Con motivo de la presentación del presupuesto de egresos 2017 por parte de la Secretaria de Hacienda al Congreso, nos hemos podido dar cuenta que se trata de un documento con el sello ajeno a la prodigalidad de la justicia social, justicia que se supone debe ser perdurable sin fecha de caducidad y al margen de crisis económicas. Preocupa, al entrar en detalles, que dicho presupuesto contemple aumentos, injustos y exagerados, en otras partidas, por ejemplo el otorgado al Poder Judicial que ronda un 15% equivalente a cerca de 10 mil millones de pesos en tanto que las partidas contempladas en el ramo 33, entre las que figura el apoyo a las personas con discapacidad, que fue en 2016 de 600 millones, sí, 600 millones “no es error de dedo”, para el año entrante ha sido suspendida totalmente; en resumidas cuentas ni un centavo para la causa de este colectivo, en otras palabras: cerca de cero grados de justicia social, política que provocará que estas personas sigan a cuestas con su vida de olvido y abandono.Es evidente que la política “asistencialista” aplicada durante los últimos 20 años ha impedido combatir frontalmente la situación de pobreza y desamparo de millones de mexicanos, vaya ni siquiera a estas alturas se cuenta con un padrón confiable de los beneficiarios. La eliminación TOTAL de la partida del ramo 33 correspondiente al rubro de la discapacidad es el colmo del desahucio a este colectivo. Ofende y amedrenta esta decisión, más aún si tomamos en cuenta que los elevados sueldos y las jugosas prestaciones de la “clase dorada” de la burocracia se mantiene, en el mejor de los casos, o aumenta en el peor de ellos. Estamos ante una muestra de desconcertante futilidad y de manifiesta insensibilidad de parte de quines diseñan estos presupuestos. Sabrán, los insensibles, que vivir en el desamparo no es manera de vivir. No es pecar de exagerados afirmar que estas decisiones llevan consigo un carácter amoral de conciencia.El presupuesto en el ámbito de los grupos vulnerables tiene mucho de testarudez, de capricho y hasta de insolencia. Hablamos de funcionarios públicos habitados por una total falta de sentido de justicia social. La desaparición drástica de la partida, de por sí infame, destinada para el colectivo de la discapacidad es abonar al cinismo y la decepción, en momentos, por cierto, de todo tipo de decepciones generadas desde el sector gobierno. Se da fe de que sentirse solidario y compasivo no es una cualidad inherente a quienes diseñan los multicitados presupuestos, más aun cuando somos testigos que sin pena ni rubor privilegian a los poderosos: “que los lobos se coman a todos los corderos” afirma Isaiah Berlín. ¿Podrá ufanarse un gobierno de ser practicante de la justicia social si con estas absurdas e injustas medidas convierte a millones de mexicanos en seres prescindibles, relegados y desperdiciables? La deuda es histórica, alta e ineludible, aún es tiempo de corregirla en la instancia definitiva: El Congreso, esperemos que así sea para que podamos sentir que vivimos en un país justo y honorable.