Arizona gasta 640 mil dólares en entrenamiento policial antiinmigrante

PHOENIX, ESTADOS UNIDOS (29/OCT/2012).- Los Departamentos de Policía en Arizona gastaron unos 640 mil dólares en capacitar a sus agentes para aplicar la única previsión autorizada de la ley antiinmigrante SB 1070, de acuerdo con estimaciones difundidas hoy por la prensa local.

La estimación, que se basó en un sondeo a siete corporaciones y una agencia estatal que capacita a policías, se publica luego que ninguna autoridad estatal o local informe los costos de la capacitación de 15 mil agentes de policía de los distintos departamentos en todo Arizona.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, luego de promulgar la SB 1070 en abril de 2010, ordenó que la Junta de Entrenamiento y Normas para Oficiales de Paz de Arizona creara un programa de capacitación para los policías de la entidad. Esto con el propósito de que pudieran aplicar el estatuto sin violar los derechos de las personas, ni incurrir en perfil racial.

La SB 1070 se mantuvo suspendida por orden judicial durante más de dos años en tanto se revisaba su constitucionalidad. En junio pasado, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos autorizó uno solo de los cuatro grandes apartados de la ley para que entrara en vigor.

Tras la decisión de la Suprema Corte, la gobernadora Brewer emitió una orden ejecutiva para distribuir a todas las corporaciones de policía de Arizona el curso de entrenamiento diseñado para capacitar a los agentes sobre cómo deben aplicar la ley.

El 18 de septiembre pasado, comenzó a aplicarse en Arizona la Sección 2B del estatuto antiinmigrante, que autoriza a los policías de esta entidad a revisar la condición migratoria de una persona detenida, si existen sospechas razonables de que sea indocumentada.

El curso de entrenamiento policial, que consta de un disco de video de 90 minutos y varios folletos, destaca que no se debe usar la raza como un factor decisivo para cuestionar a las personas sobre su estatus migratorio.

En la capacitación también se indica que los agentes deben enlistar los hechos y circunstancias específicas que los condujeron a sospechar que el individuo está ilegalmente en el país.

"Es la totalidad de las circunstancias lo que determina si existe sospecha razonable", señala el material de entrenamiento.

Enfatiza que los agentes no pueden cuestionar a los sospechosos sobre su estatus migratorio, si antes no les leen sus derechos cuando sean detenidos en relación con otro delito.

También indica que los policías no deben cuestionar a víctimas y testigos sobre su situación migratoria y los pasajeros de un automóvil no deben ser interrogados durante una parada, a menos que se haya cometido una violación diferente.