España aprueba sancionar protestas en espacios públicos

MADRID, ESPAÑA (12/DIC/2014).- Medidas más severas. Los diputados del Congreso español aprobaron únicamente con los votos del Partido Popular (PP) una nueva ley de seguridad ciudadana que considera la implementación de multas por realizar manifestaciones no autorizadas.

Además legaliza la devolución “en caliente” de inmigrantes clandestinos en las provincias españolas de Melilla y Ceuta, ubicadas en Africa.

La nueva ley fue propuesta por el Gobierno el pasado 11 de julio, y ayer fue avalada por 181 votos a favor del PP, mientras que toda la oposición votó en contra con 141 sufragios.

“Será un magnífico instrumento para garantizar más y mejor la seguridad ciudadana”, aseguró Jorge Fernández Díaz, ministro español de Interior. La ley será turnada al Senado; en caso de que no existan modificaciones, la norma será definitiva.

Con la norma se podrá multar hasta con 600 mil euros a manifestaciones no autorizadas en edificios públicos que puedan suponer un riesgo para la ciudadanía o afectar a los servicios públicos. La ley también prevé sanciones de 30 mil euros para quienes realicen concentraciones no avaladas en las cercanías de los parlamentos nacionales y regionales si existe un riesgo para la seguridad.

En caso de que las protestas obstruyan el trabajo de las autoridades las sanciones ascenderán hasta 30 mil euros. Esta nueva norma también sube hasta 600 euros las multas por escalar edificios públicos sin permiso; esta forma de protesta ha sido utilizada en varias ocasiones por la organización Greenpeace.

Debido a que España se enfrenta a un reciente periodo de recesión y crisis económica, en el país europeo se han intensificado las manifestaciones, muchas de ellas espontáneas; algunas de ellas culminaron en enfrentamientos entre manifestantes y la Policía.

La oposición consideró que el Gobierno de España trata de apaciguar la respuesta de la sociedad española provocada por algunas medidas de austeridad implementadas por las autoridades cuando el país enfrenta una crisis económica.

Los partidos contrarios al oficialista PP llamaron a la nueva legislación “ley mordaza”.

La ley de seguridad ciudadana también establece nuevas multas por consumo y portación de drogas en vía pública. Además, la controvertida norma prevé castigos para la prostitución.

Expulsarán a inmigrantes marroquíes polémica ley

La Policía española tendrá la facultad de expulsar a inmigrantes a Marruecos sin precisar algún permiso judicial en los pasos fronterizos de las provincias de Melilla y Ceuta, esto gracias a una ley aprobada en el Parlamento.

La ley establece una serie de polémicas nuevas multas, una de ellas prevé la devolución de extranjeros sin autorización de residencia, una medida que busca responder a la presión migratoria que sufre España en esas provincias de África. Esta legislación fue criticada y rechazada por la oposición española y organizaciones civiles como Human Right Watch.

Al menos cuatro mil 600 extranjeros, en su mayoría originarios de la región del Sahara, intentaron atravesar las vallas que separan Marruecos de Melilla y Ceuta, en casi 20 mil intentos por ingresar a las provincias españolas durante 2014, según datos del Ministerio de Interior de España.

Esta cifra se duplicó en comparación con la de 2013, pese a que el Gobierno español reforzó las medidas de seguridad en la zona de vallas donde existen divisiones de seis metros de altura y alambres con pinchos.

“Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”, indicó la norma aprobada.

La organización Human Right Watch afirmó que estas medidas de expulsión automática son una “clara violación” a las normas europeas y españolas en materia de derechos humanos.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, desestimó las acusaciones por la ley, y exhortó a los países y organizaciones críticas de la decisión a hacerse cargo de los inmigrantes que llegan a España y facilitarse atención digna y empleo.

Actualmente los inmigrantes que llegan a territorio español tienen derecho a asistencia legal y solicitar asilo. Con esta nueva regularización podrán ser expulsados si no superan la línea fronteriza.