Cierran puertas a búlgaros y rumanos

LONDRES, INGLATERRA (07/FEB/2013).- El tiempo apremia. Faltan 11 meses para que búlgaros y rumanos tengan pleno derecho a trabajar en cualquier país de la Unión Europea (UE). Sin embargo, el temor a una segunda oleada migratoria procedente del Este de Europa similar a la que acompañó la ampliación de 2004 ha puesto la inmigración en el centro del debate político británico.

El Gobierno ha reconocido que no tiene poder para prolongar el periodo transitorio que aún hoy limita el acceso de trabajadores de Rumania y Bulgaria al mercado laboral, pero está estudiando la implantación de medidas disuasorias: desde limitar sus derechos sociales y su acceso a ayudas públicas hasta explicarles que en Reino Unido no se vive tan bien como creen.

La inmigración, mucho más que los debates filosóficos sobre la UE, está detrás de los esporádicos éxitos electorales del Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP).

Y el UKIP se está convirtiendo en potencialmente decisivo en las elecciones de 2015. No porque vaya a hacerse con muchos escaños —nunca ha conseguido ninguno, debido a la peculiaridad del sistema electoral británico— sino porque puede acabar robándole votos a los conservadores y facilitar así una victoria laborista.

Antes, en 2014, el UKIP será el centro de atención durante las elecciones europeas. Y el hecho de que las restricciones que limitan el derecho de búlgaros y rumanos a trabajar en Reino Unido acaben precisamente en 2014, han convertido esos comicios en un termómetro quizás decisivo sobre el futuro político del primer ministro, David Cameron.

Las restricciones fueron impuestas en 2005, de cara al ingreso Bulgaria y Rumania en la UE el 1 de enero de 2007.

Sus ciudadanos pueden visitar libremente Gran Bretaña, pero necesitan un permiso especial para poder trabajar. Restricciones similares o de otro tipo han sido aplicadas también por Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Holanda. España, que en principio no puso ninguna, consiguió permiso de la Comisión Europea para limitar el acceso de trabajadores rumanos debido a los efectos de la crisis económica.

Los rumanos, cuya lengua es relativamente cercana al castellano por su común origen latino, son la colonia de inmigrantes comunitarios más numerosa de España.

Algo similar le ocurrió a Reino Unido antes, cuando fue uno de los pocos países que no puso trabas a la entrada de trabajadores de Polonia y otros países de Europa del Este cuando ingresaron en la UE en 2005.

El Gobierno laborista de entonces infravaloró el impacto migratorio de esa ampliación y en lugar de 20 mil al año llegaron cientos de miles de inmigrantes.

La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos británica estima que llegaron hasta 1.7 millones de trabajadores de esos países entre 2004 y 2009, aunque muchos se volvieron enseguida y el saldo neto se estima en unos 700 mil trabajadores.

Las cifras ahora se aventuran mucho más modestas, ni que sea porque Rumania y Bulgaria suman 29 millones de habitantes, frente a los 75 millones de los países de la ampliación de 2004.

El debate político sobre la inmigración es mucho más sonoro ahora que hace 10 años, al menos en Gran Bretaña. Y eso parece haber puesto nervioso al Gobierno de Cameron, que ha llegado al extremo de plantearse una campaña de publicidad para explicar a búlgaros y rumanos las desventajas que supondría para ellos intentar instalarse en Reino Unido. Una campaña que muchos medios han calificado de “farsa”.

Algunos ministros, como el titular de Gobierno local, Eric Pickles, han pronosticado que la llegada de búlgaros y rumanos va a provocar una crisis por falta de viviendas.

Pero la ministra del Interior, Theresa May, advirtió en noviembre que no hay manera de que el Gobierno pueda restringir la llegada de trabajadores de esos países. Sin embargo, ya lanzó entonces la idea de disuadirles limitando su acceso a los servicios públicos o las ayudas sociales.

LA CIFRA

250 mil búlgaros y rumanos arribarán en cinco años, estiman.

> AMPLÍAN RESTRICCIONES

Suiza rechaza a españoles

BERNA, SUIZA.- Suiza quiere ampliar al conjunto de los europeos las restricciones a la inmigración que ya aplica a los ciudadanos de Europa del Este. El Consejo Federal (Gobierno) podría limitar en los próximos meses el número de trabajadores europeos admitidos en la Confederación Helvética ante la llegada masiva de inmigrantes españoles, portugueses e italianos, según adelantó en su edición de ayer el diario francés Les Echos. El Gobierno se plantea activar una “cláusula de salvaguardia” incluida en el acuerdo que firmó con Bruselas en 1999 sobre libre circulación de personas.

La cláusula establece que Berna puede reducir el número de permisos de trabajo emitidos cuando estos superen 10% de la media de los tres años anteriores. Con el ritmo actual de llegada masiva de inmigrantes por la crisis, esa cifra podría superarse el próximo 31 de mayo, según el rotativo francés. “Se está discutiendo imponer esa medida a todos los miembros de la UE”, declaró el consejero federal (ministro), Didier Burkhalter, a la televisión suiza RTS.

Precisó que la disposición sólo se aplicaría durante un año. No está claro, sin embargo, que el Gobierno vaya a dar el paso definitivo por motivos económicos y políticos.             

EL DATO

Tres meses para hallar empleo

Downing Street ha admitido que está estudiando procurar el retorno a casa a los inmigrantes que no hayan encontrado trabajo en tres meses o que no tengan medios para subsistir durante seis meses.

Pero todo eso no es tan fácil, porque hay un marco legal europeo que se ha de respetar. Y ahí es donde culpan a la UE.

EL PAÍS