A Juan José Bañuelos Guardado Nuestro contralor, un hombre en verdad honrado a carta cabal, después de revisar 16 dependencias estatales y 11 organismos públicos descentralizados, habla de más de cinco mil millones de pesos que egresaron de manera indebida de las arcas jaliscienses; se ha descubierto a cientos de trabajadores prácticamente esclavizados en Tolimán, y a muchos niños en igual situación en Mazamitla, en empresas que ni de lejos habían sido revisadas desde hace mucho y sí, en cambio, una de ellas recibió premios e incentivos gubernamentales; la prensa se ha hartado de referir el gran robo que se cometió en la Villa Panamericana; las cuentas de la Secretaría de Educación tampoco cuadran; es el caso también de los números del Code y su desaseado manejo de los Juegos Panamericanos, que más bien parecen haber sido los “de Hidalgo”, por aquello del “que deje algo…”; tampoco queda claro el ejercicio de los recursos en materia de promoción del turismo; ojo, también es el caso de la Secretaría de Cultura y, sobre todo, de lo que se asegura que medraron, al igual que en la Ciudad de México, con cargo a las famosas celebraciones centenarias de la Revolución y de la Independencia; asimismo, no hablemos del SIAPA, ni de muchas obras públicas… Todo junto nos deja la amarga sensación de que el mugrero legado por el Gobierno anterior está en absolutamente todas sus partes y ello no puede ser cierto: en algunos rincones de la administración emiliana deben haber quedado espacios limpios. No es justo que, aun siendo pocos, todos los funcionarios del pasado sexenio queden embarrados por quienes, a pesar de haberse anunciado como decentes, han superado todas las expectativas de corrupción. A todas luces, en defensa de los que sí fueron probos, conviene dejar las cosas bien claras y hacer una exhaustiva revisión de todo para dejar fuera de la mala sombra a quienes tengan méritos para ello, de la misma manera que deberán quedar en ella quienes así lo merezcan. Los fuertes efluvios del oleaje de aguas negras jaliscienses han llegado hasta el Congreso de la Unión y allá se habla, desde hace tiempo, hasta en partidos de oposición, de la urgencia de realizar una revisión a fondo para saber a ciencia cierta de qué tamaño fue la robadera durante el sexenio pasado y, si es el caso, que la sociedad les pase la factura como es debido a los culpables, pero que la mala fama no llegue a quienes no lo son.
