Juez Baltasar Garzón, al banquillo por delito de prevaricación

MADRID, ESPAÑA (13/MAY/2010).- El Tribunal Supremo de España ordenó la apertura del juicio oral contra el juez Baltasar Garzón, quien está acusado de presunta prevaricación (resolución injusta) por investigar los crímenes del franquismo a sabiendas de que no era competente para hacerlo, según el auto judicial.
La decisión de sentar en el banquillo a Garzón, tomada en contra de la opinión de la Fiscalía, obliga al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a reunirse en pleno para decidir si aparta cautelarmente al popular magistrado de su puesto al frente del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.

El CGJP convocó a un pleno urgente para mañana a petición de siete vocales. Los miembros del pleno examinarán el auto que dictó el juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, en el que ordena la apertura de juicio oral contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo.

En esa reunión, el CGPJ abordará también la solicitud de permiso del juez para marcharse al Tribunal Penal Internacional de la Corte de Justicia de La Haya en calidad de consultor externo en tareas de asesoramiento e investigación de crímenes masivos.
La demanda contra Garzón, planteada por el sindicato Manos Limpias y por Falange Española —que posteriormente fue apartada por defectos de forma en su escrito de acusación—, dice que el juez abrió unas diligencias contra personas fallecidas, entre ellas el dictador Francisco Franco, sobre delitos que habían prescrito o habían sido amnistiados por la Ley de 1977.

De autorizársele ese traslado, el juez evitaría la suspensión temporal de un puesto en el que lleva más de 20 años y, de ser exculpado, podría volver a la Audiencia Nacional una vez concluida su excedencia.

Telón de Fondo

Competencia profesional, en duda

Los hechos por los que el juez Baltasar Garzón está encausado se remontan a 2008, cuando se declaró competente para juzgar las desapariciones en la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco.

El Tribunal Supremo considera que Garzón orilló conscientemente la Ley de Amnistía de 1977, intentando llevar adelante la investigación sobre la dictadura y la búsqueda de miles de víctimas de represalia por parte de Franco en fosas comunes, sin tener realmente competencia.

El juez que ordenó abrir algunas fosas donde se sospecha que puede haber enterradas personas desaparecidas.

Además, el Tribunal Supremo investiga a Garzón por ordenar unos supuestos espionajes entre los cabecillas de una trama de corrupción y sus abogados, así como por los supuestos pagos que recibió del Banco Santander para financiar unos cursos en una universidad en Nueva York.