Jimmy Morales pide anular un irregular contrato portuario

GUATEMALA, GUATEMALA (28/ABR/2016).- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, giró instrucciones este jueves a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para buscar la nulidad de la adjudicación de un polémico contrato de usufructo portuario a una empresa española en 2012.

El vocero presidencial, Heinz Heimann, dijo en rueda de prensa que el gobernante firmó un documento donde instruye a la Procuradora María Eugenia Villagrán a estudiar el caso y presentar la nulidad del contrato.

"Este es el camino a la solicitud de nulidad del contrato, el cual debe de ser revisado por un juez competente y quien deberá determinar si procede o no dicha nulidad", precisó.

El pasado 15 de abril la Fiscalía y una comisión de la ONU que apoya el sistema judicial guatemalteco desvelaron la trama fraudulenta de usufructo por 25 años prorrogables entre la firma española Terminal de Contenedores Barcelona (TCB) y el Puerto Quetzal (Pacífico).

La investigación determinó que el encarcelado ex presidente Otto Pérez y su vicepresidenta Roxana Baldetti, también en prisión, facilitaron la firma del contrato y la empresa española pagó una comisión de 30 millones de dólares.

Pérez y Baldetti están en prisión por otro caso de corrupción, debido a que supuestamente encabezaban una red de defraudación fiscal en aduanas.

El portavoz insistió en que Villagrán como "abogada del Estado" tiene que realizar "todas las acciones jurisdiccionales para defender los intereses del Estado de Guatemala".

Villagrán había solicitado instrucciones al presidente para analizar el caso y solicitar la nulidad del contrato debido "a que existen vicios de consentimiento e irregularidades en el otorgamiento del usufructo".

El contrato se firmó el 4 de abril de 2012 en medio de señalamientos de irregularidades.

La firma española opera en Guatemala con el nombre Terminal de Contenedores Quetzal, la cual funciona en el interior del Puerto Quetzal, unos 100 km al sur de la capital, sobre el Pacífico.

En este nuevo caso, Pérez y Baldetti son acusados de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.

El ex gobernante negó este jueves ante un juez haber recibido sobornos para la adjudicación del usufructo portuario.