Nadie puede decirse sorprendido cuando se afirma que los grandes negocios del capitalismo ilegal mexicano necesitan de la protección del poder político para operar, mantenerse y extenderse. Así ha ocurrido en México desde hace muchas décadas: un presidente municipal, un jefe de la policía local, un gobernador, un senador, un comandante de zona militar, un jefe de partido o el mismo poder Ejecutivo federal han brindado algún tipo de protección, ayuda, cobijo o impunidad para los capos y las organizaciones del crimen organizado.Pero todo indica que en México estamos, en este momento de guerra no convencional, ante otro tipo de estructura político-criminal. Se ha utilizado el término narcoestado para definir este tipo de relación entre el poder público, las soberanías de facto que los jefes del crimen organizado ejercen y los circuitos financieros que hacen posible el lavado y el usufructo de las cuantiosas ganancias que dejan los negocios del capitalismo ilegal.Dos ejemplos recientes muestran que la relación de las estructuras de gobierno y los servidores públicos ya no es de mero cobijo, protección o venta de impunidad a los integrantes de las organizaciones criminales. Ahora los mismos representantes del Estado son el crimen organizado; o la inversa, los representantes del crimen organizado son también representantes estatales, haciendo que la frontera entre ambos, que alguna vez se percibía como clara, ahora no exista.Un caso es la detención del fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia, el pasado lunes 27 de marzo en San Diego, al intentar ingresar a Estados Unidos para visitar a su familia. Según una denuncia en su contra en una corte de Nueva York, Veytia conspiró (junto a otras personas) para distribuir e introducir droga a Estados Unidos y pretenden decomisarle bienes por un valor de 250 millones de dólares. Veytia, conocido por los nayaritas como “Diablo”, no ayudaba o colaboraba con un cártel del narcotráfico, sino que es parte de uno de ellos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La detención del fiscal del gobernador priista Roberto Sandoval, sorprendió a muchos, pero no a cientos de familias nayaritas que padecieron sus tropelías (Proceso, 27 agosto 2017) y su participación en negocios ilícitos como narcotráfico, secuestro, tortura, extorsión, “cobro de piso”, control de “picaderos”, “despojo de comercios”, tráfico de armas y el lavado de dinero (Financiero, 2 abril 2017).Un caso semejante es el de Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, durante el gobierno del hoy prófugo de la justicia, Javier Duarte. Bermúdez Zurita está en este momento detenido por el delito de enriquecimiento ilícito, pero ahora es acusado además de participar directamente en la maquinaria de desaparición de personas y producción de fosas clandestinas en aquella entidad. Las familias organizadas en Veracruz, como el Colectivo Solecito, reportan al menos 40 desaparecidos por parte de elementos de la policía que dirigía Bermúdez Zurita. Hablamos de mandos del más alto nivel en ambos gobiernos. Es difícil pensar que sus respectivos jefes no estuvieran enterados de sus relaciones, negocios y delitos como asesinatos y desapariciones. Son dos casos recientes, que se suman a muchos que han sido denunciados, y otros tantos que siguen en operaciones en este mismo momento. Vivimos en un narcoestado; admitirlo es el primer paso para desmantelarlo.
