A la mitad del camino del gobierno de Aristóteles Sandoval, su gran promesa de campaña, el leit motiv de su gobierno, arreglar el transporte público, está lejos de cumplirse, si no es que podemos ya descontarlo. La Secretaría de Movilidad, encabezada entonces por Mauricio Gudiño, nos prometió resultados que nunca llegaron. Hubo incluso anuncios cacareando la Ley de Movilidad, en esta lógica absurda de los políticos que piensan que hacer leyes resuelve problemas.Hace más de un año que debió haber terminado el padrón de dueños de concesiones del transporte público. Fue un esfuerzo enorme, fui testigo de ello, reconstruyeron ruta por ruta, autobús por autobús, pero, por alguna extraña razón (que nada debe tener de extraña más allá de los intereses con los que toparon) nunca se hizo pública, como se comprometió el entonces secretario. La misma cantaleta con las rutas empresa. No había mes que no nos aseguraran que el siguiente mes se daría el primer paso, veríamos la primera ruta empresa funcionando, y es fecha que no existe. Ni hablar del prepago que sigue siendo un sueño guajiro, al grado que la Alianza de Camioneros se le adelantó al gobierno diciendo que ellos propondrían el suyo porque las autoridades no tenían para cuando.En las últimas semanas muchas rutas se han “certificado” para que les autoricen cobrar siete pesos, pero, como quedó demostrado en el reportaje de EL INFORMADOR del 10 de diciembre, todo cambió para seguir igual. Fuera de la pantalla al frente con la descripción de la ruta, los choferes siguen peleando por el pasaje, se paran donde se les antoja, rebasan, andan a exceso de velocidad, las cámaras no funcionan, etcétera.En medio de todo esto vuelve a ponerse sobre la mesa, como cada diciembre, el tema de la tarifa. Cuando se creó la Comisión Tarifaria del Transporte Público se hizo justamente para liberar al gobernador de la decisión y “despolitizar” un asunto que es eminentemente económico, pero con un gran impacto social. Sin embargo, cuando el gobernador, en un acto que algunos calificamos de populista y otros aplaudieron como una medida de gran sentido social, bajó por decreto la tarifa, anuló a la Comisión y regresó el problema al seno de la política. Hoy estamos de nuevo en el falso dilema de qué es primero, el huevo o la gallina, la tarifa o el servicio, sin poder salir de ese círculo perverso en el que llevamos décadas. Los empresarios del transporte no van a perder, el costo de no subir la tarifa lo llevarán los choferes, la seguridad y la calidad. Subir la tarifa tendría un alto costo político para el gobernador, cosa que por supuesto no va a hacer.Después de haber visto fracasar a seis administraciones, desde Álvarez del Castillo hasta Aristóteles Sandoval en su lucha por meter en cintura a los transportistas está claro que el pulpo camionero vive, que la pregunta ya no es quién será el gobernador valiente que los domine sino cómo salimos, como sociedad, de este esquema perverso.
