Para “las buenas conciencias” (whatever that means, diría Daniel Cosío Villegas) representa una amenaza la posibilidad de que, como consecuencia de la puesta en práctica del nuevo Sistema Penal Acusatorio, miles de reclusos procesados –y aun sentenciados— por “delitos menores”, vayan a ser puestos en libertad.El tema invita a ponderar unas cuantas realidades, y a hacer, a partir de ellas, las correspondientes reflexiones…-II-No obstante que en la casi totalidad de las 430 cárceles que hay en el país –según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)— hay sobrepoblación, hasta el punto de que en algunas de ellas se triplica o cuadruplica el cupo para el que idealmente tienen capacidad (solamente de alojamiento, valga el subrayado), la realidad es que más del 90% de los delitos que se cometen en el país quedan impunes. Eso significa que sólo una minoría de los delincuentes están encarcelados.La misma CNDH, en un informe de marzo pasado, sostiene que en 65% de las cárceles mexicanas impera el autogobierno, consistente en que, ante la incapacidad de la autoridad para imponer sus normas o para simplemente mantener el orden y la disciplina en una población penitenciaria que la rebasa notoriamente, el crimen organizado controla la vida cotidiana dentro de los reclusorios, ante la complacencia de las propias autoridades.Para los teóricos del derecho penal, la privación de la libertad del delincuente debe crear en él, por el sufrimiento que la sanción implica, “motivos que lo aparten del delito en lo porvenir, y reformarlo para readaptarse a la vida social” (Cuello Calón). Las prisiones, así, deberían ser –y de hecho así se denominan— Centros de Readaptación Social. En ellas, supuestamente, los internos deberían ejercer un oficio, tanto para obtener ingresos que contribuyan a su manutención y la de sus familiares, como para facilitarles la posibilidad de reinsertarse en la sociedad una vez que, purgada la pena, se reintegren a ella… En teoría, excelente. En la práctica, un mito.-III-Carrancá y Trujillo sostiene que “los delincuentes son, en su gran mayoría, hombres humildes del pueblo, víctimas del abandono en que han vivido por parte del Estado; víctimas de la incultura, de la desigualdad económica, de la deformación moral de los hogares en donde se han desarrollado, mal alimentados y viciados por el alcohol y las drogas”, y concluye que, en el fondo, los culpables de sus delitos, más que ellos, son “el Estado y la sociedad”.
