Itinerario

Actualmente se cuenta con mayor participación ciudadana en el ramo cultural.

Si bien es cierto que el papel del Estado en el trazo de las políticas culturales no es el único, sí es el de mayor representatividad, y por ende el de mayor compromiso en los resultados que la comunidad espera.

Esta realidad aún no es asimilada en los gobiernos federales, y con mayor despreocupación sucede en los locales.

La referencia más reciente, en la que es posible encontrar una estructura federal enfocada al desarrollo cultural, con la uniformidad de objetivos, y trabajo conjunto con los Estados, que responda a un macro plan de desarrollo nacional, se encuentra a finales de los años 80, con la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

En esa época se revisitó el devenir de la gestión cultural desde el propio Estado, se buscó asentar parámetros que respondieran a la idiosincrasia mexicana y con todo lo que implica el aparato burocrático se impulsó una política cultural asociada más al clientelismo a través de la difusión de las artes, que a la participación ciudadana; sin embargo, con ese especie de corte de caja, hecho en 1988, la política cultural del país dibujó un nuevo rostro con el que a 20 años de distancia, por inercia y sin conciencia muy clara, se sigue identificando la función del gobierno en materia cultural.

Pero el rostro ya es otro. Y otras las necesidades y también otras las concepciones que sobre cultura se tienen.

Al menos en el área local los cambios han sido tanto en la faceta legislativa como en el propio organigrama de las instituciones: en 1992 se crea la Secretaría de Cultura, y en años posteriores, hasta 2001, sufre cambios en su manejo y direcciones estratégicas, entre las que destacan organismos descentralizados y desconcentrados, con la intención de atender la diversificación y pluralidad que la sociedad empujaba, así como los mecanismos que coadyuvaran a una mayor atención y participación de la ciudadanía.

La realidad que hoy vivimos facilita la integración de otros hacedores y agentes de cultura, al menos desde la promoción y la gestión, que no responden necesariamente al tenor uniforme que debiera tener la gestión cultural salida de las oficinas gubernamentales. Este nuevo aliento de participación es un respiro y un toque de frescura para una sociedad acostumbrada a cuadrarse a lo dictado desde el burocratismo. Pero también, es una situación que puede crear, aún más notablemente, cierta actitud de irresponsabilidad por parte de quienes deben trazar y ejecutar las acciones desde el gobierno mismo. Y es este el punto central con el que se habrá de hacer énfasis, ya no solo en las administraciones actuales, sino en las que están por llegar.