Hace dos semanas, Luis circulaba en su motocicleta de 150 centímetros cúbicos sobre avenida Alcalde, casi llegando a la glorieta de La Normal. Eran las 20:00 horas cuando un vehículo se le atravesó. Los ocupantes de éste lo bajaron de la moto a “mano armada”, le dieron unos golpes y se dieron a la fuga.

Tras ser agredido, acudió a recibir atención médica y presentó la denuncia de inmediato. A los tres días, las autoridades se comunicaron con él para que fuera a revisar si una de las motos recuperadas era suya. Llegó con los documentos y le dijeron que la unidad había sido utilizada en el robo de una tienda de conveniencia.

Debido a esto, tuvo problemas para recuperar el vehículo, aunque finalmente pudo hacerlo porque presentó la denuncia antes de que se registrara el delito. “Tuvo que ser con peritos de la misma Fiscalía, quienes verificaron todo”.

Luis forma parte de las 516 personas que fueron víctimas del robo de moto con violencia en lo que va de este año en el Estado. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este delito se duplicó entre 2015 y 2018: pasó de 383 a 780 robos, respectivamente. Y la tendencia alcista persiste con violencia.

De manera general, en los últimos cinco años, en Jalisco se han registrado 13 mil 451 robos de motocicletas con y sin violencia, es decir, un promedio de siete diarios. De éstos, dos mil 603 han sido con violencia.

Ignacio Partida Ruelas, presidente de Motoclubes Unidos de Jalisco, declara que las motos chicas son las que se roban más, para usarlas principalmente en los robos “conejeros”. “Para estar robando las bolsas a las señoras, los celulares… y para ir a matar gente, porque también lo hacen con la moto chica. La moto grande es muy pesada, y no tan fácilmente es maniobrable para una huida”.

Recuperación de vehículos

• En los últimos tres años, las Policías de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá, así como de la Policía del Estado, duplicaron la recuperación de vehículos con reporte de robo: mientras en 2015 fueron seis mil 44 unidades, en 2018 sumaron 12 mil 730.
• Guadalajara recuperó 13 mil 636 vehículos en ese periodo; Zapopan, siete mil 300; Tlaquepaque, cinco mil 276; Tlajomulco, tres mil 442; Tonalá, mil 256; y la Policía Estatal un total de cinco mil 805.
• En el último corte, la dependencia reportó alrededor de 200 unidades, entre las que se encuentran automóviles, camionetas y motocicletas de distintas partes del país, incluyendo Ciudad de México, Guerrero, Guanajuato y San Luis Potosí.
• Los autos recuperados se pueden revisar en el portal: fge.jalisco.gob.mx/content/vehiculos-recuperados.
• De enero de 2015 a diciembre de 2018, nueve mil 906 personas han sido detenidas por presunto robo de vehículos por las comisarías de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado.
• Las detenciones son por abordar alguna unidad reportada como robada o que se encontraran en el lugar de la localización de las mismas. Sin embargo, sólo 790 personas han alcanzado un proceso penal en los últimos tres años; es decir, apenas uno de cada 10 detenidos.

Jalisco, segundo lugar en robo de motocicletas

De enero a junio de este año, en el Estado se han registrado dos mil 071 robos de motocicletas, que supera a los mil 840 casos denunciados durante todo 2015.

Lo anterior coloca a Jalisco en segundo lugar a nivel nacional con el mayor número de hurtos de este tipo de unidades, sólo por debajo del Estado de México, en donde se han presentado tres mil 630 denuncias.

Durante el año pasado se ubicaron en la misma posición. La Entidad con mayor número de robos de motos fue el Estado de México, con siete mil 085, seguido por Jalisco, con tres mil 753.

A éstos le siguieron Tabasco, con dos mil 699, Michoacán, con dos mil 131, Ciudad de México, con mil 968, y Sinaloa, con mil 886.

De acuerdo con la estadística delictiva de enero-junio pasado en Jalisco, es en el Área Metropolitana de Guadalajara donde se registran siete de cada 10 delitos de este tipo. Durante el mes pasado, en la metrópoli se denunciaron 257 robos, mientras en el interior del Estado fueron 83.

Juan Pablo Hernández, comisario de Seguridad Pública de Zapopan, asegura que los operativos han dados buenos resultados.

Informa que, de enero a junio de este año, en el municipio se han robado 179 motos, pero se han recuperado 267. Además, han sido detenidas cuatro personas en flagrancia y otras 83 por tripular una unidad con reporte de robo.

El comisario asegura que se han reforzado las acciones porque es el medio más común para asaltar, sobre todo a cuentahabientes.

“Tenemos operativos permanentes con el grupo Jaguares. Ellos salen de 35 a 40 elementos a diario y todos están pendientes”.

Además, se trabaja con el Escuadrón para Identificación y Recuperación de Vehículos para detectar el número confidencial de la moto, porque en algunas ocasiones los modifican, “y con ese hemos recuperado muchos vehículos, por eso tenemos muchos detenidos por tripular con reporte de robo”.

Indica que la moto no sólo es utilizada para asaltar negocios o personas, sino que también para robar vehículos.

Por su parte, hace unos días la Policía de Guadalajara puso en marcha el operativo “Verano Tapatío Seguro” en algunas zonas de la ciudad, luego de que se divulgaran videos sobre los robos que se registraron en torno a Palacio Municipal.

En éstos participan 35 elementos operativos que realizan rondines en las zonas de Chapultepec, Medrano, Obregón, Calzada Independencia, Juárez y López Cotilla, entre otras.

En estos operativos participa la Policía Vial, la cual también puede detener a los conductores para revisar si portan alguna arma, artículos ilegales, o si tienen antecedentes penales.

Podrían replicar modelo

Durante la presentación del corte de seguridad correspondiente al mes pasado, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez informó que se encuentran analizando el modelo de combate al robo de celular que se puso en marcha en la Ciudad de México, para implementar una estrategia que permita reducir este delito en el Estado.

Por su parte, hace unos días, el diputado Javier Romo Mendoza presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para sancionar a quienes roben teléfonos móviles. Propone modificaciones para imponer de cuatro a ocho años de prisión a quien hurte, comercialice o compre equipos robados.

Se incluyen también sanciones a servidores públicos que autoricen o sean omisos en la comercialización de estos equipos, quienes podrían ser inhabilitados o recibir prisión por dos años.

TESTIMONIOS

“No le dieron seguimiento”

Hace seis años, Carlos fue víctima de robo de motocicleta en Guadalajara. A pesar de que presentó denuncia por este hecho, señala que nunca se le informó sobre los avances de la investigación.

Explica que la moto de bajo cilindraje la dejó estacionada en un restaurante y, al salir, no la encontró.

Tras presentar la denuncia se dedicó a darle seguimiento por aproximadamente ocho meses. “Nunca me resolvieron absolutamente nada y perdí la moto. Estuve yendo al lugar, atrás del Semefo, que es donde las tienen, para  pedir información. También llamaba y nada más me daban largas con la denuncia y nunca recibí alguna buena noticia… no le dieron seguimiento”.

Pese a esta mala experiencia, decidió comprar una motocicleta más grande, pues éstas no tienen tantos reportes de robos.

Ahora vive en Puerto Vallarta y trabaja en una agencia de motos, “aquí está muy tranquilo esta cuestión del robo a motocicleta”.

Debido a que desde los 16 años le gusta pasear en moto, actualmente se encuentra en proceso para vender la unidad actual y adquirir una de mejor modelo. Sin embargo, tendrá que desembolsar más recursos de los que había planeado, pues hace 15 días le llegaron notificaciones de tres foto-infracciones con fecha del mes de enero.

Carlos dice que se acaba de enterar de que puede presentar una queja porque recibió las notificaciones de manera extemporánea. Sin embargo, pagará los más de dos mil pesos que le cobran más los recargos, para que esto no entorpezca el proceso de venta.

“Se bajan y nos amagan con pistola”

Durante la Semana Santa pasada, a las 7:30 de la mañana, Pedro se dirigía a su trabajo. Apenas se encontraba a dos cuadras de su casa ubicada en la colonia Loma Dorada, en Tonalá, cuando un grupo de tres motoladrones se paró frente a él. “Iba también un chavo a un lado mío que también iba a trabajar, y se bajan y nos amagan con la pistola”.

Les dijeron que les dieran todo lo que traían. “Me quitaron un teléfono, dinero en efectivo, tarjetas. Económicamente me mermó porque el celular es una herramienta de trabajo y el dinero en efectivo también. Además de que te quitan todo un día de trabajo porque tienes que ir a Fiscalía a presentar tu denuncia, ir a dar de baja las tarjetas”.

Remarca que ese mismo día acudió a presentar la denuncia. “Se cometen muchos ilícitos, pero mucha gente no va y denuncia. Ahora mucha gente cree que denunciarlo a través de redes sociales es lo mejor, pero no sirve de nada”.

Pese a que interpuso la denuncia, señala que a la fecha no se han comunicado con él para informarle cómo va la investigación. “Ni de Fiscalía ni nadie. De recuperar lo robado, no hay nada”.

Pedro agrega que estos motoladrones cometen robos casi todos los días en esa colonia. “Hace como dos semanas tuvieron un enfrentamiento con la Policía. Sin embargo, se les escaparon. Es una célula, tienen un tiempo cometiendo varios ilícitos”.

Puntualiza que los tres delincuentes comienzan a operar desde temprano, entre las seis y siete de la mañana.

En menos de cuatro meses le hurtan dos celulares

En los últimos cuatro meses, a Martín le han robado su celular en dos ocasiones. El primer amago ocurrió alrededor de las 21:00 horas sobre el andador Alcalde, mientras se dirigía a un restaurante.

“Me iba sentando en una banca que estaba ahí porque iba a un lugar de comida que está por Garibaldi y Alcalde. Me siento, iba hablando por teléfono con un pariente y al cerrar el teléfono veo que unos de una moto pasan y luego se regresan, y uno de ellos dice: ‘De aquí es’”.

Al escucharlos, Martín se voltea y la persona que se encontraba a sus espaldas agregó: “Sí, es éste”. Sin embargo, pensó que hablaban de alguno de los negocios que se ubican sobre el corredor.

“De repente tiran patadas para que me hiciera para un lado y me jalan el teléfono. Lo que hice fue pararme para poder recuperar el teléfono, pero ellos sacaron un arma. Al tener el arma, uno de los asaltantes se hace para atrás y dice: ‘Y no quiero que nos sigas’”.

Agrega que dos horas después, mientras regresaba por el andador, vio a los mismos ladrones quitándole el celular a otra persona. “El andador Alcalde es donde ellos operan y siempre andan en pareja”.

El pasado lunes, Martín caminaba sobre avenida Enrique Díaz de León a la altura de La Paz. De pronto vio a una persona que pasó corriendo a su lado, lo que provocó que volteara a verlo. “Mientras te volteas para que éste pase, el otro jala la mochila, te avienta y cae el celular también. Sale otro y lo levanta”.

En esta ocasión, además del equipo telefónico le robaron también la tableta y la mochila.

En las dos ocasiones acudió a presentar denuncia; sin embargo, señala que en la Fiscalía solicitan mucha información y casi les piden llevar a los motoladrones.

Agrega que las personas que se encargan de levantar las denuncias, prácticamente les dicen que están perdiendo el tiempo. En una ocasión le comentaron que más tardan en agarrarlos que en lo que salen libres, “‘porque aquí hay leyes, pero no hay castigo’. Eso fue lo que  me dijo el de la Fiscalía”.

Buscan audiencia con el Presidente

Debido a que en casi todo el país los Gobiernos locales han implementado la medida de portar el número de placa de la motocicleta en el chaleco o casco, como ocurre en el Estado, las asociaciones de motociclistas se han unido para buscar una audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para dialogar sobre la inconstitucionalidad de esta imposición.

El presidente de Motoclubes Unidos de Jalisco, Ignacio Partida, recuerda que tras una queja interpuesta en 2016 por la organización ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), ésta solicitó al Congreso del Estado y al Ejecutivo estatal eliminar la obligatoriedad, pues además es discriminatoria.

“En todo el país quieren hacer eso, nos quieren numerar el pecho y la espalda… y no se puede”.

Subraya que la asociación que él representa no se ha manifestado en contra de las medidas implementadas por las autoridades porque primero buscarán el diálogo, pero advierte que si no hay avances, saldrán a las calles.

Sin embargo, aclara que están a favor de los operativos que buscan garantizar la seguridad de los motociclistas, porque los conductores ya comienzan a usar el chaleco, “ya traen la luz prendida, que es importantísimo, es precautorio, los guantes, la placa visible, el casco, la tarjeta de circulación. Pero de ahí a que suban las motos en una sola grúa. Suben hasta 25 motocicletas en una grúa. Eso es recaudatorio, están sacando dinero porque un automóvil paga de 800 a mil 200 pesos el traslado del vehículo al corralón y aquí están metiendo 25 motocicletas y cobrándoles casi 800 pesos por moto”.

Lamenta que a nivel local los diputados se nieguen a dialogar con ellos para dejarlos circular sin ser discriminados, ya que la asociación que representa genera derrama económica en las comunidades que visitan.

El único que los ha atendido, dice, es el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, pero el gobernador no ha solucionado el problema.

Por ello decidieron unirse al resto de las asociaciones de motociclistas que operan a nivel nacional, “hemos estado trabajando bajita la tecla, muy calladamente porque tenemos que ganar, somos muchísimos”.

Bajan multas

Pese a los operativos implementados durante el año pasado por la entonces Secretaría de Movilidad (Semov), los cuales se iniciaron en 2017 para verificar que los motociclistas cumplieran con lo establecido en la Ley de Movilidad, las autoridades estatales en realidad se quedaron cortas, pues las multas se redujeron más de la mitad.

De enero a diciembre de 2018, la dependencia aplicó 24 mil 938 sanciones a motociclistas, mientras que el año previo se contabilizaron 59 mil 410.

Entre las multas que más bajaron está el concepto “no circular conforme lo establece la ley”, que engloba omisiones como no llevar placas a la vista, licencia de conducir o transitar por puentes y pasos a desnivel. De registrar dos mil 905 infracciones en 2017, redujo a 659; es decir, sólo una cuarta parte en 2018.

Otro de los conceptos con el mismo comportamiento fue el de multas para quien no porte los elementos de seguridad básicos, que pasó de 23 mil 696 en 2017 a sólo ocho mil 224 en 2018.

Sobre este tema, el académico de la Universidad Panamericana (UP), José Manuel Barceló, comentó que una razón por la que han disminuido las infracciones es porque la autoridad “se ha visto rebasada” ante el alza de motociclistas que circulan por la ciudad.

“La (extinta) Secretaría de Movilidad intentó meterlos en orden para que tuvieran sus placas. Luego para que trajeran su casco. Después el chaleco. Parece que nada da resultado y, ante la falta de cultura vial, los motociclistas se ponen a discutir con los agentes para evitar que les pongan la multa y a final de cuentas no entienden que la ley está para su propia seguridad”.

CLAVES

Incidencia en otros países

Urbes. De acuerdo con un diagnóstico del Instituto Belisario Domínguez: Robo en motos, preocupación de las grandes urbes, este problema no es exclusivo de las grandes ciudades mexicanas, ya que en naciones sudamericanas han padecido problemas de robos perpetuados en motocicletas, lo que ha generado reacciones por parte de la sociedad y el gobierno.

Ley. Un caso destacado es el Proyecto de Ley que fortalece la lucha contra la inseguridad ciudadana y la reducción de delitos cometidos en motocicletas lineales del Congreso del Perú.

Acompañantes. La normatividad de Perú prohíbe el uso de acompañantes en este tipo de vehículo, además de reglamentar el uso del casco, impidiendo que se cubra totalmente el rostro. Tampoco se permite el uso de máscaras o pasamontañas, además no venden gasolinas a quienes incumplan con estos requisitos, entre otras medidas.

Violencia. A pesar de que la Policía Nacional de Colombia reconoció que la persistencia criminal desencadenó estrategias que menguaron el delito, sin impactarlo profundamente, como la desarticulación de doce organizaciones durante todo el periodo, cuyos efectos sólo mitigaron el fenómeno.

Impunidad. En Colombia, este delito también propagó un comportamiento de impunidad en muchas víctimas, que optaban primero por contactar al victimario antes que instaurar la denuncia. Por lo que el robo de motocicletas, aunado a un mercado ilegal de piezas, ensamble y remarcado facilitan el descontrol para que no puedan ser identificadas, y así cometer actos delictivos.

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