Primero, habría que reconocer lo que de suyo es evidente, que existe un abismo entre lo que debería ser y lo que realmente es en materia de servicio público y que en nuestra clase política y/o gobernante predomina la incongruencia entre el decir y el hacer. En estos terrenos se puede entender con facilidad que persista eso de la burocracia dorada y que las nóminas en el aparato gubernamental, en los tres poderes, se encuentren cada día más obesas. Segundo, tendríamos que asimilar una premisa fundamental, el que reconocer que el orden de las cosas simplemente está torcido no significa que se avale y mucho menos el que baste encoger los hombros y agotar el malestar con la simplista frase de “pues así son las cosas y ni modo”. Y así aparece el tercer punto, la conveniencia en términos de un mucho mejor futuro cercano, de luchar cada quién en la medida de sus posibilidades y responsabilidades por lograr un cambio en todo aquello que reconocemos que está mal. El servicio público debería ser tal y como lo plantean los políticos en campaña: un esfuerzo permanente por buscar el bienestar comunitario y/o la justicia social; el trabajo continuo sin ánimo de lucro enfocado a la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general y, por supuesto, la honestidad, transparencia y total apego a la ley en todos y cada uno de los actos de gobierno, especialmente en la administración de los recursos del erario. Pero el servicio público realmente es una chamba bien, muy bien pagada y la oportunidad de pagar favores políticos para que los poderes fácticos sientan que “les hizo justicia la Revolución”, entendida ésta en su concepción más pobre, el quitar a unos para poner a otros a roer el hueso de las arcas públicas. Y entonces tenemos a un magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco que gana mensualmente más de 173 mil pesos, o a un magistrado presidente del Tribunal de lo Administrativo del Estado que percibe mensualmente casi 206 mil pesos, o bien al grueso de los magistrados del TAE con sueldos de 190 mil pesos en una Entidad donde el salario mínimo es de poco menos de dos mil pesos al mes, y en el que la mayoría de la población económicamente activa (en el aparato formal) gana alrededor de cinco mil pesos mensuales. Y qué decir del poder Ejecutivo, con un gobernador que gana 166 mil pesos y un secretario general de Gobierno, con un salario de 155 mil pesos; alcaldes como los de Guadalajara y Zapopan que perciben entre 102 y 133 mil pesos. En el poder Legislativo no se quieren quedar atrás, con diputados locales que ganan 107 mil pesos, pero que fácilmente duplican la cifra con bonos, compensaciones y partidas de las que pueden disponer discrecionalmente. Sí, es una chamba muy bien pagada. Por añadidura, ni en el Legislativo, ni en el Ejecutivo han logrado cumplir con un compromiso fundamental y siempre socorrida promesa de campaña, el adelgazar la nómina; por el contrario, ésta es cada día más obesa y por lo tanto, cada día hay más burócratas que viven del erario con una holgura que escapa a la mayoría de la población. País, Estado y municipios con una población comprometida en su lucha cotidiana por sobrevivir, pero con una casta dorada que cobra, y muy caro, el “privilegio de servir”: nuestra burocracia. La visión torcida, el abismo entre lo que es y lo que debería ser, persistirá en tanto los ciudadanos se agoten en encoger los hombros y no se decidan a encarecer por todos los medios lícitos posibles que la clase política y/o gobernante navegue por el sendero de la incongruencia sin mayores consecuencias.
