

García Belaunde dijo que las nuevas normas europeas permiten la detención de inmigrantes irregulares tan solo con una orden administrativa; internamiento por hasta 18 meses; reclusión de inmigrantes a centros penitenciarios ordinarios; ausencia de garantías para los menores; limitación de asistencia jurídica gratuita y medidas excepcionales en los estados miembros que experimenten emergencias.

El canciller colombiano Fernando Araújo, otro de los asistentes, declaró que si bien reconocía ``el esfuerzo de la Unión Europea de establecer normas comunes para el tratamiento de la inmigración ilegal'', ésta debe ser ``tratada con firmeza y respeto de los derechos humanos''.

Antonio Rivas, vicecanciller de Paraguay, dijo que la directiva europea ``no resulta congruente con el espíritu del derecho humanitario'' y era una ``contradicción a la histórica hospitalidad brindada por nuestros pueblos a inmigrantes de todo el mundo''.

La vicecanciller mexicana Lourdes Aranda, cuyo país tiene unos 8 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, dijo que era ``fundamental abordar la migración internacional desde una perspectiva integral que permita una profunda comprensión del fenómeno y reconozca la importante contribución económica, social y cultural'' de los inmigrantes.

García Belaunde dijo que las medidas afectarán potencialmente a 8 millones de personas en la Unión Europea.

La representante alterna de Venezuela, Carmen Luisa Velásquez, calificó la directiva europea como ``bochornosa'', ``ignominiosa'' y ``vergonzosa''.