Abogan en Washington por una nueva política de fronteras con México

WASHINGTON, EU.- Una coalición de grupos comunitarios, funcionarios y policías de estados fronterizos de EU con México abogó hoy en la Casa Blanca por una nueva política en la región que tome en cuenta tanto los aspectos de seguridad nacional como de respeto a los derechos humanos y la protección del ambiente.

Los miembros de la Fuerza de Tareas Estadounidense-Mexicana sobre Frontera e Inmigración realizan gestiones esta semana en Washington ante el Gobierno del presidente Barack Obama y el Congreso, en busca de más recursos y personal para el bienestar de las comunidades a ambos lados de la frontera.

"Lo que ocurre en la frontera es muy, muy importante", dijo en teleconferencia Alí Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración. "Cada día aparece en los titulares algo que gana la conversación sobre la violencia en la frontera, el tráfico de drogas".

"Las comunidades están preocupadas por su seguridad, pero también por el respeto a los derechos humanos", añadió. "Necesitamos una reforma urgente del sistema de inmigración".

Las poblaciones estadounidenses en Texas, Nuevo México y Arizona "han visto el impacto de una política que durante muchos años no ha reconocido la complejidad de la situación", sostuvo Jennifer Allen, directora ejecutiva de la Red de Acción de Frontera, con sede en Tucson.

"Las economías han sufrido, ha habido violaciones de los derechos humanos y maltrato de los inmigrantes", añadió. "Las comunidades locales queremos ser parte de la solución, tenemos que tener una voz que se escuche y a eso hemos venido a Washington".

Silvia Aguilar, subjefa de Policía en El Paso (Texas), se refirió al programa del Gobierno federal que procura que las policías locales se involucren en la verificación de documentos y la detención de inmigrantes indocumentados.

"Desde el punto de vista de la labor policial creemos que nuestras agencias deberían seguir brindando servicio policial a la comunidad, en asuntos cotidianos, el mantenimiento del orden", dijo Aguilar. "No creemos que estas policías deban responsabilizarse por la aplicación de las leyes de inmigración, que es una tarea del Gobierno federal".

Aguilar indicó que deberían aprobarse "normas estrictas para que las policías locales se mantengan alejadas del asunto de inmigración".

La concejal Marti Moreno, de Sahuarita (Arizona), sostuvo que la coalición "demanda responsabilidad en la aplicación de las leyes, como un factor tan importante para el capital económico como para el capital humano".

Las agencias federales como la Oficina de Inmigración y Aduanas ( ICE) y la Patrulla de Fronteras "deben dar a su personal una instrucción que les permita conocer la cultura local, y deben actuar con el principio de que hay que respetar los derechos humanos a ambos lados de la frontera".

El fiscal de condado José Rodríguez, de El Paso, se refirió a su vez a los puntos de cruce de frontera.

Los cruces de frontera "no son solo sitios donde transitan personas y mercaderías, también tienen un tremendo impacto económico en la comunidad aledaña", manifestó.

Rodríguez se refirió al anuncio reciente de la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, sobre el envío a la región fronteriza de más personal y más equipos para la vigilancia, y los esfuerzos para contener el tráfico de drogas de México a EU, y el de dinero y armas de EU a México.

Señaló que el personal de las agencias federales enviado a la región debería recibir una capacitación adicional "sobre el respeto a los derechos humanos", y añadió su preocupación por "los prolongados interrogatorios a que son sometidas las personas que ingresan a Estados Unidos".

"Debería haber un proceso viable para la presentación de quejas cuando la gente sienta que ha habido un trato injusto", dijo y agregó que "debería haber una aclaración de cuáles son los documentos requeridos para la entrada, porque esto cambia mucho constantemente y causa problemas a la gente".